Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), contestó a Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación. “No perderemos los $ 1.000 millones”, aseguró luego de que Amaya advirtiera que, por las demoras del instituto, peligraba la financiación nacional para el millar de casas de interés social del gran San Miguel de Tucumán.
“Nadie quiere que no se hagan las casas: a lo sumo, se postergará el inicio de las obras para que todo se ajuste a la ley”, explicó Durán. En diciembre, el Ipvdu llamó a licitación pero las empresas ofertaron precios que superan en el 18% los valores de referencia para las viviendas en cuestión. Por esta situación, el instituto estaría evaluando convocar una segunda licitación o bien otorgar algún beneficio tributario a las firmas. Estas ideas fueron discutidas el martes con Eduardo Garvich, ministro de Economía de la provincia.
Respecto de las trabas y dilaciones, Amaya había dicho que de ningún modo el Gobierno nacional iba a pagar sobreprecios. “No podemos influenciar a la Provincia, sino sólo sugerir a sus autoridades y a los empresarios que calculen si hubo un error. Sería triste que se pierda la posibilidad de comenzar la obra este año”, había manifestado el funcionario de Cambiemos. En función del prototipo, el Estado abonaría $ 15.700 por metro cuadrado. En promedio, una casa costaría alrededor de $ 800.000, aunque el número final varía de provincia a provincia. La Nación financia el 70% mientras que Tucumán debe aportar el saldo.
En una conversación telefónica, Durán recordó que el primer llamado a licitación fue publicado en diciembre para abrir los sobres en marzo. Luego, las empresas pidieron una prórroga de 90 días: “yo les di 45. Entonces, no nos pidan que analicemos en una semana las presentaciones que se demoraron cinco meses. Tenemos que ser cuidadosos no sólo en los temas económicos, sino también en los legales. Debemos revisar si las ofertas cumplen con la ley”. El titular del Ipvdu agregó: “tratan de hacer creer que somos responsables”.
Durán también retrucó a Amaya respecto de su pedido para que la Provincia se adhiera al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que permite cruzar datos sobre postulantes a las viviendas. “Tucumán está adherida desde 2007”, replicó el interventor.
