Por Roberto Delgado
28 Febrero 2016
El décimo aniversario del crimen de Paulina Lebbos encuentra a la provincia sumida en una crisis de seguridad, con una Policía abandonada a su suerte y una Justicia envuelta en la escandalosa guerra entre la Corte Suprema y el ministro fiscal. El aniversario de la muerte de Paulina llega con todos los sensores de la inseguridad en alerta -con un promedio de diez homicidios mensuales e inquietantes expresiones de violencia delictiva- y con la confesión de impotencia de las fiscalías. El aniversario muestra un récord de 380 casos impunes -lista hecha por Alberto Lebbos, padre de la estudiante asesinada- que signan a una sociedad que se percibe más violenta que la de hace una década, en la que cunden los servicios de seguridad de todo tipo, las ventas de rejas y alarmas y los casos de justicia por mano propia. La socióloga Lucía Cid al hablar de la impunidad, describe que la ausencia de justicia nos devuelve al “ciclo vicioso de la venganza (o de la violencia) que ha caracterizado algunas sociedades primitivas”.
Doble fracaso
La tragedia de Paulina es emblemática. No sólo muestra el fracaso para prevenir y dar seguridad en lo básico, en la vida cotidiana -una estudiante que sale a bailar y toma un taxi en la madrugada, desaparece y es asesinada- sino la impotencia para resolverlo. En diez años, nada. Una causa escandalosa, que salpica al poder político y al judicial, cajoneada y mal investigada primero por la deliberada intención de encubrir, y mal investigada después por la disolución de pruebas que ha provocado el paso del tiempo- que llegará a juicio con cinco acusados de encubrimiento y un oscuro personaje -Roberto Luis Gómez, empleado de la comuna de San Andrés- que ha sido acusado del homicidio. Lebbos, que aún confía en esta pesquisa, tiene la esperanza de que los encubridores y el mismo acusado se quiebren y terminen contando quiénes han sido los verdaderos asesinos. Mientras tanto, él sigue acusando al poder que, como una telaraña, ha construido el ex gobernador José Alperovich en Tucumán, donde puso a gente de su confianza en el Gobierno, en la Legislatura y en la Justicia.
La tragedia de Paulina es como la de María Soledad Morales, asesinada por “hijos del poder” en Catamarca en 1990. Y además está impune. A Alberto Lebbos le ha tocado luchar en estos diez años contra la presión embozada de la política que ignoró su caso -nunca lo recibió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que discretamente apoyaba a Alperovich, su gobernador aliado y centro de las acusaciones de Lebbos- y ha marchado martes tras martes en la Plaza Independencia, a veces en medio de una indiferencia social espantosa: una de las marchas, bajo la lluvia, se hizo solamente con dos personas. Curiosa indiferencia, porque sí se percibe en la comunidad el fuerte impacto que ha causado la terrible historia de Paulina. Hay murales, ensayos, obras de arte y teatro y hasta una tesis de licenciatura que la recuerdan. Pero nada ha movido demasiado la aguja de la Justicia.
Paradigmas y palabras vacías
Es que la Justicia y la Policía se han manejado siempre con los mismos paradigmas y a pesar de los anuncios de cambios pocas cosas se han movido, como no fuese el crecimiento vegetativo de las estructuras burocráticas. Hace 13 años, poco antes de que llegara Alperovich al poder con su superestructura de Ministerio de Seguridad Ciudadana, la ola de inseguridad se llevaba puesta a la cúpula policial del entonces gobernador Julio Miranda. Era febrero de 2003. “No podemos negar que creció el índice delictivo, pero que quede claro que vamos a combatirlo hasta las últimas consecuencias”, decía Fernando Juri, entonces ministro de Gobierno. El entonces presidente de la Corte Suprema, Héctor Area Maidana, hablaba de una “ambiciosa reestructuración del Poder Judicial”, que incluía la creación del cargo de ayudante fiscal, de la Fiscalía de Autores Desconocidos y el Registro de Testigos. Pasada la inquietud social, las palabras se diluyeron. Esa oficina de autores desconocidos es la que fue disuelta hace dos años por haber acumulado miles de causas sin que se hiciera nada. Los ayudantes fiscales apenas aparecen hoy en una maraña de causas estimadas en 3.000 por turno en la Capital -la fiscala Adriana Giannoni dice que en el último turno le tocaron 2.800, “es decir 36 por hora”- que suman unas 80.000 por año.
El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en guerra con la Corte, dice que no tiene elementos, que la sociedad debe discutir la crisis de la Justicia y que las cosas deben cambiar. La Corte, por su parte, minimiza esa crisis y dice que está en problemas sólo la parte de la Justicia que le corresponde a Jiménez. El Colegio de Abogados y la Asociación Bancaria disparan su artillería contra el ministro público, señalado como el que armó la Justicia adicta desde su cargo de ministro de Gobierno en la década alperovichista, y él les contesta que los abogados no son ajenos a esta crisis porque han gobernado esa institución en los últimos ocho años. Todos están inquietos con el fantasma de una posible intervención.
Muertes violentas
Mientras tanto... ¿hay o no hay crisis? Veamos. La sensación de inseguridad es más que eso. A los nueve homicidios de enero se agregan 10 muertes violentas en lo que va de febrero, especialmente conmocionantes para la fuerza de seguridad en los casos del agente Juan José Vides (baleado mientras perseguía a cuatro delincuentes en avenida Adolfo de la Vega el 2/2) y el guardia privado Walter Jurado (ejecutado a quemarropa por un asaltante que le quitó su rifle de aire comprimido en Martín Berho al 400 el 16/2). También fallecieron el adolescente Germán Pintos (8/2, una patota le clavó un tenedor parrillero en la sien en barrio Almafuerte); el asaltante Víctor Alejandro Godoy (falleció en tiroteo el 11/2 en la avenida Adolfo de la Vega; el joven Roberto Alejandro Romano, colado en una fiesta en San Cayetano, baleado por otro colado el 14/2); el albañil Walter Daniel Navarro, quien recibió un balazo en un ojo el 15/2 mientras cavaba un pozo en San Cayetano, disparado por un motociclista; el presidiario Enrique Daniel Escobar, que tenía permiso de salida y murió acuchillado en una supuesta pelea; el joven Roberto Micucci, muerto de un escopetazo en Finca Porcel (Graneros) el 22/2 por Miguel Antonio Díaz, quien luego se suicidó; Mario Díaz, muerto a balazos en una vivienda precaria de Alderetes el jueves pasado, y Juan Luciano Vera, joven baleado por un amigo con una tumbera el viernes en Las Talitas.
Tiroteos y corridas
Pero los homicidios son sólo una forma de medir la violencia. Otra son los hechos que trascienden y generan escándalo, como el asalto comando a la estación de servicios de Bella Vista, el espanto de comerciantes y empleados de la zona del call center de Adolfo de la Vega (escenario de dos tiroteos en una semana); las balaceras recurrentes entre los Carrión y los Toro (sindicados como bandas narcotraficantes) en Villa 9 de Julio, a quienes se detiene y luego se libera sin más explicaciones; y los asaltos de grupos armados a motociclistas en la zona este para robarles sus vehículos.
Las motos, dolor de cabeza para las autoridades, son el vehículo más usado para asaltos. Una fuente de la Regional Este dice que han bajado los robos pero que en todas partes arrecian los asaltos a motociclistas. Una fuente policial dice que en la autopista a Famaillá (en zona de Los Aguirre) hubo siete ataques en las últimas tres semanas. La fiscala Giannoni opina que ese tipo de delito es imparable y casi no se puede resolver: en su turno del 7/12 al 19/12 robaron 139 motos: diez por día. Luego esas motos serán vendidas o usadas en asaltos cometidos por motoarrebatadores. En el mismo período, 832 robos (incluye motoarrebatos) y 198 denuncias de violencia de género.
Compartimientos estancos
¿Cómo investigan esos 36 casos por hora? Siguiendo la lógica de la oportunidad o del impacto social. El 60% de los casos va a archivo, dice la fiscala. Además del hecho de que los fiscales actúan como compartimientos estancos, no comparten sus causas aunque estén relacionadas. Hay excepciones: por ejemplo, Giannoni pidió en su momento denuncias de violaciones que había en otras fiscalías e hizo hacer comparaciones genéticas y así se descubrió a un violador serial. Con el mismo criterio se ampliaron causas hace un año contra la banda de los motociclistas asaltantes Díaz, de la zona de San Andrés, hijos de policías. Un agente que fue asaltado por los Díaz se enfrentó a ellos y mató a uno en febrero de 2015. La fiscala hizo comparaciones con otras causas con el peritaje de sus armas y resolvió cuatro homicidios hasta entonces caratulados como autores desconocidos.
Pero esta actividad aislada no sirve. El fiscal Edgardo Sánchez dice que “el sistema está organizado como unidades estancas, cada fiscalía atiende sus propios casos; la información está fragmentada y no hay una política interna para que crucen sus datos”. Los fiscales llevan sus estadísticas de títulos de causas, pero no hay nadie que haga seguimiento de su evolución y tampoco un control independiente de lo que elaboran los secretarios de fiscalías. “Por eso se toman medidas espasmódicas”, dice Giannoni.
Dudas y “cajoneadas”
Tampoco se sabe qué certeza hay en la transmisión de datos. Una fuente de la Regional Este dice que es imposible que en estos últimos 20 días sólo haya partes policiales de la zona este. “Están cajoneando los informes”, dice. ¿Es posible eso? Los fiscales aseguran que los policías tienen órdenes de informarles por teléfono de las causas y llevarlas en 72 horas. Pero todo el traslado de partes y comunicados se hace a mano. Cada día salen de las comisarías decenas de agentes con papeles para llevar a fiscalías, unidades regionales y Jefatura. ¿Se pueden perder? ¿Se pueden adulterar como ocurrió en 2006 con las actas de la comisaría de Raco cuando se halló el cuerpo de Paulina?
Para colmo, a la Regional Este y a la Regional Norte les quitaron las brigadas en octubre y llevaron esos hombres al 911 en la Capital. Giannoni es dura: “la sección Robos y Hurtos tiene sólo 35 policías” para investigar esos 800 robos que ocurren cada12 días.
Y esto, con un sistema penal que sólo está dedicado a perseguir a marginales y delincuentes de poca monta. “Delitos complejos es imposible investigar. No hay elementos técnicos ni personal capacitado” dicen todos, por detrás del ministro fiscal. Basta ver las causas de delitos económicos, que quedan envueltas durante años en las marañas de la burocracia judicial hasta que prescriben.
A esto se añade la triste historia de la Policía encorsetada en sus mismos hábitos operativos, su escasa capacitación y su propia dinámica administrativa que la devora. Basta entrar a Rentas para ver a por lo menos 15 policías de servicio adicional haciendo de guías de trámites para entender la lógica del anormal despliegue policial en edificios públicos, que termina justificando la inoperancia y la inseguridad. Y la impunidad. La única palabra que no queda vacía en el discurso hueco de un sistema desviado.
¿Todo eso se va a cambiar en algún momento? Lebbos, que en la marcha criticó a todos y en especial a Jiménez y a varios fiscales, tiene centradas sus expectativas en el juicio. Dice que ahora lo llamaron para contarle que van a hacer el registro de crímenes impunes y que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, lo va a recibir. “Es algo. Pero sigue siendo terrible que me pidan datos de los crímenes impunes. Si yo los consigo hablando con la gente y de lo que se publica en los diarios”, afirma. Y sentencia con uno de los eslóganes de sus marchas: “Nunca los causantes de los problemas van a ser responsables de la solución”.
Doble fracaso
La tragedia de Paulina es emblemática. No sólo muestra el fracaso para prevenir y dar seguridad en lo básico, en la vida cotidiana -una estudiante que sale a bailar y toma un taxi en la madrugada, desaparece y es asesinada- sino la impotencia para resolverlo. En diez años, nada. Una causa escandalosa, que salpica al poder político y al judicial, cajoneada y mal investigada primero por la deliberada intención de encubrir, y mal investigada después por la disolución de pruebas que ha provocado el paso del tiempo- que llegará a juicio con cinco acusados de encubrimiento y un oscuro personaje -Roberto Luis Gómez, empleado de la comuna de San Andrés- que ha sido acusado del homicidio. Lebbos, que aún confía en esta pesquisa, tiene la esperanza de que los encubridores y el mismo acusado se quiebren y terminen contando quiénes han sido los verdaderos asesinos. Mientras tanto, él sigue acusando al poder que, como una telaraña, ha construido el ex gobernador José Alperovich en Tucumán, donde puso a gente de su confianza en el Gobierno, en la Legislatura y en la Justicia.
La tragedia de Paulina es como la de María Soledad Morales, asesinada por “hijos del poder” en Catamarca en 1990. Y además está impune. A Alberto Lebbos le ha tocado luchar en estos diez años contra la presión embozada de la política que ignoró su caso -nunca lo recibió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que discretamente apoyaba a Alperovich, su gobernador aliado y centro de las acusaciones de Lebbos- y ha marchado martes tras martes en la Plaza Independencia, a veces en medio de una indiferencia social espantosa: una de las marchas, bajo la lluvia, se hizo solamente con dos personas. Curiosa indiferencia, porque sí se percibe en la comunidad el fuerte impacto que ha causado la terrible historia de Paulina. Hay murales, ensayos, obras de arte y teatro y hasta una tesis de licenciatura que la recuerdan. Pero nada ha movido demasiado la aguja de la Justicia.
Paradigmas y palabras vacías
Es que la Justicia y la Policía se han manejado siempre con los mismos paradigmas y a pesar de los anuncios de cambios pocas cosas se han movido, como no fuese el crecimiento vegetativo de las estructuras burocráticas. Hace 13 años, poco antes de que llegara Alperovich al poder con su superestructura de Ministerio de Seguridad Ciudadana, la ola de inseguridad se llevaba puesta a la cúpula policial del entonces gobernador Julio Miranda. Era febrero de 2003. “No podemos negar que creció el índice delictivo, pero que quede claro que vamos a combatirlo hasta las últimas consecuencias”, decía Fernando Juri, entonces ministro de Gobierno. El entonces presidente de la Corte Suprema, Héctor Area Maidana, hablaba de una “ambiciosa reestructuración del Poder Judicial”, que incluía la creación del cargo de ayudante fiscal, de la Fiscalía de Autores Desconocidos y el Registro de Testigos. Pasada la inquietud social, las palabras se diluyeron. Esa oficina de autores desconocidos es la que fue disuelta hace dos años por haber acumulado miles de causas sin que se hiciera nada. Los ayudantes fiscales apenas aparecen hoy en una maraña de causas estimadas en 3.000 por turno en la Capital -la fiscala Adriana Giannoni dice que en el último turno le tocaron 2.800, “es decir 36 por hora”- que suman unas 80.000 por año.
El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en guerra con la Corte, dice que no tiene elementos, que la sociedad debe discutir la crisis de la Justicia y que las cosas deben cambiar. La Corte, por su parte, minimiza esa crisis y dice que está en problemas sólo la parte de la Justicia que le corresponde a Jiménez. El Colegio de Abogados y la Asociación Bancaria disparan su artillería contra el ministro público, señalado como el que armó la Justicia adicta desde su cargo de ministro de Gobierno en la década alperovichista, y él les contesta que los abogados no son ajenos a esta crisis porque han gobernado esa institución en los últimos ocho años. Todos están inquietos con el fantasma de una posible intervención.
Muertes violentas
Mientras tanto... ¿hay o no hay crisis? Veamos. La sensación de inseguridad es más que eso. A los nueve homicidios de enero se agregan 10 muertes violentas en lo que va de febrero, especialmente conmocionantes para la fuerza de seguridad en los casos del agente Juan José Vides (baleado mientras perseguía a cuatro delincuentes en avenida Adolfo de la Vega el 2/2) y el guardia privado Walter Jurado (ejecutado a quemarropa por un asaltante que le quitó su rifle de aire comprimido en Martín Berho al 400 el 16/2). También fallecieron el adolescente Germán Pintos (8/2, una patota le clavó un tenedor parrillero en la sien en barrio Almafuerte); el asaltante Víctor Alejandro Godoy (falleció en tiroteo el 11/2 en la avenida Adolfo de la Vega; el joven Roberto Alejandro Romano, colado en una fiesta en San Cayetano, baleado por otro colado el 14/2); el albañil Walter Daniel Navarro, quien recibió un balazo en un ojo el 15/2 mientras cavaba un pozo en San Cayetano, disparado por un motociclista; el presidiario Enrique Daniel Escobar, que tenía permiso de salida y murió acuchillado en una supuesta pelea; el joven Roberto Micucci, muerto de un escopetazo en Finca Porcel (Graneros) el 22/2 por Miguel Antonio Díaz, quien luego se suicidó; Mario Díaz, muerto a balazos en una vivienda precaria de Alderetes el jueves pasado, y Juan Luciano Vera, joven baleado por un amigo con una tumbera el viernes en Las Talitas.
Tiroteos y corridas
Pero los homicidios son sólo una forma de medir la violencia. Otra son los hechos que trascienden y generan escándalo, como el asalto comando a la estación de servicios de Bella Vista, el espanto de comerciantes y empleados de la zona del call center de Adolfo de la Vega (escenario de dos tiroteos en una semana); las balaceras recurrentes entre los Carrión y los Toro (sindicados como bandas narcotraficantes) en Villa 9 de Julio, a quienes se detiene y luego se libera sin más explicaciones; y los asaltos de grupos armados a motociclistas en la zona este para robarles sus vehículos.
Las motos, dolor de cabeza para las autoridades, son el vehículo más usado para asaltos. Una fuente de la Regional Este dice que han bajado los robos pero que en todas partes arrecian los asaltos a motociclistas. Una fuente policial dice que en la autopista a Famaillá (en zona de Los Aguirre) hubo siete ataques en las últimas tres semanas. La fiscala Giannoni opina que ese tipo de delito es imparable y casi no se puede resolver: en su turno del 7/12 al 19/12 robaron 139 motos: diez por día. Luego esas motos serán vendidas o usadas en asaltos cometidos por motoarrebatadores. En el mismo período, 832 robos (incluye motoarrebatos) y 198 denuncias de violencia de género.
Compartimientos estancos
¿Cómo investigan esos 36 casos por hora? Siguiendo la lógica de la oportunidad o del impacto social. El 60% de los casos va a archivo, dice la fiscala. Además del hecho de que los fiscales actúan como compartimientos estancos, no comparten sus causas aunque estén relacionadas. Hay excepciones: por ejemplo, Giannoni pidió en su momento denuncias de violaciones que había en otras fiscalías e hizo hacer comparaciones genéticas y así se descubrió a un violador serial. Con el mismo criterio se ampliaron causas hace un año contra la banda de los motociclistas asaltantes Díaz, de la zona de San Andrés, hijos de policías. Un agente que fue asaltado por los Díaz se enfrentó a ellos y mató a uno en febrero de 2015. La fiscala hizo comparaciones con otras causas con el peritaje de sus armas y resolvió cuatro homicidios hasta entonces caratulados como autores desconocidos.
Pero esta actividad aislada no sirve. El fiscal Edgardo Sánchez dice que “el sistema está organizado como unidades estancas, cada fiscalía atiende sus propios casos; la información está fragmentada y no hay una política interna para que crucen sus datos”. Los fiscales llevan sus estadísticas de títulos de causas, pero no hay nadie que haga seguimiento de su evolución y tampoco un control independiente de lo que elaboran los secretarios de fiscalías. “Por eso se toman medidas espasmódicas”, dice Giannoni.
Dudas y “cajoneadas”
Tampoco se sabe qué certeza hay en la transmisión de datos. Una fuente de la Regional Este dice que es imposible que en estos últimos 20 días sólo haya partes policiales de la zona este. “Están cajoneando los informes”, dice. ¿Es posible eso? Los fiscales aseguran que los policías tienen órdenes de informarles por teléfono de las causas y llevarlas en 72 horas. Pero todo el traslado de partes y comunicados se hace a mano. Cada día salen de las comisarías decenas de agentes con papeles para llevar a fiscalías, unidades regionales y Jefatura. ¿Se pueden perder? ¿Se pueden adulterar como ocurrió en 2006 con las actas de la comisaría de Raco cuando se halló el cuerpo de Paulina?
Para colmo, a la Regional Este y a la Regional Norte les quitaron las brigadas en octubre y llevaron esos hombres al 911 en la Capital. Giannoni es dura: “la sección Robos y Hurtos tiene sólo 35 policías” para investigar esos 800 robos que ocurren cada12 días.
Y esto, con un sistema penal que sólo está dedicado a perseguir a marginales y delincuentes de poca monta. “Delitos complejos es imposible investigar. No hay elementos técnicos ni personal capacitado” dicen todos, por detrás del ministro fiscal. Basta ver las causas de delitos económicos, que quedan envueltas durante años en las marañas de la burocracia judicial hasta que prescriben.
A esto se añade la triste historia de la Policía encorsetada en sus mismos hábitos operativos, su escasa capacitación y su propia dinámica administrativa que la devora. Basta entrar a Rentas para ver a por lo menos 15 policías de servicio adicional haciendo de guías de trámites para entender la lógica del anormal despliegue policial en edificios públicos, que termina justificando la inoperancia y la inseguridad. Y la impunidad. La única palabra que no queda vacía en el discurso hueco de un sistema desviado.
¿Todo eso se va a cambiar en algún momento? Lebbos, que en la marcha criticó a todos y en especial a Jiménez y a varios fiscales, tiene centradas sus expectativas en el juicio. Dice que ahora lo llamaron para contarle que van a hacer el registro de crímenes impunes y que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, lo va a recibir. “Es algo. Pero sigue siendo terrible que me pidan datos de los crímenes impunes. Si yo los consigo hablando con la gente y de lo que se publica en los diarios”, afirma. Y sentencia con uno de los eslóganes de sus marchas: “Nunca los causantes de los problemas van a ser responsables de la solución”.
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