ATRACTIVO. La iniciativa prevé la creación de la “ruta de la achilata”, un circuito turístico dentro de la Capital.
Lo que se presentó como un reconocimiento simbólico a uno de los productos más representativos del verano tucumano -y de todo el año, en realidad- terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La aprobación de una ordenanza que declara la achilata de interés turístico municipal abrió un fuerte cruce entre un edil del oficialismo y otro de la oposición, que incluyó acusaciones sobre coerción, falta de libertad laboral y beneficios concentrados en un gremio específico.
El justicialista Emiliano Vargas Aignasse, autor de la iniciativa, defendió la ordenanza como una política pública integral que busca poner en valor un rasgo identitario de la ciudad, atraer turistas y ordenar una actividad históricamente informal.
Sin embargo, su homólogo de la Unión Cívica Radical (UCR) Leandro Argañaraz, advirtió que la norma va mucho más allá de una declaración simbólica y que, tal como fue aprobada, impone condiciones a los vendedores ambulantes que restringen su autonomía.
Vargas Aignasse sostuvo que la achilata forma parte del acervo cultural tucumano y que su jerarquización responde a una mirada estratégica. “Es un alimento que nos refresca en el verano, que atrae al turismo y que sorprende a quienes nos visitan cuando ven a los achilateros en la calle”, afirmó en declaraciones al programa Buen Día, de LGPlay. Según explicó, declarar de interés turístico municipal a la achilata implica poner en vidriera ese valor y aprovecharlo como atractivo para la ciudad.
El eje central de la propuesta oficialista es la creación de la llamada “ruta de la achilata”, un circuito turístico con puntos específicos que serían definidos por la Municipalidad. En esos espacios, los vendedores podrían desarrollar su actividad bajo un esquema regulado, con carritos habilitados por Bromatología y condiciones sanitarias controladas. En opinión del peronista, se trata de una ordenanza “noble”, que conjuga promoción turística con ordenamiento urbano.
El concejal destacó que la iniciativa apunta a la formalización laboral de los achilateros que se incorporen a ese circuito. La posibilidad de inscribirse como monotributistas les permitiría acceder a obra social y hacer aportes jubilatorios. “No se está dejando de lado la actividad ambulante; estamos hablando de puntos turísticos concretos”, aclaró. Y remarcó que nadie quedaría impedido de seguir vendiendo achilata.
Vargas Aignasse también contextualizó el proyecto en una competencia regional. Señaló que durante los últimos años, provincias como Salta o Santiago del Estero avanzaron en la valorización turística de sus productos identitarios, mientras Tucumán quedó rezagada. “Tenemos que empezar a tener esa mirada”, afirmó. Y sostuvo que existe una vocación política del Ejecutivo municipal para reglamentar la norma y ponerla en marcha.
Otro punto clave de la ordenanza es el rol del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara). Vargas Aignasse subrayó que se trata de un gremio nacional que nuclea formalmente a los vendedores ambulantes de diversos rubros. En ese marco, señaló que la reglamentación deberá contemplar que quienes ocupen los puntos turísticos estén dentro del marco legal. “Buscamos justicia para quienes hoy son el órgano gremial oficial”, argumentó.
“Un escándalo”
La lectura de Argañaraz es diametralmente opuesta. El radical fue muy crítico, y calificó la ordenanza como “un escándalo”. A su entender, la polémica no pasa por la declaración de interés turístico del producto, sino por el andamiaje normativo que se construyó alrededor de esa definición. “Declarar de interés turístico la achilata no tiene mayor impacto. El problema es que salió una ordenanza coercitiva”, cuestionó.
Argañaraz advirtió que, tal como está redactada, la norma condiciona el derecho a trabajar de los achilateros. Según detalló, sólo podrán vender quienes estén afiliados al Sivara, paguen una cuota sindical, adquieran la indumentaria y alquilen los carritos por medio del gremio, además de limitarse a los lugares que determine la Municipalidad. “No hay libertad: o aceptás esas condiciones o no podés vender”, alertó.
El punto que más preocupación le generó es que la ordenanza establece que los vendedores serán designados por el Sivara. “Lo más grave es que deberán ser personas afiliadas; es decir, que paguen una cuota sindical”, remarcó Argañaraz, quien también puso en discusión el rol del Estado municipal a la hora de fijar puntos de venta para vendedores ambulantes.
Para el edil radical, lejos de ordenar la actividad, la ordenanza beneficia a un sector gremial específico y a sus dirigentes. “Esto no es en favor de los achilateros, sino en favor del gremio y de los gremialistas”, afirmó. Y expresó su rechazo a que el Estado obligue a trabajadores a afiliarse a un determinado sindicato o a inscribirse como monotributistas para que puedan seguir ejerciendo su oficio.
Argañaraz aclaró que no se opone a los controles bromatológicos ni a la fiscalización sanitaria, pero señaló que esas tareas ya forman parte de las responsabilidades habituales del municipio. “Los achilateros son personas que hacen un enorme esfuerzo todos los días. ¿Cómo el Estado los va a estar coercionando?”, criticó.
El oficialismo confía en que la reglamentación despejará las dudas y mostrará los beneficios del esquema. Argañaraz insiste, sin embargo, con sus cuestionamientos. Mientras, la achilata, símbolo indiscutido del verano tucumano, quedó en el centro de un debate más amplio sobre informalidad, regulación, sindicalización y el alcance del poder del Estado en el espacio público.
Textual de la ordenanza: el Sindicato de vendedores ambulantes designará a los “achilateros” habilitados
El texto de la ordenanza dice, básicamente, lo siguiente: “Declarar de interés turístico municipal la promoción y venta del helado denominado achilata. Los vendedores habilitados serán designados por el sindicato de vendedores ambulantes (Sivara) y se encontrarán uniformados acorde a la reglamentación, sin costo para el municipio. Será condición obligatoria la formalización laboral mediante las respectivas inscripciones como monotributista. Los puntos de expendio serán determinados por el municipio de San Miguel de Tucumán. El departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza, y lo que estime necesario para su funcionamiento y difusión”.
