El Colegio de Abogados de la Capital quiere saber en qué consisten las nuevas funciones asignadas a los funcionarios auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Con ese fin, el presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo pidieron acceso a la resolución o a la normativa que habilita a esos agentes para representar a los fiscales de Cámara Penal en los juicios orales. Billone y Arévalo dirigieron su solicitud por escrito a Edmundo Jiménez, ministro público fiscal. En la edición de este jueves, el jefe de los fiscales confirmó que, por la escasez de funcionarios constitucionales, la auxiliar Luz Becerra iba a actuar como mandataria de su jefe, el fiscal Carlos Sale, en los enjuiciamientos que celebrará la Sala III ad hoc de la Cámara Penal de esta ciudad.
La designación de Becerra quedó expuesta por la decisión del tribunal de chequear por intermedio de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán las funciones otorgadas a la auxiliar -el Ministerio Público Fiscal no publica sus designaciones y dictámenes-. En la nota que firmaron ayer, Billone y Arévalo manifestaron que su entidad debía expedirse sobre el tema “dada la innegable relevancia y trascendencia que la decisión (de suplir a los titulares) conllevaría”.
Tanto Jiménez como Sale habían explicado que Becerra iba a actuar como si fuese su superior por la escasez de fiscales. “Luz me representará en los juicios, pero la responsabilidad seguirá siendo mía. Por eso la escogí: ella trabaja conmigo y conoce mis criterios. Es la única en quien puedo confiar”, había expresado Sale. Y agregado que no daba abasto: “nunca he visto tantas carencias de todo”. Jiménez, que se comprometió a publicar sus resoluciones a la brevedad, había dicho: “hay que tener gente de confianza para delegar, por eso se consulta al fiscal”. El ministro público había opinado que los nombramientos de fiscales con el procedimiento constitucional se volvieron un tema “complejo”: “llevan su tiempo en el Consejo Asesor de la Magistratura y en el Poder Ejecutivo. Y eso va generando demoras. Vamos a resolver problemas con los auxiliares en la medida en la que los necesitemos. Si no, no podemos trabajar”.
En los hechos, la tarea asignada a la auxiliar Becerra supone un cuarto método de sustitución de magistrados nombrados con los lineamientos constitucionales, que son los únicos que gozan de estabilidad -esta es una de las garantías de la independencia, según la Carta Magna-. La ley indica que pueden ser auxiliares los abogados con dos años de antigüedad: la designación depende del ministro público “en función de las necesidades del servicio” y consiste en un acto discrecional. La Constitución establece que para ser fiscal de Cámara en propiedad hay que tener ciudadanía en ejercicio, al menos 35 años y 10 de experiencia, domicilio en la provincia y título de abogado con validez nacional; haber superado un concurso público de antecedentes y oposición, y logrado la designación en el Poder Ejecutivo y el acuerdo legislativo.
