Privatización vial: el Gobierno acelera la concesión de 2.500 kilómetros de rutas nacionales

El proceso entrará en su etapa definitoria el próximo lunes, cuando se realice la apertura de los sobres económicos.

El Gobierno intervino Corredores Viales para acelerar su privatización
El Gobierno intervino Corredores Viales para acelerar su privatización
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino precalificó 13 ofertas para concesionar 2.500 km de rutas nacionales clave el próximo lunes, avanzando con su plan de privatización vial.
  • Mediante la Resolución 884, el Ministerio de Economía seleccionó 13 propuestas de 30 iniciales para concesionar cuatro corredores clave en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
  • La medida profundiza el plan de Javier Milei para disolver la estatal Corredores Viales, trasladando el costo de mantenimiento de las rutas directamente a los usuarios.
Resumen generado con IA

El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso decisivo en su plan de traspasar la gestión de la infraestructura vial al sector privado. Tras el análisis de las propuestas técnicas, el Ministerio de Economía precalificó 13 ofertas para la concesión de 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan los principales nodos productivos de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. 

El proceso entrará en su etapa definitoria el próximo lunes 6, cuando se realice la apertura de los sobres económicos.

Precalificación y apertura de sobres

A través de la Resolución 884, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó lo actuado en la primera fase de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25. De las 30 empresas que se postularon inicialmente, el comité técnico seleccionó 13 ofertas y desestimó otras cinco que agrupaban a 12 firmas por no cumplir con los requisitos del pliego.

La apertura de los sobres con las ofertas económicas se llevará a cabo el lunes 6 de julio a las 11 mediante la plataforma electrónica Contrat.ar. Este hito administrativo corresponde a la "Etapa II-B" de la Red Federal de Concesiones, un esquema que busca delegar en empresas privadas no solo el mantenimiento y la reparación, sino también la explotación comercial y la prestación de servicios al usuario en tramos estratégicos de la red vial.

Los cuatro corredores clave que pasarán a manos privadas

El proceso licitatorio actual se divide en cuatro grandes unidades operativas, diseñadas según su función logística y geográfica. Los tramos que dejarán de estar bajo la órbita estatal son:

1- Tramo Mediterráneo (672 km): una arteria vital que une Buenos Aires con Santa Fe y Córdoba, conectando el corazón agroindustrial del país.

2- Tramo Puntano (720 km): un corredor fundamental para la integración regional y el transporte de carga de larga distancia entre San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

3- Tramo Portuario Sur (637 km): clave para el acceso a puertos y nodos logísticos entre Buenos Aires y La Pampa.

4- Tramo Portuario Norte (528 km): vincula las zonas industriales de Santa Fe y Buenos Aires con los principales polos exportadores del litoral.

La concesión bajo el régimen de obra pública por peaje incluye, además de las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, los accesos estratégicos A005 y A008.

El fin de la gestión estatal y el nuevo esquema de peajes

Esta medida profundiza la política de desestatización impulsada por la gestión de Javier Milei, cuyo objetivo final es disolver la empresa pública Corredores Viales S.A. De hecho, este proceso ya tuvo un antecedente inmediato el pasado 1 de julio, cuando cinco consorcios privados asumieron el control de 1.871 kilómetros correspondientes a los tramos Pampa y Sur-Atlántico.

El nuevo modelo de gestión otorga a los adjudicatarios la facultad de realizar "explotaciones complementarias o colaterales", lo que les permitirá generar ingresos adicionales más allá del cobro de peajes. 

A cambio, las empresas asumen la responsabilidad total de la conservación, ampliación y seguridad vial de las rutas nacionales más transitadas del país, bajo un esquema que busca reducir el gasto público y trasladar el costo de mantenimiento directamente a los usuarios y beneficiarios del servicio.

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