A 20 años del asesinato de Paulina Lebbos: el crimen que el Estado no pudo explicar

Veinte años después de la desaparición y muerte de Paulina Lebbos, las sentencias dictadas por la Justicia tucumana dejaron una paradoja difícil de ignorar. Policías condenados. Jefes policiales condenados. Funcionarios políticos condenados. Un fiscal condenado. Actas falsas acreditadas. Maniobras de encubrimiento probadas. Pero ninguna condena por el homicidio. Ninguna respuesta definitiva sobre quién mató a Paulina. El caso terminó convirtiéndose en una historia judicial singular: el Estado logró explicar cómo se frustró la búsqueda de la verdad, pero no pudo explicar el crimen que dio origen a esa búsqueda.

A lo largo de dos décadas, la investigación del caso Lebbos produjo miles de fojas, innumerables medidas probatorias, múltiples expedientes paralelos y cuatro grandes juicios que dejaron una enorme cantidad de conclusiones judiciales. Sin embargo, cuando se observan esas sentencias en conjunto, aparece una realidad que atraviesa todo el proceso.

La mayor parte de las certezas obtenidas por la Justicia no estuvieron relacionadas con el homicidio. Estuvieron relacionadas con el encubrimiento. Los jueces lograron determinar quiénes confeccionaron documentación falsa. Lograron establecer quiénes ocultaron información relevante. Lograron reconstruir cómo se alteró la historia oficial alrededor del hallazgo del cuerpo. Lograron identificar a funcionarios que utilizaron sus cargos para obstaculizar el avance de la investigación. Lograron demostrar que existieron maniobras destinadas a impedir el descubrimiento de la verdad. Pero no lograron establecer quiénes fueron los responsables del crimen. Esa conclusión aparece una y otra vez detrás de las distintas resoluciones dictadas durante estos años.

Las condenas contra Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina demostraron que la documentación policial vinculada al hallazgo del cuerpo había sido adulterada.

Las condenas contra Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Héctor Brito permitieron reconstruir la participación de las máximas autoridades de seguridad en maniobras destinadas a sostener aquella versión falsa.

La condena contra Carlos Albaca acreditó que quien tenía la responsabilidad de investigar el homicidio terminó contribuyendo a dificultar el descubrimiento de la verdad.

Las sentencias incluso avanzaron sobre responsabilidades civiles y reconocieron los daños producidos por esas conductas.

Lo que ninguna de ellas pudo hacer fue resolver el núcleo del expediente.

En cierta forma, el caso Lebbos terminó invirtiendo la lógica habitual de una investigación penal. Normalmente los procesos judiciales buscan identificar a quienes cometieron un delito y, en una segunda instancia, determinar si existieron maniobras destinadas a protegerlos. Aquí ocurrió algo diferente. La Justicia encontró primero a quienes encubrieron. Pero nunca pudo llegar de manera definitiva hasta quienes debían ser encubiertos. Esa inversión de la secuencia tradicional es probablemente uno de los rasgos más extraordinarios de toda la causa.

Las sentencias permiten advertir otro fenómeno. Mientras más se profundizaba el análisis sobre las irregularidades institucionales, más evidente se volvía el daño provocado sobre la posibilidad de esclarecer el homicidio. Las actas falsas no eran un problema burocrático. Los rastrillajes inexistentes no constituían simples incumplimientos administrativos. Las líneas investigativas abandonadas no eran únicamente errores de criterio. Cada una de esas decisiones tuvo consecuencias concretas sobre la búsqueda de la verdad. Las pruebas perdidas no pudieron recuperarse. Los rastros contaminados no pudieron reconstruirse. Las oportunidades investigativas desaprovechadas no volvieron a repetirse. Por eso las sentencias terminan vinculando permanentemente las maniobras de encubrimiento con la imposibilidad de resolver el crimen. Una explicación conduce inevitablemente a la otra. Quizás por eso una de las expresiones más fuertes que aparecen en los fallos no se refiere al homicidio. Se refiere al funcionamiento de las instituciones.

Cuando los jueces hablan de una "red de encubrimiento del Estado" o de una "negación del servicio de justicia", están describiendo algo que excede las responsabilidades individuales. Están señalando una falla institucional de enorme magnitud. El caso Lebbos no expuso únicamente las acciones de determinados funcionarios. Expuso también las consecuencias que puede producir el mal funcionamiento simultáneo de distintos organismos llamados a investigar un delito. Policía. Seguridad. Ministerio Público. Poder Judicial. Todos aparecen mencionados en las sentencias. Todos aparecen cuestionados en algún momento del expediente. Y todos forman parte de una historia que terminó desplazando el foco desde el crimen hacia la investigación del crimen.

La persistencia de Alberto Lebbos durante estos veinte años puede entenderse precisamente a partir de esa ausencia de respuestas. Las sentencias reconocen su rol como impulsor de medidas, denunciante de irregularidades y sostén permanente de la búsqueda de justicia. Pero también reflejan una realidad evidente. Si el expediente continuó avanzando durante tanto tiempo fue porque la respuesta central nunca apareció. La causa no sobrevivió dos décadas porque hubiera encontrado una solución. Sobrevivió precisamente porque no la encontró.

Veinte años después, el caso Lebbos deja una enseñanza institucional que probablemente trascienda la propia investigación. Las condenas demostraron que el Estado puede llegar a juzgar a quienes manipulan una investigación. Puede condenar a policías. Puede condenar a funcionarios políticos. Puede condenar incluso a un fiscal. Lo que no siempre puede hacer es revertir las consecuencias producidas por esas conductas. Porque hay daños que una sentencia puede describir, pero no reparar completamente. Y entre ellos se encuentra la pérdida de una verdad que debió buscarse desde el primer día.

A dos décadas del crimen, las resoluciones judiciales permiten saber mucho más sobre quienes desviaron la investigación que sobre quienes cometieron el homicidio. Esa es la paradoja que atraviesa toda la causa. Y también la razón por la cual el caso Paulina Lebbos sigue ocupando un lugar singular en la historia judicial argentina. No porque la Justicia haya logrado resolverlo. Sino porque, después de veinte años, todavía sigue intentando explicar por qué no pudo hacerlo.