Resumen para apurados
- Constitucionalistas analizan los límites de la intervención judicial en la elección de rector de la Universidad Nacional de Tucumán ante una medida cautelar vigente.
- Benito Garzón y Carmen Fontán debatieron sobre la autonomía universitaria frente a la cautelar y los posibles escenarios que abrirá el próximo fallo de la Cámara Federal.
- La resolución judicial definirá el alcance de la autonomía de las universidades públicas frente a la Justicia y marcará un precedente clave para futuros comicios.
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Mientras la Universidad Nacional de Tucumán espera una definición de la Cámara Federal de Apelaciones sobre la elección de rector y vicerrector, los abogados constitucionalistas Benito Carlos Garzón y Carmen Fontán expusieron sus posiciones sobre la autonomía universitaria, el alcance del control judicial y los posibles escenarios que podrían abrirse en los próximos días.
Para Garzón, la autonomía universitaria constituye una garantía constitucional que impide la injerencia de los poderes del Estado en la vida institucional de las universidades. “La UNT, como todas las universidades nacionales, están tuteladas por la Constitución Nacional. Desde la reforma del año 1994, las universidades argentinas no pueden ser intervenidas por el gobierno de turno y gozan de autonomía política y autarquía financiera”, sostuvo.
El abogado agregó que esa condición constitucional “es un obstáculo legal insalvable que ninguna autoridad nacional (Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial) puede vulnerar, salvo casos extremos”. “La letra de la ley es clara y contundente”, afirmó.
Carmen Fontán coincidió en destacar la jerarquía constitucional de la autonomía universitaria, aunque sostuvo que ello no excluye la posibilidad de control judicial. “La autonomía universitaria implica la competencia de las universidades nacionales para darse sus estatutos de estructura, organización y funcionamiento y, a la vez, la capacidad para autogobernarse de acuerdo a criterios propios, eligiendo a sus autoridades y profesionales, fijando el régimen disciplinario sin interferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, explicó.
Sin embargo, aclaró que “el Poder Judicial tiene facultades para efectuar el control jurisdiccional de los problemas jurídico-institucionales que se puedan suscitar en el ámbito universitario, entre los que pueden plantearse los alcances interpretativos de una cláusula del reglamento”. “En síntesis: la autonomía universitaria no convierte a estas instituciones en un poder soberano dentro del Estado”, añadió.
La cautelar
Respecto de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal el 15 de mayo, Garzón sostuvo que el tribunal se anticipó indebidamente al proceso electoral. “La Cámara Federal de Tucumán ha incurrido en un grave error procesal y legal al anticiparse, mediante una medida cautelar, a la instancia en la que se puede legalmente aprobar o rechazar a algún funcionario universitario deficientemente elegido”, señaló.
A criterio del constitucionalista, esta decisión podría abrir las puertas para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “conforme a doctrina y jurisprudencia del alto tribunal”. Además, sostuvo que el proceso electoral universitario debe continuar su curso sin intervención de la Cámara Federal.
Fontán, en tanto, recordó que la medida continúa vigente. “La cautelar que dictó la Cámara Federal, que excluyó de hecho la candidatura de Pagani por considerar que violaba el límite estatutario de reelecciones, sigue plenamente vigente y hasta la fecha no ha sido revocada”, afirmó.
Qué puede pasar
Consultados sobre los posibles escenarios que podrían abrirse tras el fallo de la Cámara Federal, ambos especialistas volvieron a mostrar diferencias.
Garzón sostuvo que el tribunal únicamente puede controlar la legalidad de las decisiones adoptadas por la Universidad. “La Cámara Federal de Tucumán no posee facultad alguna para intervenir en la vida interna de la UNT. Tiene únicamente un poder de controlar la legalidad de las decisiones”, expresó. Además, consideró que “la fórmula Cabrera-Abdala ha agotado las instancias procesales con resultado negativo de modo irreversible”.
Fontán, por su parte, repasó los distintos escenarios que hoy se analizan dentro de la Universidad. Entre ellos mencionó la posibilidad de que la Cámara revoque la cautelar y habilite nuevamente la candidatura de Pagani, aunque aclaró que se trata de un escenario “improbable”. También señaló la alternativa de que el oficialismo deba presentar una nueva fórmula o que la Cámara Federal no emita una resolución antes del 10 de junio.
Respecto de la postura sostenida por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes consideran que una eventual exclusión definitiva de Sergio Pagani podría derivar en su proclamación por haber sido la única fórmula que cumplió con los requisitos dentro de los plazos establecidos, Fontán advirtió: “La posibilidad de proclamar ganadora a la fórmula Cabrera -Abdala sin votación, sería renunciar a la vida democrática dentro de la Universidad. Cuando los personalismos y las apetencias desmedidas se imponen, los que pagan las consecuencias son las instituciones y por ende la sociedad en su conjunto, espectadora inocente de la lucha por migajas del poder”.
