La Justicia declaró "no punible" al tirador de Santa Fe: no irá a juicio por el crimen de su compañero

La Justicia santafesina declaró inimputable a Gino C., el adolescente de 15 años que asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. Tras una audiencia de atribución de cargos, las autoridades confirmaron que el menor no es punible y, por lo tanto, no enfrentará un juicio ni una medida cautelar privativa de la libertad. A pesar de esta resolución legal que bloquea cualquier condena, el atacante continuará alojado en un instituto de menores en la capital provincial mientras se define su futuro.

La decisión de los tribunales quedó atada estrictamente a los plazos de la legislación vigente. Durante una conferencia de prensa en la avenida Trabajadores Ferroviarios, los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra explicaron que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) carece de herramientas legales para avanzar. Los funcionarios aclararon que el nuevo régimen penal recién entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, lo que salvó al acusado de responder penalmente bajo las normas de la vieja ley 22.278, pese a la carátula de "homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego".

Lejos de tratar el hecho como un acto impulsivo, la fiscalía reveló que el crimen tuvo premeditación. Los investigadores detallaron que el evento contó con "cierta planificación" y que el trasfondo del ataque está directamente atravesado por una red de vínculos familiares y relaciones en redes sociales. Aunque el expediente no terminará en una celda para el tirador, el MPA aseguró que la investigación es compleja y seguirá su curso para terminar de reconstruir los momentos exactos que rodearon la tragedia.

El clima de la audiencia reflejó el dolor y la tensión extrema del caso. Por pedido de los fiscales, el adolescente acusado no estuvo presente en la sala, mientras que los padres de la víctima de 13 años también decidieron ausentarse. Por su parte, la abogada defensora Mariana Oroño indicó que los padres del agresor llevan la situación "como pueden" y reveló que, hasta el momento, no existió ningún tipo de contacto ni pedido de disculpas hacia la familia de Ian, quien recibió el último adiós el pasado martes.

Mientras Gino C. permanece acompañado por su padre y bajo la evaluación de un equipo interdisciplinario, la policía aceleró las medidas de prueba sobre su entorno más íntimo. El martes, fuerzas provinciales allanaron la casa donde el menor vivía con sus padres. Apenas 24 horas después, la Policía Federal ejecutó un segundo operativo en la misma propiedad, que también incluyó la requisa de un comercio perteneciente a la familia, aunque las autoridades no informaron sobre el detalle de los elementos secuestrados.

El caso quedó atrapado en una transición jurídica clave. Al tener 15 años, el tirador resultó inalcanzable para el sistema penal bajo la actual ley 22.278. Si el ataque se hubiera producido después de la primera semana de septiembre, fecha en la que entra en vigencia la nueva normativa, el destino judicial del menor sería drásticamente distinto y el MPA podría haber solicitado medidas punitivas reales.

Al descartarse el proceso penal tradicional, el equipo de abogados de la familia del agresor (integrado por Mariana y Néstor Oroño) barajó un camino alternativo. El joven aguarda un diagnóstico interdisciplinario en Santa Fe y la estrategia legal apuntó a que el menor sea derivado a un establecimiento de salud específico para recibir un abordaje y "medidas curativas", clausurando así cualquier perspectiva de encierro carcelario.

La reconstrucción del Ministerio Público descartó la teoría de un estallido repentino. Los fiscales pusieron el foco en el comportamiento previo del adolescente, analizando sus movimientos en redes sociales y su dinámica intrafamiliar. Esta confirmación de "cierta planificación" validó que la violencia no fue accidental, sino un acto estructurado que la Justicia aún intenta desentramar para entender cómo se gestó el asesinato dentro del aula.