EN LA AUDIENCIA. Justina Gordillo (en el centro) junto a sus abogados defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim. cdsvcsdmcsbdamsda
Fue mucho más que una audiencia en la que se confirmó que Justina Gordillo se transformó en la segunda procesada por el crimen de Érika Antonella Álvarez, aunque imputada por maniobras de encubrimiento y no por el homicidio. Por ese motivo, continuará detenida durante tres meses más. Además, surgieron dos datos que nunca antes habían sido confirmados: hubo más personas implicadas en el asesinato y se montó un importante despliegue para ocultar el cuerpo de la víctima.
El martes 6 de enero, la joven fue trasladada por Felipe “El Militar” Sosa hasta su casa de Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. De ella no se supo nada hasta que su cuerpo fue encontrado el jueves 8 en un descampado de Manantial Sur. A partir de ese hallazgo se inició una investigación que avanzó con la detención, en Buenos Aires, del ex integrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera. Fue acusado de homicidio simple y se le dictó la prisión preventiva por seis meses.
Con el correr de los días, se estableció que en la casa del procesado se habría realizado un encuentro sexual grupal y, posiblemente, se habrían consumido drogas. Los familiares de Érika señalaron que Gordillo, pareja de Sosa, la habría insultado y hasta amenazado por los contactos que la joven mantenía con su novio. “A ella le molestaba que mi hermana lo tocara o que ‘El Militar’ la buscara a Érika. Después se enteró de que era su pareja”, declaró una hermana de Álvarez, según la cita reproducida por el fiscal Pedro Gallo durante la audiencia.
ACUSADOR. Pedro Gallo, el cuarto fiscal en intervenir en el caso.
La procesada fue registrada por cámaras de seguridad ingresando al domicilio del “Militar”, por lo que se sospecha que también habría participado del encuentro sexual. Sin embargo, las mismas imágenes registraron que se retiró de la vivienda pasadas las 0.30, cuando Érika aún estaba con vida. La víctima se comunicó con su madre a través de mensajes de WhatsApp unos 40 minutos después.
“Se ha recolectado evidencia suficiente para imputarla por encubrimiento personal y real, doblemente agravado por la gravedad del hecho precedente- el crimen- y por su condición de funcionaria pública (es técnica de marketing y se desempeña en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia)”, señaló el representante del Ministerio Público. Para el fiscal, la acusada colaboró en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación del celular de la víctima y ayudó a Sosa a fugarse. Carlos Garmendia, representante legal de la querella, adhirió al pedido.
La polémica
“Niego cualquier participación en el hecho. Nunca conocí a Érika. Sólo me imputan por ser pareja de Sosa”, declaró Gordillo. “Quiero que sepan que me están haciendo un enorme daño laboral, familiar y a mi salud por todo lo que estoy viviendo”, añadió.
Érika Antonella Álvarez
Sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, sorprendieron a propios y extraños al señalar que la imputación estaba mal formulada y que su asistida debía ser absuelta. Los profesionales fundamentaron su planteo al sostener que los familiares hasta el cuarto grado de parentesco no están obligados a denunciar. “En este caso está demostrado que Gordillo era pareja de Sosa”, afirmaron.
Gallo cuestionó esa postura. “En un primer momento dijimos que Sosa, junto con otras personas no identificadas hasta el momento, realizó un importante despliegue para llevar adelante estas maniobras. Ella podría haber participado no sólo para encubrir al otro imputado, sino también a los otros sujetos desconocidos”, indicó. Garmendia adhirió al planteo y agregó que no era la etapa procesal para solicitar la absolución.
El juez Bernardo L’Erario Babot dispuso un cuarto intermedio y, tras unos minutos, resolvió rechazar el planteo de la defensa. “Está claro que no podemos hablar de una pareja debidamente constituida, ya que participaban de encuentros sexuales grupales. Eso habla de una amistad, no de una pareja común”, señaló. “Además, tal como establece la jurisprudencia, al no estar acreditada la relación, no se puede hablar de la afectación de la unidad familiar”, destacó.
El último tramo
El fiscal Gallo solicitó que se le dicte la prisión preventiva por tres meses, al argumentar que la acusada podría darse a la fuga debido a sus recursos económicos, entorpecer la investigación y continuar ayudando a los desconocidos para que no sean identificados. El representante legal de la familia coincidió con el planteo del Ministerio Público.
Los defensores rechazaron el pedido y solicitaron que, en caso de dictarse la medida cautelar, se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario. L’Erario Babot hizo lugar al pedido de los acusadores. Antes de dar a conocer el fallo -que fue impugnado por Abdala y Atim-, le recomendó a Gordillo: “Sepa usted que puede concurrir a la fiscalía para que, en una entrevista, cuente todo lo que sabe de este caso”.
