San Miguel de Tucumán endurece su postura frente a la contaminación ambiental. Por un lado, una Fiscalía especializada activa procesos judiciales contra infractores, y por el otro, el Concejo Deliberante encamina la sanción del nuevo Código Ambiental que regirá en la Capital. Este último incluirá nuevas consideraciones en la tipificación de faltas y establecerá multas que duplican a las actuales.
La comisión de Ambiente del cuerpo parlamentario, presidida por Gonzalo Carrillo Leito (Peronismo de la Capital), ya tiene preparado un borrador de lo que sería el próximo marco normativo ambiental para la ciudad. Allí se establecen principios y responsabilidades; se fijan conceptos que orientarán la política ambiental desde una lógica transversal, y se imponen nuevas reglas de conducta que, al incumplirse, serán sancionadas bajo parámetros más estrictos.
“Estamos abocados fuertemente a la aprobación de este Código, que es central para los tiempos que vivimos. Tratamos de que la ciudadanía tome consciencia y sepa qué es lo que no se puede hacer en esta materia. Hoy no hay reglamento que de manera conjunta establezca cuáles son las acciones no permitidas”, remarcó Carrillo Leito.
Montos aplicables
En primer lugar, se propone la creación de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA) para manejar la coordinación interinstitucional de políticas, planes y acciones ambientales. Luego, el documento establece a la Unidad de Multa (UM) como índice monetario para las sanciones, que aconseja que debería ser equivalente al precio de venta al público de un litro de nafta súper de YPF.
Según sugiere el texto, el máximo de multa aplicable no excedería las 1.000 UM (alrededor de $1,9 millón) por cada infracción, a menos que -por magnitud del daño, intencionalidad o elevada capacidad económica del infractor- el juez ambiental la eleve hasta no más de 5.000 UM (arriba de los $9 millones).
Las contravenciones ambientales recomendadas para la Capital se dividen en seis categorías, entre las que se distinguen la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la protección de los recursos hídricos y la calidad ambiental urbana. Además, se añaden apartados por espacios verdes, por contaminación visual y por gestión ambiental de obras, construcciones y demoliciones.
Por ejemplo, el escrito que fue elaborado por los doctores Jimena Paliza y Javier Arce propone hasta $770.000 de multa (máximo de 400 UM) por la creación o mantenimiento de microbasurales; hasta $1,1 millón (tope de 600 UM) por contaminación de cauces hídricos, y un máximo de $1,9 millón (1.000 UM) si se vierten líquidos industriales sin tratamiento. En algunos casos de reincidencia, los valores de las sanciones podrían incrementarse al doble.
Según explicó el concejal, la pretensión es que el Código -escrito en más de 50 páginas- sea debatido en las próximas semanas en el seno de la comisión de Ambiente para poder alcanzar un dictamen en el corto plazo y llevar el proyecto al recinto. “Si negamos la realidad, difícilmente la podamos transformar. Y al hacerle daño al ambiente nos estamos haciendo daño todos”, aseveró Carrillo Leito.
Expediente ambiental
Lo planteado por la comisión va en línea con el trabajo que realiza la Fiscalía Ambiental. De hecho, uno de los motivos que impulsó la creación de un Código fue la falta de un marco normativo ambiental que se adapte a la realidad actual, sumergida en la problemática medioambiental y comprometida a hacerle frente al cambio climático.
Ayer, la oficina que dirige el secretario de Ordenamiento y Convivencia, Javier González, llevó adelante la primera audiencia ambiental de un trámite desarrollado mediante expediente digital. Allí se sancionó a una empresa por haber descargado escombros y otros residuos en los márgenes del río Salí y se le impuso una multa de unos $900.000, monto máximo previsto por el Código de Faltas vigente.
La audiencia fue presidida por el juez ambiental, Fabián Ruiz Lizondo, mientras que la incorporación electrónica de documentación fue articulada por la Secretaría de Innovación Tecnológica, dirigida por Omar Abraham. “Este tipo de iniciativas es parte de la modernización del estado municipal que promueve nuestra intendenta Rossana Chahla, y busca mediante la digitalización, simplificar la relación de los vecinos con el municipio, acortar tiempo de esperar, eliminar trámites innecesarios y sobre todo fortalecer la transparencia de la gestión pública”, explicó González.
También actuó en el procedimiento la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Julieta Migliavacca. Las actuaciones tuvieron origen a partir de una investigación iniciada por la Fiscalía tras la obtención de imágenes que mostraban la descarga de residuos de construcción y demolición en sectores no permitidos aledaños a los márgenes del río Salí.
“Día del Eco Canje”: propuesta de promoción ambiental
En el mes del ambiente, el oficialista Emiliano Vargas Aignasse presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar el 25 de junio de cada año como el “Día Municipal del Eco Canje” en el municipio. La propuesta sostiene la finalidad de promover la educación ambiental, la separación de residuos en origen, el reciclaje, la economía circular y la participación ciudadana en acciones de protección del ambiente. Además, se invita a establecimientos educativos y organizaciones y empresas de la sociedad civil a participar de las actividades que se desarrollen en conmemoración.
