Manuel Adorni.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni declaró ante la OA una hipoteca privada de US$ 100.000 sobre un inmueble porteño. El hecho suma elementos a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
- El funcionario utilizó préstamos de particulares para financiar diversas propiedades, repitiendo un esquema que la Justicia investiga mediante la citación de la escribana actuante.
- El fiscal Pollicita busca verificar la legalidad de las transacciones y los montos declarados. El caso pone bajo la lupa el patrimonio y la transparencia del jefe de Gabinete.
La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos elementos a partir de su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde figura una hipoteca privada hasta ahora no difundida públicamente.
El registro corresponde a un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100. Allí, el funcionario recurrió a un esquema similar al utilizado previamente en otra propiedad: un préstamo hipotecario otorgado por particulares. En este caso, las acreedoras fueron Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes habrían aportado U$S 85.000 y U$S 15.000 respectivamente.
Según la presentación oficial difundida en diferentes medios nacionales, Adorni consignó deudas por más de $43.000.000 con Molina de Cancio y cerca de ocho millones con Cancio, aclarando que se trata de compromisos en moneda estadounidense. La operatoria quedó asentada el 15 de noviembre de 2024, fecha que no pasa inadvertida: ese mismo día figura también la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
El entramado suma otro elemento relevante. La escribana Adriana Mónica Nechevenko intervino tanto en esta operación como en otras vinculadas al matrimonio, incluyendo la compra de la vivienda en el country y la de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito. Su nombre aparece ahora en el expediente judicial: fue citada a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La pesquisa apunta a reconstruir el circuito de las operaciones inmobiliarias, los montos efectivamente abonados y las condiciones de financiamiento. En ese marco, el fiscal solicitó a la escribana toda la documentación respaldatoria para verificar la legalidad de las transacciones.
El caso del departamento en Caballito refuerza el patrón observado. Allí, la compra se habría concretado mediante otra hipoteca privada, esta vez otorgada por las anteriores propietarias del inmueble, quienes habrían financiado cerca del 90% del valor declarado en la escritura, unos 200.000 dólares. Ese monto, según operadores del mercado, estaría por debajo de los precios habituales para una propiedad de esas características.
