Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras de la Andis por $18.300 millones, ampliando la causa judicial contra el exdirector Diego Spagnuolo en el país.
- La auditoría analizó 505 expedientes de insumos médicos, hallando diferencias abismales con precios de PAMI y una red de empresas vinculadas que simulaban competencia comercial.
- El informe se sumó a la causa judicial como hecho nuevo. El Gobierno busca aplicar controles preventivos sobre pagos pendientes por $4.770 millones para frenar el fraude estatal.
Una auditoría del Ministerio de Salud nacional volvió a colocar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) bajo investigación judicial, tras detectar presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos y médicos. El informe oficial advierte sobre diferencias de hasta 4.239% respecto de valores de mercado y compromete operaciones por más de $18.368 millones en 505 expedientes analizados.
El documento fue incorporado a la causa que instruye el fiscal Franco Picardi por presuntas irregularidades y posibles maniobras de defraudación contra el Estado dentro de la Andis, expediente en el que se encuentra imputado el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, consigó el diario "Ámbito".
La auditoría, firmada por la asesora médica María Celeste Díaz y dirigida a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostiene que se detectaron “desvíos críticos y sobreprecios” en facturaciones presentadas por las firmas Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical y Expo Trauma.
Según el informe, la mayor concentración de fondos quedó en manos de pocas empresas. “Farma Salud SRL representa la mayor participación con un monto superior a los $11.000 millones”, señala el documento, seguida por Ortopedia Bernat y el grupo conformado por Artrobone e Imnova.
Además, se indicó que alrededor de $4.770 millones continúan pendientes de liquidación, situación que -según la auditoría- permitiría aplicar controles preventivos antes de concretar los pagos.
Entre los casos relevados aparece el expediente EX-2025-74046385-APN-DNASS#AND, donde ANDIS pagó $425 millones por una válvula bicaval transcatéter. Como referencia, el mismo producto había sido adquirido por PAMI mediante licitación pública por $124,2 millones, lo que implicó una diferencia de $300,8 millones por unidad, equivalente a un incremento del 242%.
Otro de los expedientes observados corresponde a una endoprótesis aortobílica adjudicada a Farma Salud por $369,8 millones. El informe señala que PAMI había pagado previamente $17,85 millones por el mismo insumo, con una diferencia de $351,95 millones, equivalente a un 1972%.
La auditoría también detectó la compra de una válvula pulmonar autoexpandible por $295,1 millones, mientras que el mismo producto había sido contratado por PAMI por $36,4 millones. Allí el desvío alcanzó los $258,7 millones, un 711% más que el valor de referencia.
En el área ortopédica, el informe sostiene que Ortopedia Bernat “facturó equipos estándar a precios que duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado”. Entre los ejemplos mencionados figura una factura por $12,15 millones con un sobreprecio calculado en 4.239% respecto del valor de referencia.
También se detectaron desvíos superiores al 800% en distintas compras de sillas y equipamiento ortopédico.
El relevamiento puso además bajo análisis la relación entre Artrobone Ortopedia SA y Cirugía y Ortopedia Imnova SA. El documento describe una “red de interconexión” entre ambas compañías, que comparten domicilio legal en San Nicolás de los Arroyos y presentan vínculos familiares directos entre sus autoridades.
“El denominado ‘Grupo Belgrano 609’ exhibe una relación promiscua y directa que vulnera los pilares de la contratación pública”, sostiene el informe. Allí se menciona que Evangelina Ileana García preside Artrobone, mientras que su hijo, Martim Gonçalo Armella, encabeza Imnova y además participa societariamente en la empresa de su madre.
Según la auditoría, ambas firmas concentran 153 expedientes por más de $3.042 millones y habrían participado en una posible “simulación de competencia” mediante la presentación de presupuestos entre empresas vinculadas para otorgar “una falsa apariencia de legalidad” a los procesos de contratación.
Respecto de Imnova, el análisis detectó sillas posturales facturadas en $18 millones cuando el valor de mercado rondaría los $945 mil, con desvíos calculados en 1904%. También se observaron sillas ultralivianas con sistema Tilt facturadas entre $19 y $21 millones, con diferencias superiores al 2.000%.
El balance de la muestra auditada sobre esa empresa arrojó una facturación total de $76 millones frente a un valor de referencia estimado en apenas $5,6 millones.
La auditoría también incluyó observaciones sobre BYMAX Medical, donde se detectó un “sobreprecio consolidado” de $84,1 millones. Uno de los casos mencionados corresponde a una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, pese a que el informe sostiene que el mismo producto no supera los $500.000 en el mercado nacional.
En paralelo, el documento describió una situación considerada de “gravedad” vinculada a una prótesis para amputación destinada a un beneficiario de Río Negro. Aunque el expediente contenía un remito firmado, la auditoría sostuvo que la madre del paciente habría firmado la documentación “bajo inducción a error” y que el insumo nunca fue entregado.
Sobre Expo Trauma S.A., el Ministerio detectó facturaciones de hasta $18 millones por sillas posturales cuyo valor de mercado sería inferior al millón de pesos. En otro expediente, una silla activa fue facturada en $15 millones cuando existía una alternativa equivalente de $2,8 millones.
Además, los auditores señalaron inconsistencias vinculadas a los domicilios declarados por algunas de las firmas investigadas. En el caso de Expo Trauma SA, el informe menciona diferencias entre el domicilio operativo informado en Haedo y el fiscal registrado en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la auditoría concluyó que “la totalidad de los requerimientos terapéuticos pueden ser cubiertos con equipamiento nacional de excelencia” y sostuvo que la utilización de módulos importados con sobreprecios “carece de sustento clínico y financiero”.
En ese marco, se recomendó remitir las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para denunciar los hechos como “hecho nuevo” dentro de la causa judicial en trámite.
