20 Septiembre 2004
En los próximos 30 días, el gobierno de José Alperovich pretende plantear acciones legales contra la empresa Minera Alumbrera, por el impacto ambiental de las obras que construyó en los Valles Calchaquíes y que le sirvieron para la explotación de la mina de Bajo La Alumbrera, ubicada en Hualfín, Catamarca.
El Poder Ejecutivo tiene una estrategia clara. Hasta último momento tratará de llegar a un acuerdo con la compañía de capitales suizos y canadienses. El interlocutor será el ministro de la Producción, José Manuel Paz. Pero, si esto no ocurre, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, quiere tener todo preparado para accionar legalmente en la Justicia provincial, tal como se lo ordenó el propio gobernador.
La eventual demanda será el corolario de un proceso que se compone de dos etapas preliminares, en las cuales están trabajando en forma paralela. En primer término, el Poder Ejecutivo contrató a Juan González, ex director de Medio Ambiente del ex gobernador Julio Miranda, para que coordine los equipos técnicos, que están recabando la información que servirá de antecedente de la presentación judicial.
El segundo paso es la determinación del daño, para lo cual son clave los datos que reúnan las áreas que están abocadas a tal función (Recursos Naturales e Hídricos, Minería, Medio Ambiente, etcétera).
Luego, recurrirán a una consultora -se están haciendo averiguaciones- especializada en pasivos ambientales. Chile y Costa Rica cuentan con expertos capacitados para tal fin, pero dan por descontado que también los tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Consecuencias
Los técnicos de la provincia están analizando los eventuales perjuicios que habría ocasionado la instalación -por parte de la empresa- de un electroducto y de un mineralducto.
Por medio de un tendido de unos 300 kilómetros, el electroducto transporta energía eléctrica en 500.000 voltios y conecta a la estación de El Bracho con la mina catamarqueña. Los estudios tienden a determinar las consecuencias ambientales del establecimiento de torres eléctricas en los Valles Calchaquíes, principalmente en Tafí del Valle. "Aún no sabemos cómo impactaría el campo electromagnético de esas líneas de alta tensión", aseguró a LA GACETA una fuente vinculada al equipo técnico.
El otro punto de estudio es el mineralducto de 220 kilómetros, por el cual el concentrado de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de filtrado de Ranchillos. En esta se extrae el agua y el mineral (secado) viaja en tren a los puertos de Rosario, Santa Fe.
El PE investiga la composición del agua que le sacan al concentrado y que, por un un canal artificial, desemboca en el Dique El Frontal (Santiago del Estero). Estofán pidió que le informen si esta obra cuenta con el certificado de aptitud ambiental, que da la Dirección de Medio Ambiente por medio del Consejo Provincial de Economía y Ambiente.
El Poder Ejecutivo tiene una estrategia clara. Hasta último momento tratará de llegar a un acuerdo con la compañía de capitales suizos y canadienses. El interlocutor será el ministro de la Producción, José Manuel Paz. Pero, si esto no ocurre, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, quiere tener todo preparado para accionar legalmente en la Justicia provincial, tal como se lo ordenó el propio gobernador.
La eventual demanda será el corolario de un proceso que se compone de dos etapas preliminares, en las cuales están trabajando en forma paralela. En primer término, el Poder Ejecutivo contrató a Juan González, ex director de Medio Ambiente del ex gobernador Julio Miranda, para que coordine los equipos técnicos, que están recabando la información que servirá de antecedente de la presentación judicial.
El segundo paso es la determinación del daño, para lo cual son clave los datos que reúnan las áreas que están abocadas a tal función (Recursos Naturales e Hídricos, Minería, Medio Ambiente, etcétera).
Luego, recurrirán a una consultora -se están haciendo averiguaciones- especializada en pasivos ambientales. Chile y Costa Rica cuentan con expertos capacitados para tal fin, pero dan por descontado que también los tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Consecuencias
Los técnicos de la provincia están analizando los eventuales perjuicios que habría ocasionado la instalación -por parte de la empresa- de un electroducto y de un mineralducto.
Por medio de un tendido de unos 300 kilómetros, el electroducto transporta energía eléctrica en 500.000 voltios y conecta a la estación de El Bracho con la mina catamarqueña. Los estudios tienden a determinar las consecuencias ambientales del establecimiento de torres eléctricas en los Valles Calchaquíes, principalmente en Tafí del Valle. "Aún no sabemos cómo impactaría el campo electromagnético de esas líneas de alta tensión", aseguró a LA GACETA una fuente vinculada al equipo técnico.
El otro punto de estudio es el mineralducto de 220 kilómetros, por el cual el concentrado de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de filtrado de Ranchillos. En esta se extrae el agua y el mineral (secado) viaja en tren a los puertos de Rosario, Santa Fe.
El PE investiga la composición del agua que le sacan al concentrado y que, por un un canal artificial, desemboca en el Dique El Frontal (Santiago del Estero). Estofán pidió que le informen si esta obra cuenta con el certificado de aptitud ambiental, que da la Dirección de Medio Ambiente por medio del Consejo Provincial de Economía y Ambiente.
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