La causa contra Juan Facundo Ale y otras dos personas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, después de la feria judicial de julio serán enjuiciados por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado.
Según la acusación del fiscal Mariano Fernández, durante la madrugada de ese día, en el salón La Foresta, se llevó a cabo una fiesta que se extendió hasta el mediodía. En ese encuentro se encontraban Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas, que portaban armas de guerra sin contar con autorización legal para hacerlo.
De acuerdo con la teoría del acusador, cerca de las 12, Ale llegó al lugar a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra González Anaya -que terminó herido en una pierna- y Vargas, quienes respondieron al ataque efectuando disparos desde el interior del predio. El hijo de Ángel “El Mono” Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.
“Estamos ante un caso de abuso y portación de armas. La acción desplegada con temeridad por Vargas y González Anaya, por un lado, y por Ale, por el otro, se produjo en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas, generando una situación de riesgo evidente”, añadió.
Disparador
La causa comenzó investigándose como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.
En el marco de esta investigación fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Al primero lo acusaron de haber participado en el tiroteo, pero posteriormente fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.
Ale huyó del lugar después del enfrentamiento y nunca más se supo de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que “Facundito” se lo habría entregado para que lo ocultara.
A González Anaya, en tanto, le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.
Los defensores de los acusados cuestionaron, sin éxito, los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Incluso, sus familiares realizaron una manifestación para exigir su liberación al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Sin embargo, pocas semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.
Complicados
Fernández reunió diversas pruebas contra los tres acusados. Una de las más relevantes es el informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento.
Se trata de un elemento importante para la acusación, ya que el arma que habría utilizado nunca fue encontrada.
El representante del Ministerio Público resolvió acusar a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión.
A Ale, en cambio, le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.
El hijo de “El Mono” Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.
