“No se trata de estigmatizar a nadie ni de perseguir una actividad en particular. Se trata simplemente de analizar los indicios que surgen de las investigaciones”, sostuvo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. Ocurre que el secuestro de drogas sintéticas concretado el sábado en un departamento de la capital dejó algunos datos que podrían vincular a los detenidos con ese tipo de encuentros.
El sábado, la Policía de Tucumán realizó el mayor decomiso de éxtasis, tusi y ketamina de la historia de la provincia. No sólo nunca antes se había secuestrado semejante cantidad de estas sustancias, sino que además surgieron indicios de que en ese lugar podrían haberse desarrollado actividades relacionadas con su elaboración o fraccionamiento. Por este caso quedaron detenidos Enrique Sánchez Loria y Nicolás Avellaneda. Ambos fueron procesados por el juez Guillermo Taylor, quien hizo lugar al planteo realizado por el fiscal José Sanjuán.
Avellaneda fue aprehendido por los efectivos porque inicialmente sospechaban que era un consumidor. Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron elementos que indicarían que podría haber actuado, al menos, como repartidor de la droga que presuntamente comercializaba Sánchez Loria. En un allanamiento realizado el lunes por la noche en la vivienda del imputado, personal de la Digedrop encontró un cuaderno en el que estarían consignados los nombres de supuestos compradores, las dosis que adquirían y los montos que debían pagar.
En la audiencia en la que ambos fueron acusados formalmente de comercialización de estupefacientes, Avellaneda sostuvo que era sólo consumidor de éxtasis y que había concurrido al departamento para comprar algunas pastillas. Sin embargo, no pudo explicar por qué tenía en su poder bolsas con dosis identificadas con nombres de otras personas. También llamó la atención que el otro imputado intentara desvincularlo del hecho al afirmar que no tenía ninguna participación en la maniobra investigada.
En el debate Avellaneda reconoció trabajar para una empresa de seguridad privada, aunque no precisó qué funciones desempeñaba. Eso es precisamente lo que buscan determinar quienes llevan adelante la pesquisa. Ocurre que, por un acuerdo firmado entre autoridades provinciales y productores y organizadores de este tipo de eventos, la seguridad en el interior de las fiestas debe quedar en manos de personal perteneciente a empresas privadas contratadas para esa tarea. Esa fue una de las condiciones establecidas cuando se levantó la prohibición para realizar fiestas electrónicas en la provincia.
Antecedentes
Esta no sería la primera vez que surge un indicio de estas características. Felipe “El Militar” Sosa, acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, también fue mencionado en una investigación como supuesto vendedor de éxtasis. El procesado era propietario de una empresa de seguridad.
Las hermanas de la víctima declararon que ella les había contado que observó en la vivienda del imputado bolsas con una importante cantidad de pastillas y que éste se dedicaría a la comercialización de ese tipo de sustancias. Los otros imputados en la causa, al prestar declaración, ratificaron esa versión.
Justina Gordillo, secretaria judicial y ex pareja de Sosa, sostuvo que sabía que éste habría comercializado drogas sintéticas en fiestas electrónicas. Nicolás Navarro Flores, por su parte, declaró ante el fiscal Pedro Gallo que Sosa le había entregado una caja de herramientas de plástico para que la guardara. Días después, aseguró haberla abierto y encontrado pepas o troqueles de LSD. Aunque no precisó la cantidad, afirmó que arrojó la sustancia al inodoro de su departamento.
En el procedimiento realizado el sábado, los efectivos de la Digedrop descubrieron que Sánchez Loria guardaba parte de la droga en un cofre de características similares. Se trata de una coincidencia que, por sí sola, no permite establecer ninguna relación entre ambos expedientes, aunque este tipo de detalles suelen ser tenidos en cuenta para reconstruir modalidades de almacenamiento y distribución.
La estadística también resulta relevante. Esta es la quinta causa que se inicia en Tucumán por comercialización de drogas sintéticas. En todas ellas fueron procesados organizadores, productores o relacionistas públicos por presuntos vínculos con la venta de sustancias en este tipo de encuentros. “Esta es una causa que recién comienza y todavía queda mucho por investigar”, dijo Dib.
Rechazo
Tras el resultado de este procedimiento, las fiestas electrónicas volvieron a quedar bajo observación. Sin embargo, voceros de la Casa de Gobierno aseguraron que no existe ninguna decisión al respecto. “No creo que sea necesaria una revisión. Lo que sí corresponde es un llamado de atención sobre algo que ya le transmití al gobernador Osvaldo Jaldo, a legisladores y a funcionarios de Seguridad: no se está haciendo nada con los afters ni con las fiestas clandestinas”, sostuvo Eduardo Mesón, uno de los referentes del sector. “Tampoco se controla a las productoras que no se registraron como establece la normativa”, añadió.
Mesón explicó que su productora trabaja de manera coordinada con las autoridades para organizar cada uno de sus eventos. “No sólo cumplimos con el protocolo, sino que además aplicamos medidas adicionales, como el cacheo de todas las personas que ingresan. Mientras no se ponga el foco en la clandestinidad, resulta estéril hablar de cambios”, afirmó.
“No se puede generalizar ni estigmatizar a un movimiento cultural por un procedimiento policial. Las drogas se consumen en una bailanta, en un boliche tradicional, en un recital y hasta en un partido de fútbol. Lo que corresponde es investigar a quienes hacen negocios con ellas”, opinó Luciana Mendilaharzu.
“Siempre apuntan a las fiestas electrónicas, pero también me gustaría que se prestara atención a las reuniones destinadas a adolescentes. Mi hermana tiene 15 años y asiste a esos encuentros. Me cuenta que allí se vende alcohol durante toda la noche. ¿Por qué no se genera el mismo nivel de debate sobre esas fiestas?”, se preguntó Esteban Jiménez.
