Sin designaciones de jueces, comienza la transición hacia el nuevo proceso penal

Agosto terminó tumultuosamente, y sin las coberturas de vacantes judiciales que el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo habían prometido al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse. Los efectos de la escasez de magistrados empeorarán puesto que septiembre trae consigo una demanda mayor de jueces, fiscales y defensores oficiales. Sucede que hoy comienza a regir en toda la provincia el régimen de transición hacia el nuevo proceso penal. Este esquema habilita a la Justicia a acelerar la conclusión de la mayoría de los expedientes en trámite mediante el archivo; la suspensión del juicio a prueba o probation, y los juicios abreviados y unipersonales (ver “Las claves del régimen”). “No será difícil aplicarlo si tenemos los cargos cubiertos”, advirtió Posse.

En las últimas cuatro semanas el Gobierno volvió a llenarse de ternas para designaciones definitivas, y, sobre todo, de listados para nombramientos de jueces subrogantes o interinos (ver candidatos en “El menú de opciones...”). Presidido por el legislador oficialista Fernando Juri (porque el titular Antonio Estofán estaba de luna de miel), el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) aprobó y remitió un lote de seis nóminas para coberturas precarias. Esas listas se suman a las cuatro que, en algunos casos desde marzo, ya tenía el Poder Ejecutivo, que aún no estrenó su potestad para nombrar jueces externos con fecha de caducidad.

En paralelo, la administración de Manzur acumula cinco ternas para designaciones definitivas y otras dos pertenecientes a fiscalías de Instrucción que quedaron bloqueadas en gran medida por la demora para definirlas (para destrabarlas hace falta una reforma legal: los poderes políticos discuten alternativas desde comienzos de este año). En total, el gobernador está en condiciones de hacer al menos 15 nombramientos, 11 de los cuales corresponden al fuero penal. Mientras tanto y con el argumento de que faltan funcionarios constitucionales, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez decidió que agentes auxiliares representen a los fiscales de Cámara en los juicios orales (ver “Abogados piden datos...”).

“Podríamos tener noticias (de designaciones) la semana próxima. Estamos trabajando para nombrar cuatro jueces permanentes y dos subrogantes”, anticipó Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia. El 8 de agosto, ese funcionario había prometido novedades “en los días venideros”. Amado dijo que había abordado el tema con Posse, y la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, durante la visita que los tres hicieron este viernes al Juzgado de Paz Letrado de Trancas con el objetivo de monitorearlo y de establecer un plan de acción.

Con la perspectiva de un 40% de vacancias en el corto plazo, la escasez de jueces de Paz todavía es más grave que la de los miembros de los Tribunales ordinarios. En aquella esfera, la designación aún depende de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo avalada por la Corte -no hay preselección de candidatos por concurso público de antecedentes y de oposición-. “Hablaremos con el gobernador, el vicegobernador y el presidente de la Corte sobre la cobertura de los juzgados de Paz acéfalos”, comentó Amado. El ministro añadió que tampoco había habido avances respecto del ministro público de la Defensa, cargo creado para poner en marcha el Código Procesal Penal que la Legislatura sancionó en 2016 y que debería entrar en vigor en febrero. Al igual que respecto de los cargos de la Justicia de Paz, la selección del superior de los defensores oficiales -función que, mientras tanto, sigue a cargo de Jiménez- requiere de una decisión discrecional de Manzur. Ese acto luego ha de ser respaldado por el Poder Legislativo.

“El lunes volveré a insistir sobre la necesidad de cubrir los cargos judiciales. Estoy encima del tema”, informó el presidente de la Corte. Posse añadió que existía una demanda de justicia insatisfecha inmensa y que su función era transferirla a los poderes políticos. Puso como ejemplo de esa situación un reclamo de trabajadores del Ingenio San Juan. “Hace unos meses pedí el envío de listas de subrogantes. El CAM ya cumplió su parte. El Gobierno tiene los nombres. Puede avanzar”, manifestó. A título personal, el jefe del alto tribunal añadió que, en el supuesto de necesidad extrema, iba a retomar la convocatoria a jueces jubilados, opción que el cuerpo reglamentó este año y que fue objetada por el Colegio de Abogados de la Capital.

La planta de magistrados casi no creció en comparación con el estallido de la conflictividad social experimentado durante las últimas décadas. En el presente, más del 20% de los despachos carecen de titular. Según los directivos del Colegio, los problemas de acceso a la justicia se solucionarían al menos en parte si la Corte estableciese un plazo razonable a la potestad del Gobierno para nombrar jueces (con ese fin, la entidad inició un juicio el año pasado, que carece de sentencia). Sucede que la ley vigente no fija un límite temporal para el ejercicio de aquella facultad constitucional.