EN LA JUSTICIA. En el recurso extraordinario, el Gobierno argumenta que la aplicación de la ley afectaría el equilibrio fiscal.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, alegando falta de fondos y riesgo al equilibrio fiscal este 18 de abril.
- La Procuración del Tesoro apeló el fallo de Cámara tras el veto de 2025. El Ejecutivo pidió la excusación de jueces docentes y cuestionó la falta de partidas presupuestarias claras.
- De fallar la Corte contra el Estado, el desembolso de $2,5 billones restauraría el déficit fiscal. Mientras, gremios denuncian una caída real del 45% en el presupuesto universitario.
En la madrugada de ayer, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, indicaron fuentes oficiales al fundamentar la decisión.
La posición del Gobierno retoma la objeción que sostiene desde el veto de la norma en 2025 y que reiteró luego cuando el Congreso insistió con su sanción. En el decreto 647/2025, el Ejecutivo argumentó que la ley quedaba sujeta a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, en línea con lo previsto en la normativa vigente.
En ese contexto, el recurso fue presentado con efecto suspensivo para evitar el inicio de los pagos a las universidades. El plazo límite para cumplir con las transferencias vencía ayer a las 9.30, por lo que desde ese momento quedó vigente la obligatoriedad de las erogaciones establecidas por la ley.
Además, el Poder Ejecutivo solicitó que los integrantes de la Corte Suprema se excusen de intervenir en el caso debido a su condición de docentes universitarios y sean reemplazados por conjueces. En su presentación, sostuvo que se trata de una cuestión federal y que la medida cautelar dictada resulta equiparable a una sentencia definitiva, en tanto genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al disponer gastos sin financiamiento específico, lo que -según advierten- podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.
Planteo rechazado
Ese argumento ya había sido rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En la resolución del 31 de marzo, la Sala III confirmó la medida cautelar que ordenó al Estado cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de becas estudiantiles.
En ese pronunciamiento, los jueces señalaron -en el marco de un análisis preliminar- que no corresponde suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso en base a otra norma anterior de igual jerarquía, descartando así el principal argumento esgrimido por el Ejecutivo.
Pese a ese revés judicial, en la Casa Rosada sostienen la misma estrategia y trasladan ahora la discusión al máximo tribunal. En Balcarce 50 señalan que el recurso apunta a ganar tiempo y a reforzar la postura de que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.
En paralelo, el oficialismo analiza impulsar una nueva iniciativa legislativa que permita reducir el costo fiscal de la norma y reabrir el debate en el Congreso bajo otros parámetros. Mientras tanto, aseguran que se avanzará con actualizaciones mensuales de las partidas universitarias y que la adecuación presupuestaria será incorporada al proyecto de presupuesto 2026.
En esa línea, fuentes oficiales remarcan que no se trata de un desembolso único e inmediato por el total del monto estimado, sino de una actualización de partidas que se irá ejecutando de manera progresiva a lo largo del ejercicio mediante transferencias mensuales.
Presión fiscal
Según consignó Infobae, el Gobierno enfrenta un escenario financiero complejo. Considera probable que la Corte Suprema no intervenga en esta instancia por tratarse de una medida cautelar y no de una cuestión de fondo, por lo que se prepara para cumplir con una eventual transferencia de alrededor de $2,5 billones a las universidades nacionales.
En ese caso, admiten que la obligación implicaría el retorno del déficit fiscal y reconocen que, en la actualidad, no disponen de los recursos necesarios para afrontar ese nivel de gasto sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
La magnitud del ajuste en el sistema universitario fue expuesta recientemente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió sobre una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a las universidades entre 2023 y 2026.
El mismo informe señala que, en ese período, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios supera el 32%, en un contexto de inflación acumulada del 280% frente a incrementos salariales del 158%, lo que profundiza la tensión en el sector y anticipa un conflicto que aún está lejos de resolverse.
