En el complejo andamiaje del Estado, pocas instituciones pueden ser tan vitales y, a la vez, tan silenciosamente transformadoras como la Justicia de Paz. Durante décadas, para miles de tucumanos que habitan en los rincones más alejados de nuestra geografía, el acceso a un derecho básico parecía una meta inalcanzable, limitada por distancias físicas, económicas y culturales. Hoy, ese paradigma está cambiando. La reciente inauguración del renovado Juzgado de Paz de Tafí Viejo no es un hecho aislado, sino la pieza de un rompecabezas mayor que busca saldar una deuda histórica: que la Justicia sea, de una vez por todas, una presencia de cercanía y no un privilegio de las zonas urbanas.
Este ambicioso proyecto de descentralización y modernización, que la Corte Suprema de Justicia ha tomado como política de Estado, es digna de destacar. Bajo la conducción del presidente del alto tribunal, Daniel Leiva, y con el impulso de la vocal Eleonora Rodríguez Campos, se ha puesto en marcha un “Master Plan” que ya alcanzó a 47 dependencias judiciales en toda la provincia. El objetivo es ambicioso pero necesario: transformar los viejos juzgados en modernos centros de atención primaria jurídica, donde la tecnología y la calidez humana se unan para resolver los conflictos allí donde se originan.
La importancia de estas reformas se traduce en números que hablan por sí mismos. No se trata sólo de edificios nuevos, sino de competencias ampliadas que cambian la vida cotidiana. Actualmente, un vecino del interior profundo ya no necesita trasladarse a los grandes centros judiciales para gestionar algo tan sensible como una cuota alimentaria provisoria o una medida de protección ante situaciones de violencia de género. Estas herramientas, disponibles ahora en la puerta de casa, son las que democratizan el acceso a la tutela judicial efectiva, dándole voz a quienes históricamente se sentían invisibilizados por el sistema.
Un pilar fundamental de esta transformación es la revolución digital que ha llegado a cada despacho. La implementación del Sistema de Administración de Expedientes (SAE) en toda la red de justicia de paz permite que un trámite en una comuna rural tenga el mismo estándar de eficiencia y transparencia que uno en la capital. Esta integración tecnológica, acompañada de un plan integral de capacitación para jueces y empleados, asegura que la digitalización no sea un frío proceso administrativo, sino un puente que acorta distancias reales y burocráticas. La creación de la figura de los “referentes territoriales” en violencia de género dentro de los mismos juzgados de paz es un avance. Estos enlaces directos con la comunidad permiten que la respuesta judicial sea inmediata, evitando la revictimización y brindando un refugio legal en el momento de mayor vulnerabilidad. Es justicia de proximidad en su sentido más noble: proteger la vida allí donde se ve amenazada.
La modernización de infraestructuras en lugares como Alderetes, El Mollar o Amaicha del Valle demuestra que la inversión en justicia es, en última instancia, una inversión en paz social y seguridad jurídica para todos los tucumanos, sin distinciones de código postal. Todavía queda camino por recorre. La posibilidad de que estos proyectos de justicia letrada y modernización se concreten en cada rincón de la provincia es la mejor garantía de un federalismo judicial real. La Justicia de Paz ha dejado de ser el pariente pobre del sistema para convertirse en la primera línea de defensa de los derechos ciudadanos. Es, esencialmente, devolverle al vecino la confianza en que sus problemas tienen solución cerca de su hogar. Acercar la justicia a la gente no es solo una frase de campaña; es un hecho concreto que se verifica en cada nueva oficina abierta y en cada expediente digital que se resuelve con celeridad. En tiempos donde las demandas sociales exigen respuestas rápidas y humanas, este modelo de cercanía se posiciona como el único camino posible para fortalecer nuestras instituciones y garantizar que nadie, por vivir lejos, se quede fuera del amparo de la ley.
