31 Marzo 2002 Seguir en 
Las agencias de seguridad privada están en pie de guerra por la proliferación de empresas que trabajan clandestinamente en Tucumán, y sus primeros golpes fueron dados en dos frentes diferentes, ante la Justicia local.
Esta serie de denuncias -no es la primera- se inició cuando una empresa que está autorizada en Buenos Aires fue contratada para brindar seguridad en una fábrica tucumana, sin estar habilitada.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo II tiene en sus manos una denuncia puntual sobre esta empresa denominada Lubiseg. "Con un recurso de amparo se pretende que esa firma deje de prestar servicios, por estar violando la normativa vigente en la provincia", se dijo.
La denuncia fue acompañada por un acta notarial en la que se constató que la vigilancia del lugar la hace esa empresa que no estaría habilitada.
La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, trabaja en una denuncia presentada por ese mismo caso, pero en la que se acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público a los responsables del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de Policía.
Todo empezó el 14 de febrero pasado, cuando la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CATESI) denunció que la empresa Lubiseg estaba haciendo la custodia de la planta ubicada en Acheral. Las notas fueron recibidas -según las copias que obran en poder de LA GACETA- por el secretario de Gobierno Eduardo Mattos, por el subsecretario de Seguridad Julio Díaz y por el jefe de Policía, comisario general Luis Valdiviezo.
Díaz explicó que, al conocer las presentaciones de CATESI, se le dio instrucciones a la Jefatura de Policía para que se realice una supervisión en las empresas a efecto de conocer los detalles sobre las habilitaciones y el cumplimiento de las normas legales.
CATESI, a través de su presidente, José Héctor Barberá, solicitaba la intervención de estos funcionarios ante "esta transgresión que afecta la leal competencia y el normal desarrollo de la actividad".
Precios más bajos
En la compulsa de precios que habría hecho la fábrica, el presupuesto más bajo habría sido de $14.000, pero finalmente se contrató a Lubiseg, la que estaría cobrando $12.000 mensuales, según informó CATESI. La diferencia, según la cámara que agrupa a las agencias legales, estaría dada porque la agencia de seguridad porteña no tributa en Tucumán como lo hacen las empresas locales.
Para la habilitación, el dueño de la empresa debe contar con un patrimonio de $50.000 (depósito de garantía) y pagar $5.000 de habilitación en Rentas. Además, y en base a sus ingresos, debe tributar mensualmente el 2,5% por ingresos brutos, el 2,50% de Salud Pública (fondos para hospitales), el 2.3% de impuestos municipales, el 1.3% de arancel policial y el IVA. Además, debe hacer los aportes correspondientes por sus empleados.En estos puntos, comentó el fiscal Anticorrupción Esteban Jerez, se centrará su investigación.
"Esta situación, además de violar las leyes, le ocasiona una gran pérdida al erario con la evasión impositiva. Se está hablando de la seguridad pública", enfatizaron los miembros de CATESI consultados.
Vigilantes sin cursos ni entrenamiento certificado
Otro cuestionamiento que hizo CATESI en su denuncia es que la mayoría de los custodios contratados por estas presuntas agencias "truchas" no tienen el alta policial, que se otorga luego de la realización de un curso que dicta la cámara. Además, esta autorización debe actualizarse anualmente, con una cuota fija que va a parar a las arcas del Estado. El curso y la supervisación que hace la Policía son considerados por la ley que regula la actividad como garantía ante posibles accidentes o excesos.
No tendrían seguros, y ello comprometería al Estado
CATESI presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una lista con cinco agencias que, según la denuncia, estarían trabajando clandestinamente en barrios, empresas y supermercados. Ellas son "Malvinas", "Comando", "Hay Top Security", "Cóndor" y "Lubiseg". La cámara que reúne a algunas de las empresas más importantes de Tucumán destacó en su presentación que el Estado deberá hacerse responsable de las complicaciones que puedan producirse, puesto que aparentemente no tendrían seguros.
Esta serie de denuncias -no es la primera- se inició cuando una empresa que está autorizada en Buenos Aires fue contratada para brindar seguridad en una fábrica tucumana, sin estar habilitada.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo II tiene en sus manos una denuncia puntual sobre esta empresa denominada Lubiseg. "Con un recurso de amparo se pretende que esa firma deje de prestar servicios, por estar violando la normativa vigente en la provincia", se dijo.
La denuncia fue acompañada por un acta notarial en la que se constató que la vigilancia del lugar la hace esa empresa que no estaría habilitada.
La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, trabaja en una denuncia presentada por ese mismo caso, pero en la que se acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público a los responsables del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de Policía.
Todo empezó el 14 de febrero pasado, cuando la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CATESI) denunció que la empresa Lubiseg estaba haciendo la custodia de la planta ubicada en Acheral. Las notas fueron recibidas -según las copias que obran en poder de LA GACETA- por el secretario de Gobierno Eduardo Mattos, por el subsecretario de Seguridad Julio Díaz y por el jefe de Policía, comisario general Luis Valdiviezo.
Díaz explicó que, al conocer las presentaciones de CATESI, se le dio instrucciones a la Jefatura de Policía para que se realice una supervisión en las empresas a efecto de conocer los detalles sobre las habilitaciones y el cumplimiento de las normas legales.
CATESI, a través de su presidente, José Héctor Barberá, solicitaba la intervención de estos funcionarios ante "esta transgresión que afecta la leal competencia y el normal desarrollo de la actividad".
Precios más bajos
En la compulsa de precios que habría hecho la fábrica, el presupuesto más bajo habría sido de $14.000, pero finalmente se contrató a Lubiseg, la que estaría cobrando $12.000 mensuales, según informó CATESI. La diferencia, según la cámara que agrupa a las agencias legales, estaría dada porque la agencia de seguridad porteña no tributa en Tucumán como lo hacen las empresas locales.
Para la habilitación, el dueño de la empresa debe contar con un patrimonio de $50.000 (depósito de garantía) y pagar $5.000 de habilitación en Rentas. Además, y en base a sus ingresos, debe tributar mensualmente el 2,5% por ingresos brutos, el 2,50% de Salud Pública (fondos para hospitales), el 2.3% de impuestos municipales, el 1.3% de arancel policial y el IVA. Además, debe hacer los aportes correspondientes por sus empleados.En estos puntos, comentó el fiscal Anticorrupción Esteban Jerez, se centrará su investigación.
"Esta situación, además de violar las leyes, le ocasiona una gran pérdida al erario con la evasión impositiva. Se está hablando de la seguridad pública", enfatizaron los miembros de CATESI consultados.
Vigilantes sin cursos ni entrenamiento certificado
Otro cuestionamiento que hizo CATESI en su denuncia es que la mayoría de los custodios contratados por estas presuntas agencias "truchas" no tienen el alta policial, que se otorga luego de la realización de un curso que dicta la cámara. Además, esta autorización debe actualizarse anualmente, con una cuota fija que va a parar a las arcas del Estado. El curso y la supervisación que hace la Policía son considerados por la ley que regula la actividad como garantía ante posibles accidentes o excesos.
No tendrían seguros, y ello comprometería al Estado
CATESI presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una lista con cinco agencias que, según la denuncia, estarían trabajando clandestinamente en barrios, empresas y supermercados. Ellas son "Malvinas", "Comando", "Hay Top Security", "Cóndor" y "Lubiseg". La cámara que reúne a algunas de las empresas más importantes de Tucumán destacó en su presentación que el Estado deberá hacerse responsable de las complicaciones que puedan producirse, puesto que aparentemente no tendrían seguros.
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