Distorsiones obstaculizan el acceso al financiamiento

PorJulián Suárez Migliozzi Jorge Luciano Crisafulli, economistas del Ieral
Una encuesta realizada por el Banco Mundial a empresas argentinas muestra que del total de las pequeñas empresas, un 52% señaló al financiamiento como un obstáculo importante al desarrollo de sus negocios; mientras que un 45% de los establecimientos medianos también lo considera una barrera importante. Sólo un 28% de las grandes empresas dice que el financiamiento atenta contra la operatoria normal de sus actividades.
Muchos factores condicionan el direccionamiento del crédito en detrimento de los establecimientos pequeños. La correlación crédito otorgado-tamaño de establecimiento es directa, y ello no es casualidad. Los establecimientos pequeños, muchas veces no tienen los recursos necesarios (humanos, infraestructura, estructura organizacional, o simples garantías) para competir por una torta crediticia muy limitada.
Pero entre las dimensiones que condicionan la colocación crediticia, queremos detenernos en aquella referida a los desvíos existentes en los flujos de información, que terminan distorsionando el mecanismo del libre mercado financiero. En este sentido, puede describirse la relación existente entre un banco y una empresa PyME en términos de lo que en la Teoría de Contratos se conoce como el problema del principal-agente, que explicamos a continuación. En una operación de crédito existe un acuerdo entre dos partes: el banco (el principal), quien a través del capital prestado "contrata" al otro actor de la obra, la empresa (el agente), para que a través de la producción de bienes y/o servicios genere recursos adicionales. Parte de estos nuevos recursos retribuirán al banco a través del interés que el préstamo genera; el resto corresponderá para la empresa por el trabajo realizado. El problema surge cuando aparecen asimetrías en la información, es decir, cuando el principal no puede conocer de manera exacta el curso de acción adoptado por el agente. Esto permite al último actuar en forma arbitraria en el caso que existan usos alternativos posibles para el capital prestado. Por ejemplo, podría existir la posibilidad de invertir en algún proyecto con rendimiento esperado mayor, aunque esto implique un riesgo más alto que el propuesto originariamente, lo que en definitiva podría desvirtuar los parámetros de solvencia del principal (prestamista).
Ante esta posibilidad, la entidad financiera incurre generalmente en costos de seguimiento del proyecto con el fin de monitorear el uso de los fondos prestados, previamente preestablecido y acordado entre las partes.
A su vez, a los costos de seguimiento en los que incurren los bancos deben sumársele costos de evaluación de proyectos de inversión, los cuales aparecen cuando la empresa presenta la carpeta con su proyecto a financiar. Y, si bien es cierto que estos costos son necesarios para cualquier proyecto, el costo por peso prestado para proyectos de inversión es más elevado cuanto menor sea el monto del préstamo. Por ende también es mayor el costo financiero final de estos tipos de préstamos de menor envergadura.
La pregunta que surge a colación es: ¿qué medidas de política son propicias para reducir estos costos de gestión crediticia? Al menos surgen dos caminos a seguir. En primer lugar, con relación a los costos de evaluación de proyectos a los que se enfrenta el banco, muchos países industrializados cuentan con un sistema desarrollado de calificación del crédito, a través del cual los bancos asignan un puntaje estandarizado a las carpetas presentadas por la empresa, las cuales presentan a su vez un formato preestablecido por la propia entidad financiera. Este sistema podría ser complementado con la existencia de agencias específicas de evaluación de riesgo PyME. De esta manera, es posible determinar de manera rápida y con bajos costos la bondad del proyecto a financiar.
Adicionalmente, es un imperante avanzar hacia un mayor desarrollo de los registros de información crediticia, en los cuales se presenta un historial detallado del desempeño que los prestatarios han tenido con anterioridad en el sistema financiero. Con sistemas como este el empresario entiende que en su visión sobre el futuro, la reputación obtenida en el pasado es cada vez más relevante.

Sistema jurídico
Continuando con la gestión del costo de seguimiento, es imperante contar con un sistema jurídico eficaz que evite el problema de la protección imperfecta, que surge cuando se le permite al prestatario en default quedarse con parte de los activos que garantizaban el crédito, luego de que el banco haya presentado una demanda de quiebra a fin de ejecutar la garantía. Esto disminuye los costos de incumplimiento, y por ende los incentivos a respetar el acuerdo inicial respecto al uso del préstamo.
En síntesis, el objetivo de toda política a implementar con el fin de mejorar el flujo de capitales hacia la PyME deberá incluir la búsqueda de aquellos mecanismos que permitan reducir costos de evaluación de carpetas, por ejemplo a través de sistemas de calificación de crédito propicios para los tiempos actuales y por venir; a la vez que es fundamental contar con buenos registros de información crediticia, por un lado, y generar incentivos dinámicos que induzcan al agente a respetar el contrato, por el otro.