Resumen para apurados
- La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo y promover las protestas que paralizaron al país entre mayo y junio.
- Los bloqueos exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dejando 16 muertos y pérdidas de U$S 3.000 millones. Morales rechazó la acusación y prometió seguir en política.
- La medida agrava la crisis política en Bolivia e incluye a otros líderes sindicales, mientras Morales reafirma su permanencia en la oposición sin dejarse intimidar.
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura de Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que tuvieron como principal reclamo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y también atribuye a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La respuesta de Evo Morales
Tras conocerse la medida judicial, el exmandatario reaccionó a través de un mensaje en el que rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó Morales.
Las protestas que derivaron en la investigación
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales.
El reclamo de los sectores movilizados tenía como “única demanda” la renuncia del presidente Paz.
Los cortes de rutas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Según los datos consignados, dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y generaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
La denuncia contra Morales fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia. Posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también alcanza al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada con estos mismos hechos.
