VARIOS INTERROGANTES. El procesamiento de tres menores no significar que el Ministerio Público haya decidido cerrar la investigación.
Resumen para apurados
- Cuatro adolescentes se entregaron en Tucumán tras el crimen de Pedro Barboza (70). La justicia dictó preventiva para tres de ellos bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.
- El cuerpo presentaba múltiples fracturas y no había ingresos violentados. Tras confesar, los jóvenes señalaron dónde arrojaron objetos robados, facilitando el hallazgo de pruebas.
- La investigación busca determinar si el móvil fue un robo o una represalia por presuntos abusos. El perfil de los menores, sin antecedentes, convierte al caso en un hecho atípico.
El sábado por la noche, los cuatro adolescentes se presentaron en la comisaría de Los Pocitos. Les dijeron a los policías que estaban involucrados en la muerte de un jubilado en Tafí Viejo. Antes de que se cumplieran 24 horas de su presentación, un juez de Niños, Niñas y Adolescentes les dictó la prisión preventiva y tres de ellos -el cuarto no fue procesado por ser inimputable- fueron trasladados al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz. Los acusados no contaron detalles de lo sucedido, por lo que los investigadores tratan de establecer cómo ocurrió el crimen.
El jueves 16 de abril, encontraron el cuerpo sin vida de Pedro Solano Barboza (70 años) en su casa de Bolívar al 700. El informe preliminar del médico de Policía había determinado que el jubilado habría sido asesinado a golpes. El informe de la autopsia reveló que el hombre presentaba múltiples fracturas en el rostro, cortes en la frente y hematomas en ambos ojos. Los investigadores también descubrieron que en la vivienda faltaban un televisor, el celular y la billetera de la víctima, donde supuestamente tenía el dinero que había conseguido a través de un préstamo que obtuvo ese mismo día.
Los pesquisas de Homicidios que trabajaron bajo las órdenes de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, dirigidos por el fiscal Pedro Gallo, descubrieron dos detalles importantes. El primero, que no se había violentado la puerta de acceso de la vivienda, por lo que comenzaron a sospechar que el o los autores tenían algún tipo de relación con la víctima. El otro, el ensañamiento con el que le quitaron la vida. “Literalmente le destrozaron la cara a golpes”, indicó una fuente cercana a la pesquisa.
Los policías comenzaron a realizar averiguaciones sobre la vida íntima de Barboza. Elaboraron un listado de las personas que podrían haberse relacionado con él. Entrevistaron a algunos de ellos y a otros, directamente los allanaron para tratar de encontrar algún tipo de indicio que los ayudara a esclarecer el caso.
Un caso atípico
Cuando la investigación parecía estancarse, el sábado a las 23.15, en la comisaría de Los Pocitos se presentaron dos adolescentes de 17 años, uno de 16 y otro de 15. Los cuatro no sólo reconocieron haber tenido algún tipo de participación en el caso, sino que además relataron dónde habrían arrojado el televisor desaparecido. Los pesquisas se dirigieron a un canal de Los Pocitos. Encontraron el objeto y ropas con manchas que serían de sangre. El menor de los sospechosos fue entregado al cuidado de sus padres y los otros tres fueron enviados al Centro de Admisión y Derivación (CAD).
Los profesionales que los atendieron confirmaron a la Justicia que ninguno de los señalados había tenido conflicto con la ley y que tampoco presentaban evidencias de tener problemas de adicción. Salvo uno de ellos, los otros viven con sus padres, estudian y realizan diferentes actividades para colaborar con la economía del hogar. Incluso, en las entrevistas que les hicieron, quedó en claro que presentaban un nivel de madurez poco común para chicos de su edad, producto de las responsabilidades que habían asumido. “Es un caso totalmente atípico para este tipo de hechos”, sostuvo una fuente.
Los adolescentes, según confiaron fuentes judiciales, durante los contactos con los profesionales no contaron los detalles de lo sucedido esa noche. Sí se confirmó que, después del crimen, los cuatro se tomaron un Uber y se dirigieron a una zona de Los Pocitos. El chofer del auto de la empresa de aplicación confirmó que tenían el televisor que luego arrojaron en el canal donde fue hallado.
Los vecinos entrevistados por la Policía habrían informado que Barboza era un hombre solitario y que, en algunas oportunidades, habían observado la entrada y salida de jóvenes desconocidos a su casa. Uno de ellos negó haber sido su pareja y prefirió no hablar sobre su sexualidad.
La audiencia
El domingo por la noche, la auxiliar Ana Brito Ledesma, siguiendo instrucciones del fiscal Gallo, acusó a los adolescentes de homicidio en ocasión de robo. En la audiencia surgieron algunos detalles sobre el posible móvil del crimen.
Los investigadores no descartan que los jóvenes hayan sido convocados por la víctima para mantener una reunión a cambio de parte del dinero que obtuvo con el préstamo. Esa línea surgió al ventilarse que uno de los chicos habría asegurado que Barboza habría abusado sexualmente de él cuando tenía 11 años. Sí se supo que el adolescente nunca le había contado esa situación a nadie y, mucho menos, denunciado el caso ante las autoridades.
“Todavía queda mucho por investigar. Esta causa es muy compleja por algunos de los detalles que están surgiendo”, indicó una fuente judicial. Al parecer, el adolescente de 15 años podría haber sufrido lesiones. Un perito determinará cuál puede haber sido su origen, pero no se descarta que hayan sido defensivas.
En la audiencia, una sobrina pidió que se hiciera justicia por su tío y aclaró particularmente que no permitirían que se ensuciara el buen nombre y el honor de la víctima. “Estas son excusas para no hacerse cargo del horrible crimen que cometieron”, habría declarado.
“Todas las partes coincidimos en que es un caso que debe ser investigado a fondo para determinar qué sucedió esa noche”, aseguró Julieta Jorrat, defensora de uno de los acusados. “Con ayuda de profesionales deben ser atendidos para que puedan procesar la experiencia y contar cuál fue la mecánica del caso”, finalizó la profesional.
El juez Federico Moykens aceptó lo solicitado por el Ministerio Público. Además, dispuso que los acusados reciban atención profesional de manera inmediata. Ordenó que los adolescentes sean trasladados al Instituto Padre Brochero, donde permanecerán al menos tres meses.







