Un supuesto tsunami antiargentino, agitado hasta el cansancio y mezclado con descomedidas e injustas acusaciones de racismo y teorías conspirativas de todo tipo, armó desde el domingo pasado un combo de lamentos que golpeó al país como una ola difícil de interpretar. El ruido fue tan intenso que terminó funcionando como una operación de victimización: la Selección de Messi y Scaloni apareció más como blanco de ataques que como el equipo derrotado en una final mal encarada y peor jugada.
La política encontró en ese vendaval una cortina de humo inesperada, capaz de empujar a un segundo plano los desajustes de la economía real y las tensiones políticas que venían acumulándose. El efecto se amplificó en las redes, donde los algoritmos hicieron crecer exponencialmente la eventual indignación con la Argentina hasta convertir el caso en tendencia global. Allí, se mezclaron maquinaciones de complots, acusaciones cruzadas y un clima de sospecha que terminó por tapar lo esencial y el costado estrictamente futbolístico quedó casi en silencio.
A medida que avanzó la semana, las internas, las fotos y las declamaciones de “unidad” (algo raro entre liberales), la marcha de la economía y el delicado equilibrio político entre el Congreso y los gobernadores retornaron de a poco al centro de la escena. El papel de víctima diseñado para tapar el escenario alcanzó para inflar nacionalismos por un rato, pero es un recurso que se desgasta rápido.
Es sabido que la Argentina siempre encuentra motivos para asombrarse. Y en ese marco apareció el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier, economista de profesión (“al lado de Adorni es von Mises”, ironizó un alto funcionario de la Casa Rosada, comparándolo con el referente histórico de la Escuela Austríaca). Ravier se fue de boca y sugirió que el dólar nunca podría llegar a $4.500: “a lo sumo a $1.800… es una posibilidad”. Seguramente habrá un vericueto técnico detrás de esa estimación, pero el problema no es el cálculo, sino quién lo dice. Un funcionario de ese calibre y preparación no puede agitar la soga del dólar “en la casa del ahorcado”, justamente, sin correr el riesgo de que alguien termine tirando de ella. Ya le pasó a Mauricio Macri.
En economía se puede discutir técnicamente un escenario de tipo de cambio futuro, pero cuando lo hace un funcionario con responsabilidad institucional sus palabras no se leen como una hipótesis académica. Y menos en la Argentina, con su historial de corridas, expectativas y profecías autocumplidas, donde un número lanzado al aire puede influir en el comportamiento de empresas, ahorristas y formadores de precios, aun cuando tenga respaldo técnico. De hecho, tras la repercusión de sus dichos, la Casa Rosada salió a ratificar que no habría cambios en la política cambiaria. Igual, ya hay quienes quieren tirar a Ravier por la ventana.
No fue el primer blooper del nuevo vocero, ya que en pocos días acumuló varios deslices que intentó tapar al estilo de su antecesor, sacando pecho y haciéndose el duro con la prensa. Más allá de la tensión natural entre quienes preguntan y quienes prefieren callar, el funcionario mezcló respuestas y enredó conceptos que terminaron mal interpretados. Por ejemplo, cuando dijo que si la Argentina era “un país bananero” y no uno “próspero y respetado”, como busca mostrar el Gobierno, “nunca” iba a recuperar las Malvinas. Su tarea es aclarar, no oscurecer. Y vaya si oscureció con el dólar.
Donde el Gobierno puso su foco principal fue en el Congreso, buscando apuntalar las leyes en tratamiento y enviar nuevos proyectos que prometen convertir el segundo semestre en un período de fuerte actividad legislativa. La agenda apunta a consolidar la segunda etapa del programa oficial. Entre las iniciativas ya ingresadas figuran la Reforma Electoral, clave para la estrategia del oficialismo; la llamada Ley Hojarasca, para derogar normas obsoletas; la reforma migratoria; el juicio por jurados en la Justicia Federal y cambios en la Ley de Salud Mental, además de otras medidas de desregulación.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo anticipó proyectos de mayor peso como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para blindar su independencia, cambios en la Ley de Mercado de Capitales, una segunda etapa de la Inocencia Fiscal, más reforma laboral y la llamada ley de “shutdown”, inspirada en el modelo estadounidense para preservar el equilibrio fiscal con límites al gasto. Ninguna de esas iniciativas prosperará sin acuerdos políticos. Por eso, la discusión dejó de ser jurídica y pasó a ser una negociación constante con gobernadores y bloques dialoguistas. En ese terreno ganó protagonismo el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del toma y daca para reunir los votos necesarios.
El problema es claro: ¿cómo convencer a los gobernadores para que aprueben leyes que pueden recortarles recursos y margen de maniobra? El Gobierno evita plantearlo así, pero las dudas siguen en un contexto de economía estancada, empleo flojo y familias cada vez más endeudadas. A eso se suma un escenario internacional menos favorable, con la suba del petróleo y un riesgo país que ni siquiera la mejora en la calificación de Moody’s logró bajar.
Mientras la política lidiaba con números y negociaciones, el ruido futbolístico y la idea de conjuro “antiargentino” le ofrecieron al Gobierno un alivio pasajero. El recurso de la victimización, tan viejo como recurrente, volvió a inflar nacionalismos por un rato, pero terminó mostrando sus límites. Así, entre hashtags y viralizaciones, hubo un alivio efímero porque, por algunos días los problemas de la gestión gubernamental quedaron fuera de foco, aunque nunca desaparecieron.
Además, el remanido concepto de “campaña antiargentina” quedó ligado en los archivos a la propaganda de la dictadura militar de los años ‘70, usado para deslegitimar las denuncias por desapariciones, torturas y asesinatos, presentándolas como un ataque contra la Argentina y no contra el régimen. En estos días, sólo faltó escuchar aquello de que “los argentinos somos derechos y humanos”. Cristina Kirchner apeló al mismo recurso en 2012, cuando habló del conflicto judicial con los fondos buitre y el embargo de la Fragata Libertad, en Ghana. Nada nuevo bajo el sol.
Aunque quien hoy habla de “campaña” no pretenda reivindicar aquel discurso, está repitiendo un lema que nació con un propósito muy concreto. En aquellos años, la fuerza de esa consigna estaba en borrar la frontera entre el Estado, el gobierno de turno y la Argentina como comunidad nacional. Quien denunciaba un crimen del régimen quedaba, por obra de ese artificio retórico, convertido en enemigo de los argentinos. Era un recurso pensado para clausurar el debate y despertar un reflejo patriótico frente a cualquier crítica proveniente del exterior.
Lo que ha existido ahora fueron opiniones, críticas al juego, editoriales e incluso exageraciones mediáticas sobre un torneo de fútbol nada más. Podrán ser injustas, pero forman parte del debate periodístico y deportivo y no tienen nada que ver con la nacionalidad ni con la sociedad actual. Es un terreno amplio y plural, con muchas variantes. Por eso, mezclar ambos planos resulta un despropósito, ya que se termina equiparando una polémica futbolística con un concepto propagandístico creado para encubrir el terrorismo de Estado.
Las opiniones sobre la Selección, por desmedidas o sesgadas que sean, forman parte del folclore del fútbol y existen desde mucho antes de las redes sociales y seguirán existiendo mientras la pelota despierte pasiones. Lo que no debería seguir en boga es la tentación de disfrazar la realidad con consignas repulsivas y además, viejas. La “campaña antiargentina” fue un recurso de otra época que, como todo humo, se disipó bien rápido frente a la realidad.
