16 Marzo 2005 Seguir en 
El juez federal Felipe Terán tiene en sus manos una investigación que llevan adelante los fiscales federales sobre el presunto lavado de dinero en el Banco del Tucumán. Las maniobras, según la denuncia que realizó el Banco Central de la República Argentina en 2002, se habrían realizado durante la época del corralito. Aparentemente se habrían abierto al menos 40 cajas de ahorro fantasma para concretar el presunto lavado.
Quien era el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le encargó al fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que realice la investigación preliminar.
Los fiscales federales habrían detectado que en el Banco del Tucumán se habrían abierto cuentas ficticias, utilizando los nombres de personas que tenían cuentas en un comercio de nuestra provincia. Incluso se habrían entregado a la entidad fotocopias de documentos de los presuntos clientes, para poder abrir las cuentas. Luego, se habrían realizado operaciones de cambio de dólares.
Como se recuerda, en esa época había un límite, que era de 300 dólares, para la compra, por día y por persona. No se podía hacer compras directas, por lo que el dinero habría sido lavado a través de las cuentas fantasma, según la investigación que realizaron los fiscales. Pero en el Banco Central habrían detectado ventas de dólares que habrían excedido el límite de transacción que se autorizaba por día.
Según se estableció, el Banco del Tucumán habría estado al tanto de lo sucedido, ya que se habían realizado auditorías. Sin embargo y, a pesar de que por un artículo de la ley que crea la unidad de investigaciones financieras se tiene la obligación de denunciar estos hechos, el Banco del Tucumán nunca lo habría hecho, dijeron fuentes judiciales a LA GACETA. El hecho, según indicaron, habría motivado el alejamiento de quien era el gerente general de la entidad, que asumió toda la responsabilidad administrativa.
Desde el comercio que fue denunciado se dijo que se había entregado la documentación a la entidad financiera, en el marco de un acuerdo para que las cuotas se cobraran directamente en el banco. Quien fue gerente general del Banco del Tucumán aún debe declarar en la causa.
Quien era el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le encargó al fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que realice la investigación preliminar.
Los fiscales federales habrían detectado que en el Banco del Tucumán se habrían abierto cuentas ficticias, utilizando los nombres de personas que tenían cuentas en un comercio de nuestra provincia. Incluso se habrían entregado a la entidad fotocopias de documentos de los presuntos clientes, para poder abrir las cuentas. Luego, se habrían realizado operaciones de cambio de dólares.
Como se recuerda, en esa época había un límite, que era de 300 dólares, para la compra, por día y por persona. No se podía hacer compras directas, por lo que el dinero habría sido lavado a través de las cuentas fantasma, según la investigación que realizaron los fiscales. Pero en el Banco Central habrían detectado ventas de dólares que habrían excedido el límite de transacción que se autorizaba por día.
Según se estableció, el Banco del Tucumán habría estado al tanto de lo sucedido, ya que se habían realizado auditorías. Sin embargo y, a pesar de que por un artículo de la ley que crea la unidad de investigaciones financieras se tiene la obligación de denunciar estos hechos, el Banco del Tucumán nunca lo habría hecho, dijeron fuentes judiciales a LA GACETA. El hecho, según indicaron, habría motivado el alejamiento de quien era el gerente general de la entidad, que asumió toda la responsabilidad administrativa.
Desde el comercio que fue denunciado se dijo que se había entregado la documentación a la entidad financiera, en el marco de un acuerdo para que las cuotas se cobraran directamente en el banco. Quien fue gerente general del Banco del Tucumán aún debe declarar en la causa.
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