Durante años, los daños ambientales en Tucumán fueron asumidos casi como una consecuencia inevitable de determinadas actividades. Los derrames de vinaza, los vuelcos de efluentes, los basurales clandestinos, la quema de cañaverales, la tala indiscriminada de bosques y la contaminación de los cursos de agua formaron parte de un paisaje que parecía condenado a repetirse. El problema no estaba solamente que se contaminara. También existía la sensación de que, frente a esos hechos, poco podía hacerse.
Ese escenario comenzó a cambiar cuando la Justicia incorporó la persecución penal como una herramienta concreta. Las causas por contaminación de la cuenca Salí-Dulce y las investigaciones por las quemas muestran que cuando existe una advertencia clara de que determinadas conductas pueden tener consecuencias judiciales, la realidad puede modificarse. No se trata solamente de castigar: se trata de prevenir.
Pero todavía queda una pregunta esencial: ¿qué debe hacer un ciudadano cuando observa un daño ambiental? Y allí aparece una de las mayores debilidades del sistema. La población suele conocer el daño, pero no necesariamente conoce el procedimiento para denunciarlo. Puede advertir un basural, una descarga, una quema o el vertido de residuos y, sin embargo, no saber ante qué organismo acudir, qué pruebas aportar o qué consecuencias puede tener su denuncia.
La protección ambiental no puede descansar exclusivamente en fiscales, jueces, policías o funcionarios. También necesita ciudadanos capaces de reconocer una conducta ilegal y de activar los mecanismos institucionales disponibles. Para eso, el Estado tiene una obligación básica: explicar con claridad. No alcanza con sancionar después de que el daño ocurrió. Hay que informar antes.
El daño, además, no es abstracto. La contaminación de los cursos de agua afecta los ecosistemas y puede comprometer la salud. Las quemas generan humo y hollín, provocan problemas respiratorios, reducen la visibilidad en las rutas, pueden ocasionar accidentes, dañar instalaciones eléctricas y hasta obligar al cierre del aeropuerto. Los basurales clandestinos deterioran el espacio público y contaminan suelos y cursos de agua.
Por eso, la respuesta debe tener dos dimensiones. Una es la persecución firme de quienes contaminan, especialmente cuando existe una conducta deliberada o negligente que provoca daños graves. La otra es una política permanente de educación e información ambiental que permita a los ciudadanos saber qué está prohibido, qué pueden hacer y dónde deben denunciar.
También resulta indispensable conocer qué ocurrió con las numerosas investigaciones iniciadas en torno a las quemas. Abrir expedientes es importante, pero la ciudadanía necesita saber cómo terminan. La certeza de que una conducta tendrá consecuencias puede ser más efectiva que cualquier campaña ocasional.
Tucumán ya demostró que la persecución penal puede modificar comportamientos. La protección del medio ambiente ya no es una utopía, sino una realidad. Ahora debe demostrar que puede convertir esa experiencia en una política ambiental sostenida, comprensible y accesible. La calidad de vida importa y hay un particular interés por proteger el futuro de las próximas generaciones. Proteger el ambiente no significa solamente evitar que otros lo destruyan. También significa saber qué hacer cuando alguien lo hace y tener la certeza de que la denuncia será escuchada.
