MARCHA POR PEDIDO DE "LIBERTAD DE MAXI Y SANTIAGO" FOTO OSVALDO RIPOLL/ LA GACETA
Familiares, amigos y allegados de los jóvenes detenidos por el ataque ocurrido en Tafí del Valle convocaron este jueves a una marcha en la Plaza Mitre de Concepción, bajo consignas que reclaman el debido proceso, el esclarecimiento del hecho y lo que definieron como una “búsqueda de la verdad”. La movilización tuvo como eje central el pedido de liberación de uno de los imputados, cuya familia asegura que no participó de la agresión.
En la previa de la manifestación, Marisa Gómez, madre de uno de los detenidos, brindó un testimonio en el que cuestionó duramente la acusación contra su hijo y el procedimiento policial realizado en su domicilio. Según relató, los videos que circulan del episodio muestran claramente que el joven intervino para frenar la pelea.
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“Él entra a separar, se ve claramente. Después se da la vuelta y se va. Sin embargo, hoy está preso como si fuera un delincuente peligroso”, expresó.
Uno de los principales puntos del reclamo familiar apunta a la presunta desproporción entre las lesiones constatadas y la carátula de la causa. Actualmente, la imputación es por lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores, aunque uno de los abogados de la querella había solicitado que se investigara como tentativa de homicidio, pedido que fue rechazado por la fiscalía.
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En ese sentido, Gómez remarcó que el informe médico da cuenta de lesiones leves. “Habla de un moretón y un rasguño. Si realmente hubieran querido matarlo entre tantas personas, no estaría caminando ni subiendo videos al otro día”, argumentó.
La mujer también rechazó la asociación mediática de su hijo con el rugby, un punto que generó fuerte repercusión pública tras el hecho. “Mi hijo no juega al rugby, no pertenece a ningún club. Hace otro deporte. El vínculo con los demás chicos es que fueron compañeros de la escuela. Concepción es chica, acá todos se conocen”, explicó.
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Otro de los momentos más sensibles de su testimonio fue el relato del allanamiento realizado en su vivienda, al que calificó como “violento y excesivo”. Según denunció, el operativo se llevó adelante cuando su hijo no se encontraba en el domicilio.
“Rompieron la reja y la puerta, entraron gritando, me tiraron al piso, me apuntaron con armas. Eran muchas personas del Grupo Cero. Buscaban sangre, revisaban todo. Yo estaba sola”, relató. Aseguró además que nunca se resistió y que, de haber tocado el timbre, ella misma habría abierto la puerta.
De acuerdo a su versión, el joven se encontraba trabajando en el campo junto a su padre y se presentó voluntariamente al ser avisado del procedimiento. “Entró caminando, entregó su teléfono, dio la clave. Nunca se negó a nada”, remarcó.
En la misma línea se expresó Jorge Bagne, padre del detenido, quien pidió que se analicen con detenimiento las pruebas incorporadas al expediente. “No crean en mi palabra. Revisen la causa y vuelvan a mirar los videos”, solicitó.
El hombre sostuvo que las declaraciones que comprometen a su hijo se basan en referencias indirectas. “Cuando declaran las personas que supuestamente lo nombran, dicen que no lo conocen o que no lo vieron pegar. Eso está en la causa”, afirmó. También aseguró que su hijo mantuvo un intercambio de mensajes con la víctima luego del episodio, en el que le aclaró que había intervenido para separar y le pidió disculpas si algo lo había incomodado.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta. La Fiscalía analiza nuevos testimonios y material audiovisual para determinar cómo se desarrolló la pelea, quiénes participaron activamente y si corresponde mantener las imputaciones actuales. En paralelo, el caso sigue generando repercusión social y política, con pronunciamientos públicos que elevan la tensión alrededor del expediente.
“Nosotros no defendemos la violencia”, insistió Marisa Gómez. “Defendemos la justicia. Y creemos que hoy se está juzgando a mi hijo más por lo mediático que por las pruebas”.
