Resumen para apurados
- En junio, urbanistas tucumanos aconsejaron al Ejecutivo no promulgar la desafectación de una calle pública en El Manantial, aprobada por la Legislatura para un barrio privado.
- La norma desafecta 650 metros de reserva vial en una zona de fuerte crecimiento inmobiliario. El proyecto busca regularizar tierras para familias mediante un acuerdo privado.
- Advierten que la medida reduce la conectividad futura, profundiza la fragmentación socio-espacial y contradice las políticas provinciales de protección del patrimonio público.
La decisión que tomó la Legislatura de desafectar del dominio público un terreno en el que se había proyectado una calle que ahora está en el predio de un country no fue bien recibida por sectores académicos. Dos urbanistas opinaron que es síntoma de un problema estructural de falta de planificación urbana que favorece intereses privados sobre el bienestar colectivo. Incluso consideraron que se tomó una decisión regresiva y que estos procesos pueden derivar en situaciones de exclusión de poblaciones que históricamente habitaron estos territorios. Bajo ese y otros argumentos consideraron que no sería conveniente la promulgación de la incitativa.
En la última sesión legislativa se aprobó por mayoría (y con modificaciones en el dictamen) la desafectación de unos 650 metros de largo por 10 de ancho entre las comunas de San Pablo y El Manantial, donde históricamente hubo plantaciones y desde hace unos años se están ejecutando desarrollos inmobiliarios. Catastralmente se había proyectado allí una calle, pero nunca cumplió ese fin, dijo el impulsor del proyecto, Mario Leito. En la oposición, Manuel Courel alertó que ese camino sería la única vía de escape a lo largo de casi 2,5 kilómetros de barrios privados que hay entre las rutas provinciales 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.
“Debilidad recurrente”
La arquitecta Marta Casares, especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, mencionó que la desafectación no puede leerse como un hecho administrativo aislado. “Expresa una debilidad recurrente del modelo de gestión urbana y metropolitana de Tucumán: la urbanización avanza por fragmentos, la planificación pública llega tarde, negocia y/o convalida hechos consumados”, declaró a LA GACETA. Y continuó: “la propuesta no puede interpretarse como un pequeño ajuste parcelario de un remanente residual sin valor territorial. Se trata de la eliminación de una reserva pública de conectividad en uno de los sectores de mayor dinamismo inmobiliario del área metropolitana”.
La profesional, que también es Integrante de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat), fue tajante al analizar la decisión legislativa desde el punto de vista urbanístico. “Es regresiva, porque transforma una reserva pública de conectividad futura en un activo disponible para operaciones privadas o compensatorias, en un sector del territorio metropolitano sometido a fuerte presión inmobiliaria”, dijo.
Fragmentación social
La doctora en arquitectura María Paula Llomparte Frenzel expresó a este diario que la discusión sobre esta posible cesión (el proyecto aún no fue promulgado por el Ejecutivo) excede ampliamente un caso puntual. “Nos invita a reflexionar sobre los profundos procesos de transformación que atraviesan hoy los territorios urbano-rurales del área metropolitana de Tucumán y sobre sus impactos en la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables”, mencionó la urbanista.
En ese sentido, la también docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT e investigadora del Conicet opinó como profesional y vecina de San Pablo que se debe priorizar el interés colectivo y el bienestar común en toda planificación urbano territorial. “Uno de los principales problemas es la escasa planificación y conducción del crecimiento urbano. La expansión de urbanizaciones cerradas requiere una visión estratégica a escala metropolitana que permita anticipar cómo estos nuevos desarrollos se integrarán a la estructura urbana existente. En este caso particular, la cesión de una calle pública podría consolidar nuevas barreras físicas y funcionales, profundizando procesos de fragmentación no solo espacial sino también social”, expresó.
Punto crítico
Casares señaló que el punto crítico de este asunto no es solamente si la calle existe materialmente hoy, sino si el Estado conserva o pierde la posibilidad de abrirla mañana. “Las trazas públicas no valen únicamente por su uso actual, sino por su función estructurante en la red urbana futura. Aun cuando exista una finalidad social vinculada a regularizar familias, esa finalidad no debería resolverse mediante la pérdida irreversible de conectividad metropolitana”, subrayó.
El autor del proyecto aseguró en la sesión que un total de 80 familias (50 de Ohuanta y 30 de El Manantial) se verían beneficiadas con la desafectación porque podrían regularizar su situación dominial y obtener la propiedad de las tierras. Mencionó que se firmaría un convenio con la empresa Citrusvil para ceder esos terrenos como contraprestación, aunque no es algo que figure en el proyecto aprobado.
Hasta aquí no se rubricó tal convenio, aunque se dejó saber sobre supuestos avances que se habrían dado en ese sentido. Fuentes del oficialismo también afirmaron que la propuesta de Leito llegó al recinto con luz verde de parte del Poder Ejecutivo.
“Gentrificación verde”
Llomparte Frenzel cuestionó también que la movilidad en la zona continúe pensándose exclusivamente desde el auto particular y no para un peatón, un ciclista o un pasajero del transporte público. A su vez, señaló que vienen observando transformaciones denominadas “gentrificación verde”, mediante las cuales los paisajes de gran calidad ambiental (como el pedemonte) son valorizados por el mercado inmobiliario y convertidos en bienes de exclusividad. “La paradoja es que muchas veces estos desarrollos se presentan como modelos ‘sustentables’, cuando en realidad promueven formas de ocupación territorial de alto impacto: grandes extensiones de suelo por vivienda, desmontes, elevados consumos de agua para riego de espacios verdes y campos de golf, así como una fuerte dependencia del automóvil”, cuestionó.
Sin mirada amplia
La doctora en arquitectura advirtió que “estos procesos también pueden derivar en situaciones de exclusión o desplazamiento de poblaciones que históricamente habitaron estos territorios”, al tiempo que se mostró preocupada por el incremento de desigualdades territoriales. “Mientras crece la cantidad de barrios cerrados y urbanizaciones privadas, persisten sectores con déficit de infraestructura, equipamientos y servicios públicos”, dijo y afirmó que el crecimiento urbano debe traducirse también en mejoras para las comunidades anteriores.
Casares, por su parte, opinó que resulta una decisión política contradictoria con la línea institucional del Gobierno, que impulsó el Procedimiento de Autotutela Administrativa de inmuebles del Estado y un Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado Provincial, orientado a controlar, registrar y proteger el patrimonio inmobiliario público ( decretos 3664 y 3665/2025). “La defensa del patrimonio público no puede ser selectiva: debe proteger de usurpaciones espontáneas e informales como de apropiaciones funcionales de actores con mayor capacidad económica”, sostuvo.
La especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a su vez, fue contundente y aconsejó al Ejecutivo que no avance. “La norma no debe ser sancionada, es objetable, no se enmarca en una política territorial coherente, debilita la estructura pública del territorio, reduce conectividad futura, consolida fragmentación urbana, carece de mirada metropolitana y convierte una reserva vial estratégica en moneda de cambio que no está claramente definida. No trata solamente sobre una calle. Trata sobre el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán quiere construir”, insistió.
Seis preguntas y respuestas del caso
1 ¿Qué aprobó la Legislatura?
La desafectación del dominio público un terreno en El Manantial que se proyectó como calle pública, pero que actualmente quedó dentro de un country.
2 ¿Cuáles fueron los argumentos?
Se dijo que la calle nunca funcionó como arteria y que la medida permitirá avanzar con desarrollos inmobiliarios y regularizar tierras para 80 familias.
3 ¿Por qué hubo polémica en el debate?
La oposición criticó la iniciativa. Considera que se elimina la única posible vía pública entre barrios privados, lo que afectaría la planificación urbana.
4 ¿Qué cuestionaron las urbanistas?
Casares y Llomparte Frenzel señalaron que la medida refleja una falta de planificación urbana y favorece intereses privados sobre los públicos.
5 ¿Por qué rechazan la desafectación?
Advirtieron que eliminar esa reserva vial reduce la conectividad futura, consolida barrios cerrados y profundiza la fragmentación urbana y social.
6 ¿Por qué desaconsejan la promulgación?
Consideran que la iniciativa es regresiva, debilita el patrimonio público, limita futuras vías y no responde a una planificación territorial coherente.
