Resumen para apurados
- La Justicia Federal de Tucumán retiró hoy cientos de kilos de material secuestrado del subsuelo del Tribunal Oral Federal por orden de una jueza subrogante, causando gran curiosidad.
- El operativo involucró camiones para trasladar evidencia acumulada durante años. Se realizó para liberar espacio en el edificio judicial tras el acopio masivo de efectos legales.
- El operativo genera debate sobre el resguardo de pruebas y marca un precedente en la reorganización de depósitos judiciales para optimizar el espacio y la seguridad en el tribunal.
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Una escena inusual alteró este martes la tranquilidad de la esquina de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco, donde funciona el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Camiones de Gendarmería Nacional, personal retirando bolsas, muebles, computadoras en desuso, motocicletas y una gran cantidad de objetos acumulados durante años en el subsuelo del edificio marcaron una jornada atravesada por la curiosidad de quienes pasaban por la zona. Según se informó, el operativo fue ordenado por la jueza Cristina Edith Giordano, quien subroga actualmente el TOF y que, tras arribar la semana pasada a Tucumán, dispuso una limpieza integral del sector luego de constatar un estado de abandono y acumulación en el lugar.
La magnitud del movimiento llamó la atención de vecinos, empleados judiciales y transeúntes. Durante varias horas se retiraron elementos de distinta naturaleza, algunos trasladados a dependencias de Gendarmería y otros derivados al basurero municipal. Según pudo reconstruirse, entre el material había desde mobiliario deteriorado y equipos informáticos antiguos hasta secuestros vinculados a expedientes judiciales que permanecían almacenados desde hace años en el subsuelo del tribunal.
El procedimiento, sin embargo, abrió un foco de tensión dentro del ámbito judicial federal. La Fiscalía Federal ante el TOF presentó un planteo formal reclamando precisiones sobre el operativo y advirtiendo que parte del material retirado podría estar relacionado con causas de lesa humanidad, lo que impediría su destrucción o descarte sin control judicial específico.
En el escrito, la fiscalía requirió que se informe “qué tipo de documentación, expedientes, efectos o material se encuentra siendo retirado y/o destruido”, además de exigir que se precise si existe alguna resolución administrativa o jurisdiccional que haya dispuesto esa medida. También reclamó copia del inventario o acta detallada del material involucrado y pidió que se explique “el criterio utilizado para determinar la destrucción, descarte o disposición final” de los objetos retirados.
La preocupación central pasa por la eventual afectación de elementos secuestrados en investigaciones sensibles. Fuentes consultadas señalaron que en el subsuelo existían objetos vinculados a distintas causas tramitadas ante el fuero federal, incluyendo procesos de lesa humanidad, donde la preservación de evidencias tiene un carácter especialmente delicado por el valor histórico y probatorio que podrían conservar esos elementos.
“Están destruyendo secuestros varios y otras cosas. Está a cargo de la tarea la doctora Giordano, que está subrogando en este tribunal”, indicaron fuentes vinculadas al edificio judicial mientras se desarrollaba el operativo. El movimiento de camiones y la salida constante de bolsas y objetos alimentó durante toda la jornada versiones cruzadas sobre el destino final del material retirado.
Todo esto ocurre en un contexto particularmente sensible para la Justicia Federal tucumana. Apenas un día antes trascendió que el Senado podría avanzar con la cobertura de vacantes estratégicas en el fuero federal, un escenario que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de tribunales atravesados desde hace años por problemas estructurales, subrogancias y crisis edilicias.
La situación se produce semanas después de la polémica desatada en el edificio del TOF de calle Chacabuco 125, que debió ser cerrado por riesgo de electrocución e incendio debido al deterioro de sus instalaciones eléctricas y que luego fue reabierto. Ahora, el foco de conflicto se trasladó al manejo del material almacenado en dependencias judiciales, en medio de cuestionamientos sobre la falta de comunicación oficial y de controles respecto de elementos que podrían formar parte de causas federales de alta sensibilidad.
