El presidente Javier Milei junto al empresario Hayden Davis.
En el marco de la causa judicial por el caso $Libra, la Secertaría General de la Presidencia rechazó ante la Justicia la existencia de un acuerdo entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas con criptomonedas.
La respuesta fue remitida por el área gubernamental a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Eduardo Taiano, en cumplimiento de un requerimiento judicial efectuado el pasado 24 de febrero.
En esa solicitud, la fiscalía pidió información sobre la existencia de un eventual “acuerdo confidencial” entre Davis y Milei, supuestamente firmado antes del lanzamiento del token “$Libra”, ocurrido el 14 de febrero de 2025. En caso de existir, se requirió además la remisión de la documentación correspondiente.
En el Gobierno nacional, la respuesta fue: “No obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”. Esta fue la contestación del subsecretario Legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, en el escrito oficial, consignó el diario "Ámbito".
Asimismo, el documento señala que, tras realizar las consultas correspondientes en el ámbito de competencia de la dependencia, no se hallaron registros que acrediten el vínculo contractual mencionado en la causa.
Esta presentación se incorpora ahora al expediente que investiga si existieron acuerdos previos al lanzamiento del token $Libra y cuál habría sido el grado de participación de funcionarios o terceros en su desarrollo.
En el marco de la investigación, la pericia oficial realizada por la Datip sobre el teléfono de Mauricio Novelli, empresario cercano a Milei, detectó un borrador de un acuerdo vinculado al asesoramiento en criptomonedas y otros temas.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con el objetivo de reconstruir los antecedentes del proyecto y determinar posibles vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental.
La principal prueba del expediente es el análisis de los dispositivos electrónicos recuperados del teléfono de Novelli, cuyo contenido había sido previamente eliminado.
