“Quien vende droga en un barrio no comercializa un producto: distribuye adicción, dependencia, violencia y muerte”. Esa es una de las frases que utilizaron legisladores para fundamentar una importante modificación en la ley de narcomenudeo. Con esta reforma, no sólo buscan dar mayor importancia a las denuncias anónimas de los vecinos, sino que su investigación sea mucho más veloz y efectiva. El proyecto, presentado por los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Maia Martínez, Jesús Herrera y Adriana Najar, plantea los siguientes puntos:
1- Las denuncias podrán seguir realizándose ante el Ministerio Público Fiscal o la Policía.
2- En el caso de que la presentación sea realizada ante la fuerza policial, las autoridades tendrán la obligación de registrar y comunicar inmediatamente la novedad al fiscal competente, garantizando la trazabilidad y evitando circuitos paralelos o informales.
3- Todas estas denuncias deberán ser canalizadas de manera inmediata a la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop); por su especialización, no sólo podrá mejorarse la calidad de la investigación, sino que se unificará la uniformidad en los procedimientos.
4- Tendrán un plazo de cinco días hábiles para, bajo la supervisión del fiscal, llevar adelante la investigación.
5- Un magistrado del Colegio de Jueces será el responsable de autorizar o rechazar las medidas que le pudiera solicitar el representante del Ministerio Público.
Herramienta
En la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, las normas permiten que se inicie una investigación con la sola denuncia de una persona sin que se identifique. Con esta modificación, aún antes de que se pusiera en vigencia la ley de narcomenudeo, se habilitaron denuncias en dependencias policiales, sedes municipales y comunales, hospitales, centros asistenciales y en tribunales tanto de la justicia ordinaria como federal. “Hasta se pusieron buzones. Con la tecnología surgieron más mecanismos, pero siempre quedaban en lo mismo: no se avanzaba”, sostuvo una fuente judicial.
“Este proyecto busca que la denuncia del vecino no quede en la nada. Que la intervención policial sea profesional y especializada. Que el fiscal dirija la investigación con rigor. Que el juez controle garantizando derechos. Y que, finalmente, quien vende droga en nuestros barrios sea investigado, juzgado y condenado”, sostuvieron los legisladores.
También explicaron que el “avance del narcotráfico en su expresión más territorial, el narcomenudeo, ha instalado en nuestros barrios una lógica de degradación progresiva que impacta de manera directa en la vida de las familias. Detrás de cada punto de venta hay una red de captación de jóvenes, de destrucción de vínculos familiares, de normalización de la violencia y de pérdida de horizontes”.
Fundamentos
“Desde el punto de vista constitucional, el proyecto supera los estándares de control de legalidad, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. No amplía el poder punitivo: lo ordena, lo estructura y lo somete a reglas claras”, sostuvo Vargas Aignasse y sus pares en los fundamentos del proyecto que presentaron. “En particular, se evita uno de los principales riesgos de este tipo de regulaciones: que la denuncia anónima se transforme en una habilitación automática para medidas invasivas. El proyecto exige corroboración objetiva previa, respetando el estándar de sospecha razonable. Asimismo, se evita la expansión indebida de facultades policiales”, añadieron.
Desde que entró en vigencia la norma, en diciembre de 2022, se generó una polémica. Los defensores cuestionaban los procedimientos porque, según explicaron, más del 70% se iniciaban por investigaciones de otros delitos en los que se terminaban encontrando dosis de estupefacientes para comercializar.
“La incorporación de mecanismos de registro y trazabilidad institucional responde a una lógica de control, transparencia y evaluación. No basta con actuar: es necesario poder medir resultados, identificar fallas y corregir desvíos”, sostuvo Vargas Aignasse.
“Ahora bien, junto a la solidez técnica, este proyecto asume una posición política clara. No hay espacio para la tibieza frente al narcomenudeo. No hay margen para relativizar un fenómeno que destruye familias, capta jóvenes y financia estructuras criminales. El Estado tiene que estar presente. Y tiene que ser eficaz”, agregó.
