Arroyo Salgado. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Resumen para apurados
- Arroyo Salgado vinculó la muerte de Nisman con inteligencia militar y una empresa de Río Turbio durante un evento en Buenos Aires, reafirmando la hipótesis del asesinato estatal.
- La jueza señaló una logística de espías en Puerto Madero tras la denuncia de Nisman contra CFK. Actualmente, Diego Lagomarsino sigue siendo el único procesado en la causa judicial.
- Pese a confirmar el asesinato, la jueza duda que se identifique a los autores intelectuales y criticó la obsolescencia judicial frente al poder digital y la corrupción privada.
A más de una década del fallecimiento de Alberto Nisman, la causa judicial que investiga su muerte sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Durante una exposición titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”, la magistrada fue contundente al señalar que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder” y que “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” estuvieron involucrados en la muerte de su ex esposo.
El punto más sensible de su intervención ante los socios del Rotary Club de Buenos Aires radicó en la posible autoría del crimen. Según Arroyo Salgado, existen líneas de investigación que conectan de forma directa a sectores del aparato estatal con la logística del asesinato. Al respecto, reveló que existen trascendidos sobre los ejecutores materiales que sostienen una vinculación entre “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” con el magnicidio del fiscal Nisman.
Pese a la gravedad de los datos aportados, la jueza se mostró escéptica respecto a la posibilidad de una resolución definitiva en el corto plazo, admitiendo que “difícilmente se llegue a dirimir los responsables” finales del ataque. Actualmente, el expediente, que no se tramita en los tribunales de Comodoro Py, sino en una dependencia especial coordinada por el auxiliar fiscal Hernán Kleiman, mantiene como hipótesis principal la intervención de agentes de inteligencia militar.
La sospecha judicial recae sobre un grupo de espías que habrían operado en las inmediaciones de las torres Le Parc, en Puerto Madero, durante aquel fatídico fin de semana de enero de 2015. Esta actividad, considerada ilegal por los investigadores, se habría activado apenas cuatro días después de que Nisman presentara su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Hasta la fecha, el único procesado en la causa continúa siendo el técnico informático Diego Lagomarsino. Aunque él sostiene que el fiscal le pidió prestada el arma Bersa calibre 22 por seguridad, la fiscalía de Eduardo Taiano logró acreditar que la comunicación inicial partió de Lagomarsino y no de la víctima.
Más allá del caso Nisman, la jueza Arroyo Salgado aprovechó el espacio para reflexionar sobre la crisis de las instituciones en la era de la "virtualidad intensificada". Para la magistrada, el sistema judicial actual es anacrónico frente a un escenario donde “se delinque y se maneja el poder” a través de herramientas digitales y redes de crimen organizado que las “instituciones que heredamos” no logran contener.
Finalmente, al abordar el fenómeno de la corrupción pública, Arroyo Salgado subrayó la responsabilidad del sector privado en la degradación institucional. “Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, concluyó, instando a una reforma no solo técnica, sino ética de los actores que integran el entramado social y político del país.
