Una inoportuna intervención

La calidad democrática de la vida política argentina no ha logrado elevarse lo conveniente desde las circunstancias institucionales que acompañaron a la crisis y provocaron las rápidas sucesiones en la Presidencia de la República hasta la asunción de Néstor Kirchner. Esa situación se advierte en las dificultades con que transcurre el proceso electoral. Si bien estas no son formales, configuran un contexto de incertidumbre cuyo punto crítico es la división, de hecho, del Partido Justicialista y la artificiosa presencia del Frente para la Victoria como parte del oficialismo nacional. A esa realidad ha venido a sumarse el fallo de la jueza federal electoral María Servini de Cubría, que dispone la intervención del consejo nacional del PJ, a 44 días de los comicios, por considerarlo en estado de acefalía, situación en la que el organismo se hallaba desde hace más de dos años.
El fundamento de la medida ha sido el temor de que las disputas internas que afectan al justicialismo pongan en peligro su propia existencia partidaria. Tal inquietud es más propia de la responsabilidad de los afiliados que de la autoridad de control legal, por lo que provoca suspicacias que se agravan por la identidad del interventor designado. Se trata de Ramón Ruiz, el mismo dirigente justicialista que hace tres meses normalizó el distrito metropolitano del PJ, asumido poco después por el jefe del Gabinete de Gobierno, Alberto Fernández, integrante a su vez del Frente para la Victoria.
Si, como numerosas evidencias sugieren, la normalización del consejo superior justicialista requeriría bastante más tiempo que el de las urnas del 23 de octubre, bien pudo esperarse, pues, que la decisión judicial sobre un hecho que llevaba más de dos años, no se produjera tan cercano a esa fecha, para no agregar un nuevo factor de incertidumbre. Con ello se habrían evitado riesgos como la posibilidad de que la intervención, aun sin proponérselo, agrave la severa confrontación de la bicefalía peronista.
La tradición partidaria evidencia que, cuando el PJ estuvo en el gobierno, su titular fue el Presidente de la Nación, circunstancia que de inmediato señala a Kirchner como consecuencia de aquel fallo judicial. Lo expuesto hasta aquí no tendría la trascendencia con que se lo observa si no fuera por la tradicional relación que caracterizó históricamente al peronismo con "sus" gobiernos; es decir, la confusión del partido y el Estado, de tal manera que las internas del PJ se convierten en parte sustancial de la política nacional. En este caso, esa realidad es más intensa por la necesidad del Presidente de consolidar su poder, emergente de una elección condicionada. Los gobiernos democráticos se organizan con el apoyo fundamental de los partidos políticos que los promueven, pero ello no debe significar condicionamiento alguno de la gestión del Estado que no sea su compromiso con la sociedad. No es este el caso actual y, por ello, la inoportunidad de esa decisión. A propósito de los efectos negativos de esa confusión de gobierno y partido, el vicepresidente Daniel Scioli llegó a afirmar hace un tiempo que "lo mejor para el país es dejar los internismos de lado y estar muy atentos a los pedidos de la sociedad", sin desconocer que "las disputas partidarias forman parte del juego de la democracia". Tan razonable opinión generó, sin embargo, una advertencia presidencial y evidencia que, efectivamente, la calidad democrática de nuestra vida política deja mucho que desear. Corresponde por ello y, ante la perduración de ese estilo, esperar que la intervención del partido oficialista advierta que los intereses del país requieren un discreto cuarto intermedio en su gestión hasta después de las urnas.