MOMENTOS DECISIVOS. Los peritos del Ministerio Público comenzaron a realizar diferentes pericias.
En un solo día, los investigadores recibieron dos buenas noticias que permitirían avanzar en la investigación del crimen de Érika Álvarez. La primera de ellas fue la confirmación de que los peritos del Ministerio Público podrían obtener información del celular de la víctima a través de una herramienta tecnológica. Horas después, durante un allanamiento, la Policía encontró la computadora en la que estarían almacenados los movimientos realizados por las camionetas del Grupo Sosa, la empresa de seguridad de la que el imputado Felipe “El Militar” Sosa es socio gerente.
“Son avances importantes. Del teléfono de Érika se puede obtener numerosa evidencia que permitiría profundizar la investigación”, sostuvo Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima. “Ella tenía la costumbre de guardar todo lo que hacía en su vida: mensajes, fotos y hasta videos de los lugares en los que estaba y de las personas que veía”, indicó el abogado.
Esa información es considerada clave por los investigadores. Los pesquisas, al igual que los fiscales María del Carmen Reuter, Carlos Picón y Marcelo Leguizamón, no dudan de que Sosa sería el autor material del crimen. Sin embargo, sospechan que no actuó solo. Sostienen que en el caso podrían haber participado otras personas, ya sea en el homicidio en sí o en su encubrimiento.
La línea narco
La información también resulta fundamental para analizar la denominada línea narco del caso. Hasta el momento, los investigadores sostienen que a Érika no la habrían asesinado por una cuestión vinculada directamente con las drogas, sino porque habría conocido numerosos detalles del tráfico de estupefacientes en sectores exclusivos de Tucumán.
La joven no sólo habría mantenido una relación sentimental con “Carlos”, un traficante que se habría refugiado en la provincia debido a que tenía pedidos de captura a nivel nacional e internacional. Este misterioso hombre habría sido quien la presentó a Sosa. El acusado del crimen, según declaró la hermana de la víctima, Marianela Álvarez, podría haber sido proveedor de éxtasis que se vendía en fiestas electrónicas. Hasta el cierre de esta edición, no trascendió si el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación paralela sobre esta línea.
“La familia ha sido muy clara. Quieren saber quién o quiénes mataron a Érika y por qué. Pero también pretenden que se investiguen los indicios narcos que surgieron durante la pesquisa. Hay una gran oportunidad para avanzar. Si el Ministerio Público no lo solicita, haremos una denuncia ante la Justicia Federal”, reiteró Garmendia.
En ese contexto, los investigadores siguen de cerca un dato que podría resultar clave. Carlos, según confiaron fuentes de una fuerza federal, habría sido detenido en Tucumán en el marco de una causa por drogas y luego extraditado a otra provincia.
Otro avance
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Montero y Miguel Carabajal, allanó la sede del Grupo Sosa. En esas oficinas encontraron un dispositivo de almacenamiento que sería clave para la pesquisa. La firma, como muchas empresas de seguridad, utiliza un sistema de monitoreo y seguimiento de los vehículos que emplea para sus tareas habituales.
En el marco de esta causa, las autoridades ya decomisaron más de media docena de camionetas. Con la información que se obtenga de ese dispositivo, los investigadores podrán confirmar o descartar si alguna de ellas fue utilizada para arrojar el cuerpo de Érika en un descampado de Manantial Sur.
El fiscal Picón, durante la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva por seis meses a Sosa, sostuvo que la joven habría sido asesinada entre el miércoles 7 y el jueves 8 en una vivienda de Yerba Buena. Luego, utilizando un vehículo que hasta ese momento no había sido identificado, habrían intentado ocultar el cadáver.
En materia de pericias, hoy se desarrollará un procedimiento considerado clave en este tipo de investigaciones complejas. Se abrirán los sobres que contienen las muestras biológicas que serán sometidas a estudios genéticos. Hasta el momento, no se detalló qué tipo de rastros fueron encontrados.
Planteo
“Hay que ser prudente a la hora de informar sobre este caso. Se está demonizando a un empresario y se está generando un daño importante a sus allegados, especialmente a sus hijas”, sostuvo Marcelo Cosiansi, quien junto a Rubén Flores ejerce la defensa del acusado. “Es cierto que es militar, pero no es ningún comando ni recibió instrucción especial alguna. Siempre participó de misiones de paz”, añadió.
Por otra parte, el profesional confirmó que en las próximas horas solicitará una audiencia para que se analicen los problemas de salud que padece “El Militar”. El imputado reconoció ser consumidor de cocaína y marihuana. “Está atravesando una crisis de abstinencia. Necesita atención médica y contención profesional”, explicó Cosiansi.
El abogado adelantó que pedirá que Sosa sea sometido a una junta médica para que se elabore un diagnóstico y se recomiende el tratamiento adecuado. Actualmente, el imputado se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz.
