Agostina Páez.
Resumen para apurados
- La ONG Ceap solicitó en Brasil endurecer la pena contra la abogada Agostina Páez por racismo, tras gestos discriminatorios en Río y un video viral de su padre imitando su conducta.
- Páez fue liberada tras pagar U$S 18.500 de fianza. El pedido de sanción colectiva surge luego de que su padre fuera filmado repitiendo actos racistas en Santiago del Estero.
- La Justicia brasileña decidirá si acepta al Ceap como amicus curiae. El fallo podría sentar precedente al exigir reparaciones sociales y financiar proyectos binacionales.
La situación judicial de la abogada santiagueña Agostina Páez en Brasil sumó un nuevo capítulo que podría complicar su panorama: una organización no gubernamental de ese país solicitó endurecer la sanción en su contra y avanzar con una reparación “a la sociedad brasileña”.
Tras haber permanecido 75 días detenida en Río de Janeiro por realizar gestos discriminatorios en un bar de Ipanema, Páez regresó a la Argentina luego de pagar una fianza de U$S 18.500. Sin embargo, su frente judicial en territorio brasileño continúa abierto y ahora enfrenta nuevas presiones.
El detonante fue la viralización de un video grabado en un bar de Santiago del Estero, en el que se observa a Mariano Páez imitando los mismos gestos racistas por los que su hija fue procesada. Aunque el hombre negó la autenticidad del material y sugirió que podría tratarse de contenido generado con inteligencia artificial, la organización Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas lo consideró una prueba relevante.
Desde la entidad sostuvieron que el episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una conducta arraigada en el entorno familiar, lo que, a su entender, refuerza la necesidad de una sanción más severa.
VIDEO. Mariano Páez habría repetido los gestos racistas que hizo su hija.
Con 37 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el Ceap solicitó presentarse en la causa como amicus curiae. El objetivo es endurecer la pena vigente, que actualmente contempla un resarcimiento cercano a los 39.000 dólares, equivalente a 120 salarios mínimos, destinado a las víctimas.
En ese marco, el abogado de la organización, Carlos Nicodemos, planteó que buscan no solo una indemnización por daño moral, sino también una “reparación colectiva a la sociedad brasileña”. La propuesta incluye destinar los fondos de la multa a proyectos sociales binacionales.
Además, desde la ONG cuestionaron la decisión del juez Guilherme Duarte de permitir que Páez continúe el proceso desde la Argentina, al considerar que la Justicia priorizó esa posibilidad por sobre la reparación integral de las víctimas.
Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de alegatos finales, mientras la Justicia brasileña debe definir si acepta la incorporación del Ceap como parte interesada. Esa resolución podría resultar determinante para el futuro de la causa y para una eventual agravación de la sentencia, tal como reclaman distintos sectores civiles.
