En la limpieza del subsuelo del TOF se perdieron pruebas de un juicio por drogas contra un policía

Lo que al principio parecía ser una limpieza no exenta de polémica finalmente trajo aparejada un grave problema institucional. La resolución de un juicio oral, en el cual un policía está acusado de facilitarle pastillas a un detenido, está en peligro ya que se descubrió que el secuestro, que obviamente servía como prueba para el caso, se perdió cuando, el 12 de mayo, se ordenó el retiro de ciento de kilos de material del subsuelo del edificio del Tribunal Oral Federal, ubicado en Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

La polémica estalló cuando la jueza federal cordobesa Cristina Edith Giordano constató personalmente el estado en el que se encontraba el subsuelo del edificio. Allí, durante décadas, se acumularon expedientes, muebles, computadoras en desuso y otros materiales. Tras arribar a Tucumán, la jueza dispuso una limpieza integral del sector luego de constatar un estado de abandono y acumulación en el lugar. Así, durante varios días, personal de Gendarmería Nacional con camiones retiró decenas de bolsas con material. Según se informó en ese momento, parte de retirado fue llevado a la sede de Gendarmería, y otra al basurero municipal. La situación se produjo semanas después de la polémica desatada en el edificio del TOF, que debió ser cerrado por riesgo de electrocución e incendio el 14 de abril debido al deterioro de sus instalaciones eléctricas y que luego fue reabierto.

Pero el operativo de limpieza, que sorprendió a los vecinos de la zona, tuvo repercusiones. La Fiscalía Federal ante el TOF presentó un planteo formal reclamando precisiones sobre el operativo y advirtiendo que parte del material retirado podría estar relacionado con causas de lesa humanidad, lo que impediría su destrucción o descarte sin control judicial específico. En el escrito, que se repitió posteriormente, la fiscalía requirió que se informe “qué tipo de documentación, expedientes, efectos o material se encuentra siendo retirado y/o destruido”, además de exigir que se precise si existe alguna resolución administrativa o jurisdiccional que haya dispuesto esa medida. También reclamó copia del inventario o acta detallada del material involucrado y pidió que se explique “el criterio utilizado para determinar la destrucción, descarte o disposición final” de los objetos retirados. Pero, según trascendió, ninguna de las presentaciones obtuvo respuesta. Según se indicó en la presentación realizada ante el tribunal, parte de los secuestros almacenados en el subsuelo podrían haber estado vinculados a causas de lesa humanidad y a otros expedientes sensibles tramitados en el ámbito federal. En ese contexto, la eventual pérdida, destrucción o descarte de elementos probatorios podría generar consecuencias judiciales de extrema gravedad. Incluso se desconoce el destino de las muestras de droga secuestradas durante decenas de operativos, que también estaban almacenadas en ese lugar.

Así se llegó a un juicio que comenzó el miércoles. La causa se había iniciado el día 20 de septiembre del 2015 a las 8 cuando un agente de la comisaría 6ta, quién estaba en la puerta de acceso a las celdas de los internos, pasó por una rendija de la celda donde se alojaba el interno procesado de nacionalidad colombiana, una bolsita plástica transparente. Posteriormente se determinó que la bolsa contenía 58 pastillas de color verde agua, ranuradas al medio, y que tras la pericia se determinó que se trataba de “alprazolam”.  El hecho fue denunciado por personal del servicio penitenciario que cubría las custodias de personas privadas de libertad alojadas en comisarías. El delito por el cual se lo acusaba es la entrega para venta de sustancias medicinales sin autorización habilitante en concurso con el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Esta semana, el acusado llegó finalmente a juicio, pero allí se descubrió el problema: el secuestro de droga, fundamental para la fiscalía para sostener la acusación, había desaparecido. El Tribunal estaba integrado por los jueces Ana Carina Farías (quien estaba presente), Federico Bothamley (por zoom), ambos de Santiago del Estero, y por la misma Giordano, también vía plataforma virtual. Fue la misma Farías quien informó que las pastillas se habían perdido durante la limpieza, por lo cual no estaba la prueba física alrededor de la cual se iba a sostener la acusación. Ante esto, el fiscal Pablo Camuña planteó que así sería difícil continuar y al mismo tiempo recusó a los jueces ya que la orden del operativo de limpieza había emanado de uno de ellos. Uno de los puntos principales que se iba a analizar, ya que había versiones contrapuestas, era justamente el del color de las pastillas, pero al no haber secuestro, sólo quedaba un acta de constatación, pero no los medicamentos en sí. El Tribunal, en ese momento, rechazó la recusación del fiscal, y el juicio continuó. Sin embargo, no se sabe cómo terminará. La audiencia final se llevará a cabo la próxima semana, donde deberían producirse los alegatos pero se desconoce cuál será la postura del fiscal ya que tendría que pedir una pena sin tener la prueba principal.

Mientras tanto, ya se enviaron informes a la Procuración General de la Nación tanto sobre la limpieza en el subsuelo como del faltante de este secuestro para que se analicen los pasos a seguir.