Nicolás Augusto Navarro Flores, acusado de haber encubierto el crimen de Érika Antonella Álvarez, fue condenado a tres años de prisión efectiva luego de haber aportado información importante durante la investigación y tras asumir su responsabilidad penal durante un juicio abreviado. Además, le ofreció a la familia de la víctima una reparación económica de $100 millones. En paralelo, los representantes de los otros tres imputados adelantaron que no ofrecerán salidas alternativas, mientras que la Fiscalía y la querella se preparan para elevar la causa a un debate oral.
Álvarez fue encontrada sin vida el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Según la teoría del caso de la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo, el 7 de enero la joven llegó en un vehículo de Uber hasta la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, ubicada en la calle Santo Domingo al 1.100 en Yerba Buena. Entre las 3.50 y las 7, el imputado, aprovechándose de una relación asimétrica de poder, la golpeó con extrema violencia en la zona craneofacial, provocándole un traumatismo craneofacial y cervical que le causó la muerte. Luego habría envuelto los restos de la víctima en bolsas de consorcio y los abandonó en el basural.
“El Militar” fue imputado inicialmente por homicidio simple el 21 de enero, y el 16 de marzo se le agravaron los cargos por femicidio. En el mismo expediente están imputados Justina Gordillo -por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública-, y Jorge Orlando Díaz y Navarro Flores, por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser el hecho precedente especialmente grave. Navarro, además, declaró como imputado colaborador en dos ocasiones ante la Fiscalía y aportó información considerada relevante para la investigación.
Juicio abreviado
Ayer, el MPF, la familia de la víctima, el querellante Carlos Garmendia, Navarro Flores y su defensor Patricio Char arribaron a un acuerdo. Según la hipótesis de la Fiscalía, luego de que Sosa asesinó a Érika, llamó por teléfono al acusado a las 07.15 y este se presentó en el domicilio a bordo de su motocicleta. Allí permaneció alrededor de 20 minutos manteniendo comunicaciones telefónicas con “El Militar” durante el resto del día, hasta que a las 22.00 aproximadamente Navarro regresó al domicilio de calle Santo Domingo en su vehículo Toyota Hiace, donde se reunió con Sosa y Gordillo hasta las 23.48 horas, retirándose con dos bolsas entregadas por Sosa de las cuales se deshizo. “Así, Navarro colaboró en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y sus rastros, prendas de vestir y todo otro rastro relativo al hecho, ayudando de esta manera a Sosa a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia”.
Para sustentar la teoría, el MPF presentó como evidencia el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), del que surgieron reiterados contactos entre Sosa y Navarro Flores durante las primeras horas posteriores al crimen. Además incorporó los estudios de impacto de antenas que permitieron establecer que ambos teléfonos móviles coincidieron en la misma área de cobertura correspondiente al domicilio de Sosa y los registros de cámaras de seguridad, mediante los cuales se identificó la llegada al inmueble de una motocicleta de características similares a la perteneciente a Navarro Flores.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma remarcó la gravedad del caso al señalar que “fue un hecho brutal, en el cual se dio muerte a una mujer de apenas 25 años”. También destacó la forma en que fue descartado el cuerpo de la víctima, lo que consideró una circunstancia con una fuerte carga simbólica contra su dignidad. Navarro Flores, por su parte, reconoció ser penalmente responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por ser el hecho precedente especialmente grave y, tras ofrecer un resarcimiento de $100 millones a la familia de Érika, fue condenado por el juez Bernardo L’Eario Babot a tres años de prisión efectiva.
“Navarro Flores ha prestado colaboración desde el primer momento en que quedó detenido. Él fue la primera persona que llama Sosa después de que mató a Antonella y al otro día él acudió a su casa. Dijo que allí vio y habló con Gordillo estando el cuerpo de Antonella todavía en la casa y dijo que luego se deshizo de la ropa de Antonella, de un teléfono celular que entendemos era de Sosa y otras cosas que Sosa le da, entre ellas una cantidad determinada de droga. No mintió en sus declaraciones, como sí lo hizo Gordillo, y además de aportar información que permitió confirmar evidencias previas, también dio información útil y novedosa que servirá en un futuro juicio. Fue por esto que la querella aceptó el juicio abreviado”, le explicó Garmendia a LA GACETA.
Los defensores de Sosa, Gordillo y Díaz informaron que no tienen intenciones de arreglar una salida alternativa y que esperarán a que la situación de sus pupilos se resuelva mediante un debate oral y público. El querellante adelantó que la Fiscalía está terminando de procesar las evidencias y medidas restantes para preparar la acusación final y requerir la elevación a juicio del legajo, por lo que no descarta que pueda realizarse a finales de este semestre. También pidió respeto por la familia de Érika Antonella. “Están atravesando un momento muy difícil, la muerte de Antonella los afectó muchísimo. Su mamá ni siquiera pudo escuchar la audiencia contra Navarro Flores. El abreviado fue algo importante y una forma de buscar justicia para ellos, pero el dolor que siente la familia es implacable”, indicó.
