AMENAZAS DE TIROTEOS. El Ministerio Público Fiscal coordina medidas preventivas ante amenazas en colegios de la capital.
Resumen para apurados
- Justicia de Tucumán ordenó operativos en colegios tras amenazas de tiroteos para identificar a los autores y resguardar material fílmico y digital durante esta semana.
- El Ministerio Fiscal analizó inscripciones en baños y secuestró dispositivos de video en instituciones como el Colegio San Carlos, activando protocolos de seguridad preventivos.
- Buscan que el accionar judicial disuada futuras amenazas y genere conciencia familiar. No se descartan nuevas medidas mientras avanza el análisis pericial del material secuestrado.
Tras las amenazas de tiroteos que se registraron en distintos centros educativos de Tucumán, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la investigación, ordenó operativos de resguardo de evidencia y análisis técnico para identificar a los responsables.
Las medidas se llevaron a cabo de manera simultánea en múltiples establecimientos, destacándose la intervención en el Colegio Guillermina, el Colegio San Carlos y el Colegio San Francisco, entre otros. Estos procedimientos se realizaron en estrecha colaboración con las autoridades de las instituciones denunciantes, con el objetivo primordial de preservar cualquier tipo de evidencia física o digital.
El personal especializado se enfocó en el resguardo de los lugares donde se detectaron inscripciones en paredes con mensajes intimidatorios durante los operativos.
Asimismo, se procedió a la extracción y secuestro de material fílmico y dispositivos de almacenamiento (DVR), los que fueron entregados por las autoridades escolares para su posterior análisis pericial.
La reacción de las autoridades educativas
En el caso específico del Colegio San Carlos, ante el comunicado de una amenaza consistente en una frase escrita en la pared del baño de varones, se puso en conocimiento a la autoridad de turno y se llamó al 911 para activar el Protocolo Institucional. Según informaron desde la institución, se manejó todo con discreción preservando la tranquilidad de alumnos, docentes y personal en general.
El equipo directivo colaboró activamente recibiendo a los organismos policiales, elaborando actas y facilitando el registro fotográfico de los espacios afectados. Posteriormente, se remitió a las autoridades policiales y al supervisor de zona la documentación pertinente, incluyendo fotocopias de las actas y los comunicados enviados a los padres para "transmitir tranquilidad a las familias".
Durante la intervención judicial, las autoridades del colegio invitaron a pasar al personal del Ministerio Fiscal y relataron lo sucedido, quedando "a disposición de lo que sea necesario para colaborar con la causa y avanzar en la investigación". En este marco, se realizó un recorrido por la zona periférica y el baño mencionado, culminando con el secuestro del DVR de las cámaras bajo la supervisión de las autoridades escolares y testigos ocasionales. Un equipo de policía elaboró un acta detallando la totalidad del operativo realizado en el establecimiento.
La dirección de la institución, representada por Paola Lobo Chamorro, expresó su plena confianza en que este accionar del Ministerio Fiscal "colaborará de manera positiva para disuadir futuras amenazas", considerándolo una "medida ejemplificadora para toda la sociedad".
Más allá de identificar a los responsables, las autoridades esperan que "este mensaje sirva para tomar conciencia sobre la gravedad de estas acciones y que la familia asuma un rol más protagónico donde todos los actores sociales adultos y referentes seamos capaces de observar y escuchar de otra manera para entender los mensajes que los adolescentes necesitan que escuchemos".
Despliegue
La complejidad de la causa ha requerido un despliegue multidisciplinario del Ministerio Fiscal, organismo que lidera las actuaciones. El equipo de trabajo estuvo integrado por la titular de la UFI Mariana Rivadeneira, junto a la secretaria Brenda Deroy, el auxiliar fiscal Leandro Abdala, y los funcionarios públicos Maximiliano Saldaño y Paula Ciscis.
Además, se ha contado con la participación activa de personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), específicamente de la División de Telemáticos, así como del jefe de zona de la policía de las provincias Cristian Peralta, y efectivos de la Comisaría Primera.
Originalmente, estas actuaciones comenzaron a tramitarse en la Unidad de Estafas, pero debido a la gravedad y las características de los hechos, la causa fue radicada finalmente en la Unidad de Delitos Complejos. Esta transición técnica permite un abordaje más exhaustivo de las amenazas, considerándolas medidas urgentes y necesarias para el resguardo de la evidencia y la tranquilidad de los alumnos y docentes. Las autoridades judiciales han adelantado que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas de similares características para las próximas horas.
