La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por el ex magistrado tucumano contra la decisión que había declarado la caducidad del amparo con el que intentaba revertir su remoción. En el fallo recordó que ningún planteo constitucional exime del cumplimiento de las reglas procesales.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de la Nación confirmó de forma definitiva la destitución del exjuez tucumano Juan Francisco Pisa al desestimar su último recurso en el caso de Paola Tacacho.
- El máximo tribunal declaró la caducidad del amparo con el que Pisa buscaba revertir su remoción, señalando que ningún planteo constitucional exime de cumplir las reglas procesales.
- Con esta decisión judicial irreversible, se cierra el caso de destitución de Pisa, marcando un hito en la rendición de cuentas de magistrados ante la violencia de género.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final al recorrido judicial iniciado por el ex juez penal tucumano Juan Francisco Pisa para intentar revertir su destitución, resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento tras analizar su actuación en la causa vinculada con las reiteradas denuncias formuladas por Paola Tacacho antes de ser asesinada en octubre de 2020. El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario del ex magistrado al concluir que no logró demostrar arbitrariedad en la decisión de la Corte Suprema de Tucumán que había declarado la caducidad de su acción de amparo.
Con la sentencia, la Corte nacional con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entendió que el planteo del ex magistrado no reunía los requisitos excepcionales que habilitan la revisión de cuestiones procesales, como la caducidad de instancia. En ese sentido recordó que su doctrina admite intervenir únicamente cuando se acredita arbitrariedad y un perjuicio irreparable, extremos que -afirmó- no fueron demostrados en este caso.
Pisa había sido removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán, que lo encontró incurso en las causales de "ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones" e "incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes al cargo", previstas en la Ley 8.734. Tras esa decisión promovió una acción de amparo ante la Corte tucumana para cuestionar el proceso de destitución.
Sin embargo, ese proceso nunca llegó a debatir el fondo del planteo. La Corte provincial declaró la caducidad de la instancia al considerar que el juez dejó transcurrir más de tres meses sin impulsar el expediente, pese a haber sido advertido de que debía acompañar los bonos necesarios para diligenciar las notificaciones pendientes.
Al revisar esa decisión, la Corte Suprema sostuvo que el ex juez "admite que su parte no impulsó el proceso por más de tres meses" y que tampoco logró demostrar que la interpretación realizada por la justicia tucumana hubiera sido "irrazonable o ritualista". El fallo agrega que el tribunal provincial había advertido expresamente sobre la necesidad de acompañar los bonos para continuar el trámite, circunstancia que demostraba que la actividad pendiente dependía exclusivamente del propio demandante.
El máximo tribunal también rechazó el argumento según el cual, por tratarse de un proceso de amparo, correspondía al tribunal impulsar de oficio el expediente. Según la sentencia, esa interpretación dejaría "virtualmente sin efecto" la norma que también impone a las partes la carga de impulsar el procedimiento, haciendo imposible aplicar la caducidad prevista por la legislación tucumana.
Un caso con fuerte impacto institucional
La remoción de Pisa fue una de las principales consecuencias institucionales derivadas del femicidio de Paola Tacacho, la docente asesinada el 30 de octubre de 2020 por Mauricio Parada Parejas, quien durante años la había acosado y amenazado. Antes del crimen, la joven había formulado numerosas denuncias penales y solicitado medidas de protección que nunca lograron impedir el desenlace. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales reconstruyeron que existieron múltiples intervenciones judiciales previas sobre las denuncias de la víctima, entre ellas actuaciones que estuvieron bajo la órbita del entonces juez Pisa. En noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir al magistrado al considerar acreditadas graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante la tramitación de esas actuaciones. El proceso disciplinario entendió que su desempeño comprometió el deber de brindar una adecuada tutela judicial frente a una situación de violencia de género y valoró especialmente la falta de respuestas oportunas frente a los reiterados planteos de la víctima.
En su fallo de este jueves, la Corte Suprema evitó pronunciarse nuevamente sobre aquellas cuestiones de fondo y concentró su análisis en el trámite procesal seguido por el propio ex juez. Incluso aclaró expresamente que el hecho de que el amparo cuestionara la destitución de un magistrado o invocara supuestas violaciones de garantías constitucionales "no eximía al apelante de cumplir con las reglas procesales que se le exigen a cualquier justiciable para obtener el reconocimiento de un derecho".
Con esa decisión, el máximo tribunal cerró definitivamente la última vía judicial que mantenía abierta Pisa para intentar revertir su salida de la magistratura, dejando firme la secuencia de decisiones adoptadas tras uno de los casos que mayor conmoción institucional provocó en Tucumán en los últimos años.
