La novedad cayó como un balde de agua fría para la comunidad científica. El Gobierno dispuso la eliminación de programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. También anticipó el cierre de líneas de investigación que no respondan al “Plan Estratégico” aprobado por el Gobierno para este año.
La resolución 2025/10, publicada en el Boletín Oficial, asegura que se busca optimizar los recursos públicos y redirigir las políticas científicas hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud. Además, se prevé la recuperación de fondos de aquellos programas que no alcanzaron niveles mínimos de ejecución.
“Existe la imperiosa necesidad de reducir el gasto público, y establecer medidas para racionalizar los recursos públicos y redirigirlos hacia áreas estratégicas”, dice el texto de la norma conocida este viernes. Al menos 70 programas están bajo la lupa, con los que el Gobierno estima ahorrar poco más de un millón y medio de dólares.
La medida fue repudiada por la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) y por la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, quienes denunciaron que se busca desfinanciar las investigaciones vinculadas con las ciencias sociales, el calentamiento global y el medio ambiente. “Hay un grave retroceso de las políticas de desarrollo sustentable y una consolidación del negacionismo”, advirtieron en una declaración conjunta. Las organizaciones advirtieron sobre el grave impacto que tendrá el recorte en la estabilidad laboral y el desarrollo de carreras de centenares de investigadores científicos a lo largo y ancho del país.
El punto más cuestionado y que más dudas genera aparece en los considerandos de la resolución. Allí se menciona que resulta imperioso que la evaluación de los programas en marcha se realice verificando su correlato con el denominado “Plan Estratégico definido para el 2024-2025”. Ese documento, tiene su eje en la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país. “Corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico”, menciona el documento publicado por las autoridades.
Desde Tucumán, Dirk Trotteyn, director de proyectos del CCT Noa Sur, calificó de desacertada a la medida del Gobierno. “Se busca orientar la política científica solo a la economía. Hay una mirada sesgada de lo que significa el desarrollo de una sociedad. Las ciencias sociales nos permiten entender muchas cosas. No se puede dejar de lado la agenda de la Justicia, del ambiente, de las convivencia social o del desarrollo sostenible. No se las puede dejar de lado”, precisó.
Mauricio Cattaneo, investigador independiente del CONICET, aseguró que la medida tiene un fundamento ideológico. “Estamos todos en shock. La letra chica de la resolución dice muchas cosas. Pero en concreto de aquí no se sabe nada todavía. ¿Qué proyectos van a ser revisados?, ¿qué programas quedan bajo análisis? ¿cuál es el financiamiento que no tendrá continuidad?”, se preguntó con preocupación.
Cattaneo aclaró que ya existen mecanismos de revisión y hasta de cese para proyectos o programas que no cumplan con las pautas de financiamientos. “Aquí se abre la puerta a modificar todo y por ende el sistema científico en su conjunto está en riesgo”, manifestó a LA GACETA.
Trotteyn, en tanto, recordó que está vigente un Plan de Ciencia y Técnica hasta el 2030. “En su definición interactuaron todos los actores del sistema científico e institucional, incluyendo a las provincias en una mirada federal. Ahora están tirando por la borda lo que está contemplado incluso en una ley nacional”, expresó.
El Plan Estratégico 2024-2025 para el área científica y tecnológica, fija que solo continuarán los convenios que se ajusten a las áreas prioritarias definidas por el Gobierno. Se permitirá la readecuación de plazos y objetivos siempre que no implique un aumento en los montos originalmente asignados. En caso de no llegar a acuerdos, se procederá a la rescisión y recuperación de fondos.
Cómo se distribuye el presupuesto
Argentina destina la mayor parte de su presupuesto de investigación a las ciencias naturales y exactas (32,5%), seguidas de las disciplinas de ingeniería y tecnología (20,8%). En tercer lugar aparecen las ciencias agrícolas (15%), mientras que las ciencias médicas reciben el 10,8%. Por otro lado, las ciencias sociales representan el 13,9% del gasto en investigación y las humanidades el 7,1%. Las cifras pertenecen al informe “El estado de la ciencia 2024”, elaborado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y publicado por la OEI y Unesco. En el país 1 de cada 3 investigadores (35,3%) se dedica las denominadas “ciencias blandas”.