Érika Antonella Álvarez era una joven doblemente vulnerable: primero, por su condición de mujer y, después, por sus problemas de adicción. Sus familiares aportaron información valiosa sobre su vinculación con personas relacionadas con el tráfico de drogas.
La víctima mantenía una relación sentimental con Carlos Alberto Ferreira Benítez, un supuesto narco paraguayo que eligió la provincia para esconderse. Fue detenido en 2021 en Alberdi, escenario en el que estalló un escándalo el año pasado al vincularse al poder político con la comercialización de estupefacientes. En su país natal fue acusado de dirigir una organización dedicada a traficar grandes cantidades de marihuana por vía aérea hacia la Argentina. En el marco de la investigación del crimen, un testigo señaló a este hombre como organizador de vuelos narcos.
“El Paraguayo”, como es conocido, fue quien presentó a la víctima a Felipe Sosa. A partir de ese momento, se habrían visto con frecuencia en los últimos tiempos, posiblemente en reuniones donde se consumían drogas y se concretaban encuentros sexuales. Los familiares de la víctima contaron que sabían que “El Militar” estaba vinculado a las fiestas electrónicas y que, en varias visitas realizadas a su casa, observaron pastillas que podrían tratarse de éxtasis.
Otro indicio
Los pesquisas analizan otro indicio. Uno de los puntos dispuestos en la ley sancionada para la organización de estos encuentros establece que el control en el interior de las fiestas debía ser responsabilidad de agentes de empresas de seguridad privada. No descartan que Sosa, a través de su empresa, pudiera haberla utilizado como pantalla para comercializar estupefacientes en esos encuentros. “Esas son versiones absolutamente falsas. Nuestro asistido tiene problemas de adicción”, indicaron Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los defensores del único imputado por el crimen.
“El Militar” tiene abierta una causa en la Justicia Federal vinculada a drogas. En junio de 2023, Sosa fue procesado luego de que en una de sus viviendas se encontrara un importante centro de producción de marihuana. Argumentó que tenía autorización para cultivar para él y para otras personas. El juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó. Sin embargo, el fiscal federal Agustín Chit apeló la resolución en abril y la cuestión continúa sin resolverse.
Hasta el momento, el Ministerio Público no envió una copia del expediente a la fiscalía especializada ni a la Justicia Federal para que definieran si era necesario instruir una causa paralela por narcomenudeo y narcotráfico.
