Las provincias contraatacan

Hace doce años, estuve accidentalmente en la casa de Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios aludidos en los polémicos audios de Diego Spagnuolo, antes de que fuera suya. Llegué al muelle de esa casa en una canoa, después de remar durante una hora de una orilla a otra de la principal laguna -280 hectáreas- de Nordelta, el megabarrio cerrado con 45.000 habitantes de la zona norte del Gran Buenos Aires. Al verme exhausto, un adolescente acompañado por su hermano menor, me ofreció agua. Años más tarde esos chicos integrarían los planteles de River, Atlético de Madrid y la selección argentina de fútbol. Su padre, Diego Simeone, vendería la imponente casa en la que vivían al actual CEO de la droguería Suizo Argentina. El nuevo propietario demolería parte de la estructura original para montar un enorme garage que hoy alberga una colección de autos deportivos, en alguno de los cuales habría paseado Martín Menem (aunque versiones adjudicaron el paseo a su primo “Lule”, rebautizado “Hule” porque “lo están haciendo de goma”).

El escándalo Spagnuolo es una torre que amenaza a una reina, y oblicuamente a un rey. Como en el poema de Borges, hay un jugador (ignoto, conjeturable) que mueve la pieza, y probablemente también un dios que mueve al jugador. Pero la existencia de titiriteros no implica que la sustancia de la obra sea pura ficción. “Nos operan con la verdad (o con una parte de ella)”, dicen actores que caminan por la Casa Rosada. El Gobierno intentó explicar una extravagancia matemática; cómo la droguería mencionada en los audios multiplicó sus contrataciones con el Estado de 3.900 millones de pesos en 2024, a adjudicaciones por 100.000 millones en lo que va de 2025. El mecanismo licitatorio que justificaría el incremento no despeja las dudas sobre relaciones opacas entre la política, en la actual y anteriores gestiones, y uno de los sectores históricamente ligados a la financiación de campañas y a los contratos estatales.

Tablero parlamentario

El folletín subtropical de los audios quizás continúe acaparando la discusión pública en las próximas semanas. Pero hay otra partida, probablemente más determinante, que se despliega sobre el doble tablero parlamentario. 329 piezas (72 senadores y 257 diputados) que en un alto porcentaje dependen de 26 jugadores. Gobernadores, un presidente y una ex mandataria en prisión domiciliaria se juegan allí una parte de su destino, y del nuestro. En un virulento y excepcional enfrentamiento entre poderes, que en algún momento involucrará al judicial, abriendo una partida en otro tablero, con inciertas consecuencias. La puja parlamentaria también puede esbozar la posible fisonomía de la política argentina en el segundo bienio de la actual gestión.

El Gobierno viene perdiendo en el Congreso, semana tras semana, votaciones que amenazan al superávit, eje central de su plan económico y electoral, y también a su estrategia política futura. La pulseada en estos días es “veto presidencial contra ratificación legislativa”. Paralelamente, un proyecto de modificación de las reglas que rigen a los decretos presidenciales podría debilitar la efectividad de una herramienta hasta ahora fundamental para compensar la falta de mayorías en las cámaras. El proyecto, por descuido o errores del Ejecutivo, terminó de cocinarse en despachos senatoriales -hasta hace poco- aliados del Gobierno.

El oficialismo intenta transmitir calma pronosticando que todo aquello que afecte el programa fiscal será revertido después de las elecciones. El razonamiento oficial indica que, con la nueva composición de las cámaras, el mileísmo contará con el tercio necesario para bloquear cualquier intento de voltear sus vetos. Y a eso se sumaría la presión del respaldo electoral, convenciendo a la oposición moderada que debe acompañar las iniciativas gubernamentales.

Nacido el 9 de julio

La noche tucumana del 8 de julio de este año preanunció la nueva etapa que vive la política argentina. Después de una postal independentista, con asistencia casi perfecta de los gobernadores secundando al presidente en la vigilia del 9 de julio de 2024, una excepcional niebla porteña actuó como coartada para abortar un vuelo presidencial hacia una foto que reflejaría notables ausencias. En un programa radial, en la mañana del día patrio, el Presidente apuntó a los 24 gobernadores: “Quieren romper todo, no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor”. Una declaración de guerra.

Al día siguiente, la ofensiva de los gobernadores se plasmó en el Parlamento con el impulso de leyes que restituían fondos a las provincias y ampliaban partidas en áreas sensibles. Una agenda parlamentaria incómoda que se fue engrosando con el correr de los días: ATN, discapacidad, jubilaciones, salud y educación públicas. Y que continúa viva. “Están obsesionados en aprobar leyes de quiebra” dijo Javier Milei, este jueves, en un acto de una organización empresarial. “Si el Congreso rompe el equilibrio fiscal, chau programa”, sentencia el economista Ricardo Arriazu.

La guerra se declaró un 9 de julio pero la semilla se sembró con la decisión del oficialismo de ir por todo a lo largo y ancho del país. En el debate interno del “triángulo de hierro”, se impuso la línea karinista sobre el vértice dialoguista. Con contadas -y relativas- excepciones (forjadas con contratos de adhesión a la confección de listas de La Libertad Avanza en cinco provincias), los gobernadores sienten que en estas elecciones se juegan el 2027 contra la ola violeta.

Hay guerra pero con los ex aliados rige la Convención de Ginebra. No se tiran con gases tóxicos. Temas incómodos para ambos bandos -por ejemplo, audios y sus derivaciones- pueden quedar en la lista de armas excluidas por pactos de buena fe.

Federalismo o Libertad

“Nunca la política argentina estuvo tan fragmentada ni los gobernadores tuvieron tanta autonomía”, diagnosticó el consultor Alejandro Catterberg ante un grupo de clientes de un banco nacional. En efecto, la única estructura política que juega en todo el territorio es La Libertad Avanza, partido que hace dos años era un sello de goma con solo dos diputados y ningún intendente en un país con 1.300 municipios. Hoy aspira a duplicar sus bancas legislativas pero no tiene ningún gobernador propio. El PRO y el radicalismo afrontan agudas crisis en las que sus líderes formales no inciden en ningún gobernador. Y el peronismo, como define Jorge Asís, hoy es “una confederación de gobiernos provinciales”.

El resultado electoral, en cada distrito, marcará el potencial de LLA de pelear las gobernaciones dentro de dos años. Si esa amenaza se consolida, será difícil alinear intereses para una colaboración entre gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional, como la que se gestó en su momento con Tucumán, Catamarca o Salta. Un anticipo de esas eventuales disputas se vivirá este domingo en Corrientes, donde los libertarios compiten por la gobernación contra el oficialismo radical.

Más allá de la unanimidad entre los gobernadores en la pelea por los recursos que consideran que les corresponden, se insinúan proyectos políticos como el de Provincias Unidas, liderado por Juan Schiaretti junto a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y Chubut, con conversaciones con los mandatarios de Corrientes, Salta y Capital.

Tablero electoral

El tablero opuesto al parlamentario es el electoral. Aquí también hay dos escenarios importantes. El primero, desplegado en la provincia de Buenos Aires, hoy atrae la atención de inversores extranjeros, quienes tienen menos posibilidades de complejizar su análisis y tomarán al próximo domingo como un primer test de la capacidad del kirchnerismo de volver al poder. Si el oficialismo nacional pierde contundentemente, una presión al alza del dólar y el riesgo país, y a la baja de bonos y acciones, inyectará una volatilidad que puede desdibujar la tranquilidad que el Gobierno necesita en octubre para buscar el respaldo de los votos.

El otro riesgo deriva del costo acumulado para llegar a octubre con una imagen de estabilidad. El efecto recesivo de una estrategia que implicó subir fuertemente tasas y encajes bancarios, secando la plaza de pesos, puede impregnar las percepciones de un alto porcentaje de votantes. ¿Cómo llegarán a la cuarta semana de octubre los integrantes de los segmentos socioeconómicos más afectados, con las dificultades crecientes para llegar a fin de mes (se vota un 26) y las limitaciones en sus modos de vida? Hay una puja creciente, en el imaginario argentino, entre recesión e inflación. En 1995, Menem fue reelecto con una tasa de desocupación del 16% y caída de la economía -también con sonoros casos de corrupción- pero con una estabilidad generada por la convertibilidad que contrastaba con el fantasma de la hiperinflación. ¿Cuánto sigue espantando hoy, a una mayoría de argentinos, el fantasma del pasado o la sensación de falta de opciones en el presente?

El índice de confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella y publicado esta semana, muestra una notoria caída del 13%. Milei necesita quebrar la inercia negativa que marcan múltiples métricas con un efecto plebiscitario que le permita reajustar las fricciones republicanas de un parlamento atravesado por una crisis de representación.

El Gobierno quiere llegar lo más rápido posible al entretiempo después de los acuciantes minutos finales del primer tramo del partido. Cuando el equipo oficial se retire a los vestuarios de ese domingo electoral, necesitará ser acompañado por los aplausos de entre un 35 y un 40% de los espectadores de ese estadio de votantes, para jugar con oxígeno suficiente el segundo tiempo.