Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

“Todo esto tiene un trasfondo político para dañar la candidatura de mi pareja, Solana Casella, como jueza federal”. Con está firmeza, Luis Alejandro Ontiveros, inició su declaración indagatoria, que duró más de tres horas, marcando el tono de lo que sería su primer descargo formal ante la Justicia Federal de Tucumán. En un acto procesal de relevancia, el abogado fue imputado formalmente por el presunto delito de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, en una audiencia donde se le exhibieron las pruebas recolectadas durante meses de instrucción. Cumplido este paso fundamental, el juez federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, inicia ahora un plazo legal de diez días hábiles para resolver la situación procesal del imputado, debiendo decidir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.

El caso que mantiene en vilo al fuero federal tucumano se remonta a la denuncia de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA, quien, representado por el abogado Juan Andrés Robles, acusó a Ontiveros de exigirle entre 80.000 y 100.000 dólares para favorecer a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, en una causa por estafas piramidales. La hipótesis de la fiscalía a cargo de Agustín Chit sostiene que el acusado comercializaba una supuesta influencia real sobre el tribunal de alzada, apoyada en su relación con el camarista Mario Leal y en el rol de su pareja como relatora en dicha vocalía. La imputación describe un esquema donde la cercanía personal con los centros de decisión era utilizada como una mercancía para ofrecer resoluciones judiciales favorables.

Antes de su exposición, a Ontiveros se le detallaron los 47 elementos de prueba que sustentan la acusación, los cuales conforman una estructura probatoria de gran densidad tecnológica. Entre los puntos más fuertes se destacan los informes de geolocalización de Gendarmería Nacional, que sitúan al imputado en los lugares y horarios de los encuentros denunciados, y el tráfico de llamadas que acredita la vinculación con el denunciante. Además, la justicia cuenta con capturas de pantalla del sistema Zimbra de uso exclusivo del Poder Judicial con información de causas ajenas a su labor profesional, lo que sugiere un acceso indebido a datos reservados del tribunal.

Durante su descargo, y tras aclarar que no aceptaría preguntas de la fiscalía, Ontiveros intentó desarticular la validez de la denuncia original calificándola como una construcción maliciosa. “El denunciante es un padre desesperado que ha suprimido partes de las conversaciones para hacerme quedar como un extorsionador”, afirmó el imputado, intentando invertir la carga de la prueba hacia la víctima. Para el acusado, Martínez Salazar Pérez utilizó datos de dominio público y hechos fortuitos para dar una apariencia de seriedad a un relato que, según sus palabras, carece de sustento fáctico real.

Respecto a su relación con el camarista Leal, Ontiveros no negó el vínculo pero intentó separarlo de cualquier actividad ilícita. “Es público y notorio que trato al doctor Leal como a un padre, y él a mi como un hijo, pero el hecho de tener una relación de familiaridad no quiere decir que ejerza una influencia sobre el magistrado”, sostuvo. El imputado defendió la integridad del camarista y argumentó que es “imposible y ridículo” que una relatora, en referencia a su esposa Solana Casella, pudiera torcer la voluntad de un cuerpo colegiado de cinco magistrados, especialmente cuando ella se encontraba de licencia por embarazo al momento de dictarse las resoluciones cuestionadas.

Uno de los momentos de mayor tensión de su declaración fue cuando se refirió a las pruebas de los vehículos identificados en las supuestas reuniones de abril de 2025. Ontiveros señaló lo que considera un error fatal en la investigación: la identificación de un auto Corolla blanco cuya propietaria se llama Solana Cainzo. “Es letal para la causa que la dueña tenga el mismo nombre que mi pareja y un apellido similar; el denunciante construyó su causa con hechos públicos”, aseveró, sugiriendo que se utilizaron coincidencias nominales para vincularlo con encuentros que, según él, nunca ocurrieron de la forma relatada. En cuanto a la acusación por obstrucción de la justicia, referida al presunto borrado de aplicaciones y chats durante el operativo del 4 de junio de 2025, el imputado fue categórico en su negación. “No borré nada del teléfono; es imposible realizar maniobras estando rodeado de Gendarmería y habiendo perdido la detentación del equipo a las 9.30 de la mañana”, explicó. 

Ontiveros también se refirió al encuentro del 21 de abril en el bar “Nico”, el cual sí reconoció, pero dándole una interpretación estrictamente profesional.

Hacia el final de su exposición, el imputado solicitó el resguardo de la intimidad de su familia y la devolución de sus efectos personales, manteniendo su postura de que se enfrenta a una causa armada con fines extrajudiciales. “Esto es un montaje para evitar que Solana Casella asuma como jueza”, insistió, volviendo sobre el eje de la persecución política. Con esta frase, cerró un descargo que buscó minar la credibilidad de Martínez Salazar Pérez y cuestionar la interpretación de las pruebas tecnológicas que la fiscalía considera determinantes para el avance del proceso.

Ahora es el juez federal Díaz Vélez, quien debe sopesar este descargo frente a las evidencias físicas y digitales recolectadas por la fiscalía y la querella. El plazo de diez días será vital para analizar si las explicaciones de Ontiveros sobre los vehículos, las licencias de su esposa y los encuentros en bares logran neutralizar los chats, las geolocalizaciones y los testimonios que lo señalan como el centro de una red de tráfico de influencias. El fuero federal aguarda con expectativa una resolución que definirá si el imputado termina procesado y camino a un juicio oral.

La resolución que dicte el juez Díaz Vélez en los próximos días será, sin dudas, marcará un antes y un después en un caso que causa preocupación en el ámbito federal. Mientras tanto, la vigencia del levantamiento del secreto bancario y bursátil sigue aportando datos que podrían complementar o no la acusación antes del cierre de este plazo procesal.