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DETENIDA. La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, es trasladada por la Policía.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió procesar a la tesorera de Sur Finanzas y a dos empleados que cumplían tareas de custodia, acusados de haber ocultado información relevante para la investigación judicial. Los tres habían sido detenidos hace dos semanas en un galpón de Turdera, cuando retiraban computadoras del lugar con el objetivo de ser borradas.
Según informaron fuentes judiciales, Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín fueron procesados por el delito de encubrimiento agravado. Si bien se trata de una figura excarcelable, el magistrado consideró que existen riesgos para el avance de la causa si los imputados recuperan la libertad.
En ese marco, Armella hizo lugar a un pedido de las defensas y dispuso que los tres continúen detenidos bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Se trata de las primeras decisiones de fondo dentro del expediente que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. La empresa pertenece a Ariel Vallejo, un empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y que supo desempeñarse como sponsor y financista de distintos clubes del fútbol argentino.
La investigación derivó en una serie de allanamientos que incluyeron a la propia Sur Finanzas, a la AFA y a 18 clubes, en busca de documentación contable y elementos que permitan reconstruir el circuito financiero de la firma. El foco se amplió tras una denuncia anónima que alertó a la Justicia sobre movimientos sospechosos en un depósito ubicado en Turdera.
A partir de ese aviso, la fiscal federal Cecilia Incardona ordenó tareas de vigilancia encubierta. La Policía Federal constató que desde el galpón se retiraban cajas y equipos informáticos. En ese contexto fueron sorprendidos Sánchez y los dos choferes, quienes trasladaban computadoras con destino a un técnico informático que luego declaró que le habían solicitado realizar un trabajo de reseteo.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro de gran tamaño), posnets, documentación de vehículos, dos CPU, una computadora “all in one”, un DVR, equipamiento médico, 30 cajas con papeles y cinco cajeros automáticos, además de varios teléfonos celulares.
EN PROBLEMAS. Los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín también quedaron detenidos durante el operativo.
Todo el material incautado comenzó a ser analizado por distintos organismos especializados. Por orden del juez Armella, intervienen la Policía Federal, la Dajudeco, la Procelac y la fiscalía del caso, que trabajan de manera coordinada para revisar tanto la documentación como los dispositivos electrónicos.
En paralelo, la Justicia avanzó con la apertura de los teléfonos celulares secuestrados. Entre ellos se encuentran los de Ariel Vallejo, quien los entregó voluntariamente junto con el de su madre, Graciela Vallejo, presidenta de Sur Finanzas, aportando además las claves de acceso. Ambos equipos ya fueron desbloqueados.
El descargo de la tesorera ante la Justicia
En su descargo, presentado la semana pasada, Sánchez negó haber intentado ocultar o destruir pruebas. “Mi única intención fue preservar mi puesto de trabajo y permitir que la empresa siguiera funcionando”, sostuvo por escrito. En su declaración ante la Justicia, también afirmó que actuó siguiendo órdenes, aunque no precisó de quiénes. La posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido le fue ofrecida, pero decidió rechazarla.
La tesorera explicó que había concurrido al galpón junto a los choferes para retirar cuatro computadoras que serían utilizadas en una sucursal de la empresa y que, tras llevarlas a un técnico, regresaron al depósito para devolver una de ellas por tratarse de un equipo antiguo. Según su versión, al advertir la presencia de una camioneta que les resultó sospechosa -que luego se confirmó que pertenecía a la Policía Federal-, se retiraron del lugar por temor a un robo, hasta que finalmente fueron interceptados, identificados y detenidos.
La causa sigue su curso y no se descartan nuevas medidas en una investigación que, por sus derivaciones, mantiene en alerta tanto al mundo financiero como al fútbol argentino.
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