Condenaron a 12 años de prisión a un ex militar de Inteligencia por la apropiación del nieto 128

El Tribunal Oral Federal de Tucumán halló culpable a Carlos Alberto Vega como partícipe necesario en los delitos de sustracción y suplantación de identidad de Marcos Eduardo Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman.

Elías Ismael Suleiman, el fiscal Patricio Rovira, la víctima Marcos Eduardo Ramos, nieto recuperado 128 y Manuel Goncalvez, de Conadi.
Elías Ismael Suleiman, el fiscal Patricio Rovira, la víctima Marcos Eduardo Ramos, nieto recuperado 128 y Manuel Goncalvez, de Conadi.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El TOF de Tucumán condenó a 12 años de prisión al exmilitar Carlos Alberto Vega por la apropiación y suplantación de identidad del nieto 128 y su hermano.
  • Vega fue hallado partícipe necesario en la sustracción de Marcos Ramos y Elías Suleiman durante la última dictadura. El imputado siguió el juicio bajo arresto domiciliario.
  • El fallo ratifica el avance judicial en causas de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo.
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El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó al exintegrante de Inteligencia militar Carlos Alberto Vega a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, al encontrarlo partícipe necesario de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años, así como de la alteración e incertidumbre del estado civil cometidos en perjuicio de Marcos Eduardo Ramos -el nieto recuperado número 128- y de su hermano Elías Ismael Suleiman. El veredicto incluyó una serie de mandatos institucionales al Poder Ejecutivo Nacional para blindar los organismos de restitución de identidad y ordenó la reparación integral de las víctimas.

La resolución judicial fue adoptada en fallo unánime por el tribunal integrado por los jueces Ana Carina Farías, María Cristina Giordano y Federico Bothamley, subrogantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Los magistrados determinaron que los hechos juzgados constituyeron un concurso real de delitos y dispusieron que el condenado continúe cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria en su casa de Buenos Aires, supervisada mediante un dispositivo de monitoreo electrónico. Asimismo, se fijó el diferimiento de la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Los jueces María Cristina Giordano, Ana Carina Farías y Federico Bothamley, subrogantes del TOF Tucumán. Los jueces María Cristina Giordano, Ana Carina Farías y Federico Bothamley, subrogantes del TOF Tucumán.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal -representado por los fiscales generales Pablo Camuña, Patricio Rovira y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi- y la querella de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por los letrados Carolina Vilella y Patricia Chalup, y Manuel Goncalvez, de Conadi, habían solicitado una condena de 17 años de encierro carcelario. Por su parte, la defensa técnica del imputado, a cargo de Hernán Corigliano, había requerido la absolución de su representado, planteando además reservas federales y de casación.


El origen de los hechos y la maniobra ilícita

La reconstrucción histórica ventilada durante el debate oral dio cuenta del violento desmembramiento familiar originado a fines de noviembre de 1976, cuando Rosario del Carmen Ramos -militante política que ya había sufrido dos secuestros previos- fue privada ilegítimamente de su libertad en forma definitiva. Pocas semanas después, sus dos hijos fueron secuestrados y trasladados a una vivienda en Tafí Viejo, donde comenzó su separación: Elías Ismael Suleiman, de entonces ocho años, logró escapar y sobrevivir tras quedar a la deriva con su identidad vulnerada, mientras que el pequeño Marcos, de apenas cinco meses, fue retenido e inscripto como hijo propio bajo un nombre falso por el Personal Civil de Inteligencia Víctor Lucio Sánchez. La historia cerró su círculo biológico recién en junio de 2026 cuando, tras haber restituido la rama materna en 2018, los análisis genéticos de compatibilidad con sus tíos paternos acreditaron con certeza científica que Marcos es también hijo del desaparecido Pastor Dante Campos.

El condenado Carlos Alberto Vega siguió el juicio desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, junto a su abogado Hernán Corigliano. El condenado Carlos Alberto Vega siguió el juicio desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, junto a su abogado Hernán Corigliano.

La causa ventiló los hechos ocurridos en noviembre de 1976 en Tucumán, cuando Ramos fue secuestrada por fuerzas de seguridad junto a su hijo menor, Marcos Eduardo Ramos, de entonces cinco meses. El niño permaneció retenido y fue posteriormente apropiado y registrado fraudulentamente con otra identidad por el ya fallecido Sánchez, un agente del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército Argentino que ingresó a la estructura militar con el aval y la intervención funcional directa de Vega.

La investigación judicial también acreditó que el hermano mayor de Marcos, Elías Ismael Suleiman, sufrió la retención ilegal y las maniobras que tornaron incierto su estado civil tras el secuestro y desaparición definitiva de su madre. El proceso de reconstrucción histórica y genética permitió en 2018 que Marcos restituyera parcialmente su identidad de origen, y a mediados de 2026, mediante la labor científica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se logró determinar su filiación biológica paterna completa como hijo de Campos.

Reparaciones y exhortación al Poder Ejecutivo

En su parte resolutiva, el Tribunal Oral Federal hizo lugar formalmente al reclamo de reparación integral formulado por la fiscalía a favor de los hermanos Suleiman y Ramos. La medida exige al Ministerio de Justicia de la Nación a arbitrar los trámites correspondientes para la efectivización de las indemnizaciones y medidas patrimoniales que correspondan por ley, además de ordenar la cobertura estatal continua de los tratamientos psicológicos que requieran ambas víctimas.

Por último, el tribunal remarcó que la búsqueda y la identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado representa una obligación permanente e imprescriptible del Estado argentino, derivada de compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. En función de ello, los magistrados encomendaron al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de medidas para garantizar la continuidad ininterrumpida de las políticas públicas de memoria y derecho a la identidad, ordenando de manera puntual el fortalecimiento y la preservación operativa del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y de los archivos documentales de la época de la Dictadura.

Tras el debate además se recordó que Abuelas y Conadi recomiendan acercarse a dejar sangre a las personas que tengan dudas sobre su identidad o a las que tengan familiares desaparecidos. Quedan muchos en busca ya sea de identificación de restos en fosas y aún faltan encontrar unos 200 o más nietos.

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