El primer proyecto del año enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para debate se vincula con la búsqueda de un nuevo marco normativo para garantizar la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. La iniciativa plantea reorganizar el servicio de inclusión escolar, disponer la incorporación de docentes de apoyo dentro de la estructura de las escuelas de educación obligatoria y derogar la actual Ley 9.575. El principal cambio con la norma provincial vigente es que incorpora en los establecimientos el docente de apoyo como parte del personal estable de las instituciones, lo cual alivia a las familias de tener que hacer trámites en ese sentido.
En los fundamentos se volcó que tanto el docente de grado como de educación especial deben promover el trabajo en equipo para que el estudiante en la escuela acceda al conocimiento y genere la necesaria autonomía que le permita desenvolverse en su entorno social.
Se trata del abordaje a un problema que ha ido visbilizándose en los últimos tiempos. “Muchas familias están preocupadas por la educación de sus hijos con discapacidad y por cómo se van a desarrollar dentro de la escuela. Por eso es fundamental comprender que existen trayectorias de aprendizaje diversas”, dijo una especialista consultada al respecto en LG Play,. “En algunos casos hay trastornos del desarrollo que pueden afectar el lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas o incluso las interacciones sociales. Estos estudiantes necesitan apoyos específicos para poder transitar su escolaridad”. añadió.
En la propuesta se cita a autoras que advierten que los padres tienen pánico de que sus hijos caigan del sistema y dicen que “al quedar la solución a cargo de cada familia, inevitablemente se llega a la asignación de una patología para cada niño, un certificado de discapacidad y la ayuda externa del personal no docente, que invade las aulas transformándolas en un desfile de profesionales que trabajan para la inclusión, pero que no están incluidos en las instituciones, en el proyecto educativo ni en la estrategia terapéutica”. La iniciativa, en ese sentido, propone que el rol de los docentes debe definirse a partir de las necesidades reales del estudiante, “ya que responder de manera irrestricta a la demanda de acompañarlo durante toda la jornada escolar (asumiendo el papel de ‘docente sombra’) puede limitar su desarrollo personal y su capacidad para enfrentar desafíos de forma autónoma”.
La idea es que los educadores se capaciten para planificar actividades diversificadas y puedan comprender las necesidades específicas de los estudiantes y que al mismo tiempo haya un docente de apoyo que pertenezca al establecimiento educativo de nivel obligatorio, y que sea ese profesional el que intervenga en todas las situaciones que requieran su asesoramiento, en corresponsabilidad con el equipo técnico, regulando las intervenciones de acuerdo a las particularidades de cada estudiante.
Es de suponer que esta propuesta va a generar alivio para muchas familias que requieren este apoyo, así como a los estudiantes y a los docentes. Requiere, por cierto, una tarea fina para que se pueda aplicar con precisión. Es de esperar que resulte útil y ayude a generar ambientes de aprendizaje más inclusivos.
