Resumen para apurados
- El 16 de julio en Tucumán, el abogado Gonzalo Ascárate defendió a Diego Ovejero, investigado por una presunta estafa con azúcar de $740 millones, alegando pérdidas comerciales.
- El caso pasó a la Justicia Federal por sospechas de lavado y evasión. La defensa sostiene que el negocio falló por la caída del precio del azúcar y descarta maniobras de fraude.
- La derivación al fuero federal obligará a revaluar la defensa de Ovejero, mientras advierten que los inversores podrían tener problemas para justificar el origen de sus fondos.
“Lo primero que hay que aclarar es que nuestro asistido no fue acusado de ningún delito. Todo se encuentra en etapa de investigación”, sostuvo Gonzalo Ascárate, quien junto a Macario Santamarina ejerce la defensa de Diego Ovejero, denunciado por presuntos perjuicios que superarían los $740 millones.
El abogado, a pedido de su cliente, dio a conocer la postura de la defensa.
“Aquí hay que ser justos. No existe ninguna maniobra fraudulenta, como algunos pretenden hacer creer”, aseguró en una entrevista con LA GACETA.
“Sí captaba fondos para realizar inversiones vinculadas con la compra de azúcar. Como es de público conocimiento, el valor de ese producto sufrió una fuerte caída y recién ahora comenzó a recuperarse. El problema es que muchas personas se confunden. No solo hay que ser socios en las ganancias, sino también en las pérdidas”, añadió Ascárate.
“Aquí ocurrió que la inversión no produjo los resultados esperados y eso generó toda una confusión. No siempre se puede ganar dinero. Cuando el negocio daba buenos resultados, ninguno de los aportantes reclamó y mucho menos presentó una denuncia”, afirmó el abogado.
Ascárate explicó que, tras la decisión de remitir la causa a la Justicia Federal, la estrategia defensiva deberá ser reevaluada.
“Estamos analizando cuáles serán los pasos a seguir. Entendemos que no existen maniobras de lavado de activos porque las empresas mencionadas están debidamente constituidas. Consideramos que, en todo caso, lo único que podría discutirse es una eventual evasión tributaria”, señaló.
Los inversores
El letrado también sostuvo que los inversores podrían enfrentar cuestionamientos sobre el origen de los fondos aportados.
“Creo que los mayores problemas los tendrán los inversores, ya que deberán justificar el origen del dinero que entregaron. Si no pueden hacerlo, seguramente tendrán inconvenientes”, indicó.
“Además hay que destacar en el fiscal Diego López Ávila, no se opusó al sobreseimiento de Ovejero en determinados casos. Esto recién comienza y el avance de la investigación puede traer numerosas sorpresas”, añadió el profesional.
LA GACETA consultó si Ovejero tenía previsto alcanzar algún acuerdo con los denunciantes para devolverles los fondos recibidos.
“Eso no lo puedo responder porque todavía no sabemos cómo continuará el expediente”, concluyó Ascárate.
