UNA PRUEBA FUNDAMENTAL. El video donde aparición Facundo Ale disparando terminó siendo clave para avanzar con la pesquisa del caso.
Una inédita pericia terminó complicando la suerte procesal de Facundo Ale (28 años). De supuesta víctima pasó a ser el principal acusado de una causa que derivó en la detención de personas sospechadas de tener vínculos con el narcotráfico.
El 21 de septiembre, en un salón de fiestas, se registró un enfrentamiento entre dos facciones. En un principio, los pesquisas pensaban que se había tratado de una pelea por el poder de la barra de San Martín, pero después se supo que en realidad podría haberse generado por una disputa territorial. El episodio incluyó traiciones y revelaciones públicas que rompieron con los códigos del oscuro mundo narco.
El fiscal Mariano Fernández comenzó a investigar el hecho. Identificó a los miembros de las dos facciones y las autoridades detuvieron a Javier “Chuky” Casanova, Facundo Ale (protagonizó una entrega casi cinematográfica organizada por su padre, Ángel “El Mono” Ale, luego de que la Provincia ofreciera una recompensa), Jorge Alejandro Anaya González -recibió un disparo en una de sus piernas en la balacera- y Juan Nicolás Vargas.
Ale indicó que ese día había concurrido al salón de fiestas a buscar a unos amigos y que el grupo rival le efectuó disparos al descubrir su presencia, por lo que aseguró que sólo se defendió. “Facundito” no entregó el arma ni el vehículo en el que se movilizaba.
Casanova negó haber estado en la fiesta y su defensor, Leandro Herrera, aseguró que habían armado una causa en su contra. Anaya González y Vargas dijeron que Ale había sido el único que disparó y que ellos sólo se habían escondido.
Los indicios narcos comenzaron a surgir a los pocos días. El auto en el que se movilizaba “Facundito” fue protagonista de un accidente en el que falleció Mario Pasarín, condenado por narcotráfico. A Anaya González, días después de que le otorgaran el arresto domiciliario, le encontraron cinco kilos de marihuana en la casa donde debía cumplir la medida. Por último, “El Mono” Ale reconoció que él había confeccionado y hecho colgar una bandera en la cancha de San Martín para denunciar a Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos por estar vinculados al tráfico de estupefacientes. “Lo hicimos porque la Justicia no hizo nada cuando lo denunciamos”, señaló.
Cambio de teoría
Con el correr de los meses, el fiscal Fernández fue sumando indicios para modificar la hipótesis del caso. Terminó sobreseyendo a Casanova, que había sido señalado por dos testigos de identidad reservada que nunca fueron encontrados para que ratificaran su declaración en Tribunales. También comenzó a sospechar que Ale, al enterarse de que sus “enemigos” estaban en la fiesta, se presentó y comenzó a dispararles.
El representante del Ministerio Público encontró una manera de probar su hipótesis. Recurrió a un especialista en sonido de la Universidad Nacional de Tucumán para que analizara el video que registró el tiroteo.
El profesional determinó que fue “Facundito” quien habría comenzado a disparar y que, posiblemente, utilizó una pistola nueve milímetros. Con el resultado de esa pericia, terminó acusándolo de portación de arma de guerra en concurso ideal con abuso de arma, en perjuicio de la administración pública y de Anaya González y Vargas. Estos dos últimos afrontan una imputación por el primer delito.
Fuentes judiciales confirmaron que sólo resta conocer el resultado de una pericia para que el caso sea elevado a juicio. Si Ale llega a ser encontrado culpable, recibirá una condena de cumplimiento efectivo, ya que el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena que recibió por haber atacado a balazos la casa de una referente del clan Los Gardelitos. Agustín Monteros y Ricardo Fanlo, defensores del imputado, prefirieron no hacer declaraciones sobre la situación procesal de su asistido. En una audiencia que se desarrollará hoy, el fiscal pedirá que se prorrogue la prisión preventiva que rige en su contra y que cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Consecuencias
La investigación de este tiroteo tuvo insospechadas derivaciones. “Chuky” Casanova y “Petiso David” Lobos, desde hace años, vienen siendo señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, por la droga secuestrada en los allanamientos realizados en el marco del expediente que conduce Fernández, las autoridades incautaron estupefacientes y ambos fueron procesados por tenencia con fines de comercialización por la Justicia Federal.
Los defensores de los detenidos llevan meses intentando demostrar que sus detenciones se debieron a que la Policía les plantó droga. En el caso de “Chuky”, casi 100 bochitas de cocaína y, en el de “Petiso David”, cinco kilos de marihuana. “Estamos acostumbrados a ver ‘casos’ donde se allanan domicilios en virtud de otros delitos, pero casualmente se encuentran estupefacientes”, sostuvo Herrera. “En este en particular se hizo un allanamiento por un testigo que nunca apareció. Además, vale la pena recordar que la pesquisa fue desarrollada por policías que actuaron bajo las órdenes de los comisarios Gustavo Beltrán y Colario Juárez, recientemente condenados por hechos de corrupción”, añadió el profesional.
Los nombres de esos funcionarios también fueron mencionados por los familiares de Lobos. Señalaron que la marihuana secuestrada en uno de los domicilios de Lobos formaba parte de un procedimiento que había realizado personal a sus órdenes en Trancas. “Nada es casual”, sostuvo Augusto Avellaneda, defensor de “Petiso” David, que también afronta un proceso por lavado de activos.
“Cualquier ciudadano que piense distinto o que no sea del agrado de alguien puede terminar preso. Es muy, pero muy grave lo que pasa en Tucumán”, finalizó Herrera.
