Por Roberto Delgado
27 Junio 2015
Asustados porque el agua en la escuela Griet estaba contaminada con sustancias cloacales, se suspendieron las clases hace dos semanas y los padres de alumnos cortaron la avenida Jujuy al 2.100 y quemaron cubiertas. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) envió el camioncito colector y trabajó un poco... pero el problema tiene años sin solución a la vista, porque la escuela está edificada encima de un canal pluvial pinchado por desagües cloacales de los colectores cercanos. Se ve el canal al aire libre, infestado de basura y otras cosas, en la calle Olleros, en la pared sur de la escuela, y en la esquina de Olleros y Jujuy. Y por dentro la atraviesa una canaleta que suele desbordarse, al igual que los baños, cuando llueve. Junto al canal, en las paredes blanqueadas, los políticos ponen sus nombres como candidatos para este año.
En descenso
Aunque esta es la peor zona cloacal de la capital, porque son los terrenos más bajos, allí se edificaron muchísimos barrios con el Instituto de Vivienda -varios de la CGT- pese a que no era recomendable urbanizar. A partir de la calle Matheu (a la altura de la Volanta) es mucho más pronunciado el descenso. Al final del triángulo capitalino que forman el canal Sur y la autopista (a unas 20 cuadras al sur de la escuela Griet), está la planta de tratamiento de efluentes cloacales de San Felipe, muy cerca del Mercofrut, cerca del ex vaciadero de residuos de Los Vázquez. Zona degradada, donde la gente sobrevive con pésimos servicios, congestionamiento y calles siempre llenas de barro de origen aparentemente cloacal, como la del oeste de la escuela. Varias notas de la última década dan cuenta de los malabares que hacen los vecinos para recibir invitados. Fiestas, nunca: demasiado mal olor.
Pero... la planta de San Felipe fue rehecha a nuevo e inaugurada en 2013 en videoconferencia con Cristina. La empresa que la hizo, la española Isolux (frustrada contratista del tren bala entre Rosario y Córdoba), tras haberse adjudicado la obra, pidió demoler la vieja planta construida por 26 millones de dólares en la presidencia de Carlos Menem y que rápidamente había quedado abandonada en tiempos del gobierno de Antonio Bussi, cuyos pedidos de arreglos de emergencia por fuera de contrato terminaron en un juicio y en materiales tirados. La nueva obra, que inauguró la Presidenta, está acompañada de tres nuevas grandes cañerías que avanzan hacia el sur pero que, sin embargo, no han hecho disminuir los derrames cloacales por toda esta zona baja. El gobierno dice que hay que tener paciencia. “La cañería es como un auto viejo -decía el presidente de la SAT, Alfredo Calvo, en 2010-. Podemos ponerle repuestos al auto, pero hasta que no llegue la reconversión habrá que acostumbrarse a las fallas”. La teórica reconversión ya llegó. Calvo y el gobernador José Alperovich se la pasan inaugurando pozos electorales (este mes se publicitaron uno en Villa 9 de Julio y otro en Los Pocitos), anuncian cloacas para Banda del Río Salí y Alderetes, y aunque desde hace siete años se anuncia y se espera el acueducto de Vipos, se están colocando 25.000 medidores domiciliarios en Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo; ya se hicieron obras de cloacas en Yerba Buena, se reparó la planta potabilizadora de El Cadillal, se pinchó el acueducto Cadillal-Tucumán para dar agua a Lomas de Tafí y se hizo una planta cerca de El Manantial para enviar los residuos cloacales de Yerba Buena.
Puro reclamo
Sin embargo, el auto viejo sigue roto. Estas pérdidas, por toda la ciudad (sobre todo al sur), por Yerba Buena y también por el interior (Tafí Viejo es pura queja) son el principal reclamo de vecinos a través de Whatsapp, junto con los basurales. Hace un año, la misma SAT decía que tenía 500 reclamos diarios en la capital. Adjudicaba gran parte de los problemas cloacales a cañerías viejas, saturadas por el crecimiento poblacional y el mal trato de la gente que arroja elementos indebidos a la cloaca.
Otra es la explicación del sanitarista José Domián: dice que las nuevas cañerías están más bajas que la del acceso a la planta, y que sólo llega allí el 30% del líquido. “Han tenido que seguir pinchando las cañerías cloacales para desviar hacia los canales pluviales, y estos van hacia el canal Sur”, explica. Y agrega que, en toda la zona sur, las napas y hasta el acuífero están contaminados con líquidos cloacales. Una razón es que esos canales pluviales -varios zanjones del ex Ingenio Amalia- fueron tapados pero no revestidos por dentro. El agua pasa por la tierra y va a la napa freática. Por la planta y las tres cañerías se gastaron 1.000 millones de pesos, dice Domián.
Querella por contaminación
Por la contaminación extrema de esa zona, una vecina, la ambientalista María Elba Ledesma, le hizo querella en 2009 a la SAT en la cabeza de Alfredo Calvo. El pedido de indagatoria que hizo el fiscal federal general Antonio Gómez fue rechazado por el juez federal Fernando Poviña y por la Cámara Federal de Apelaciones. Pero el pedido ha sido apelado ante la cámara nacional en Comodoro Py (Capital Federal), que sí había hecho lugar antes a la denuncia por contaminación. Para Ledesma -que es asesorada por Domián- sí se llegará a juicio, aunque cambie el gobierno. Pese a que los antecedentes en cuestiones ambientales no son muy halagüeños. La Justicia suele actuar como lo hicieron en este caso el juez y la Cámara Federal tucumanos. No obstante, se está investigando y el Banco Interamericano de Desarrollo -que aportó los fondos para estas construcciones- ha enviado una comisión investigadora.
Pero lo que esto ha puesto en el tapete es la calidad y la forma en que se hace la obra pública. ¿Puede ocurrir lo mismo que con la planta hecha en tiempos de Menem y Bussi? ¿Quién controla cómo se hacen estas tareas? El Ersept -organismo supeditado al gobernador Alperovich y que concentra Energía y Obras sanitarias- está desaparecido. Y los controles de las obras del Enhosa (ente nacional) no parecen haber existido en este caso.
El sanitarista Franklin Adler es pesimista: cree que los equipos técnicos de la SAT están capacitados, pero que esta empresa “es el peor organismo que existe en la provincia”. Esto es paradójico, dice, porque es cierto que en la última década se ha invertido mucho en agua y cloacas en el país. En Tucumán mismo han crecido las inversiones sanitarias, “lo cual ha creado un problema ambiental muy serio porque cuando hay una cañería rota de agua se avisa y se arregla; pero cuando hay problemas clacales no se puede cortar el servicio para arreglar una cañería que está mal”. Adler es muy crítico con respecto a las obras nuevas: cuenta que, por ejemplo, en Yerba Buena, “las cloacas se hicieron con empresas y con cooperativas del plan ‘Cloacas más trabajo’. Capacitaban a 16 desocupados, el estado ponía la dirección y materiales, pero el control de la SAT es malo, escaso o nulo. En Yerba Buena hay un popurrí de cooperativas y empresas constructoras. Y ambas hicieron trabajos de mala calidad. Por eso hay cañerías que a los dos meses de inauguradas comenzaron a salir por las calles. Y no alcanzan los camiones desobstructores de la SAT”, sentencia.
Pelea por la municipalización
Sobre esto se centra la polémica entre el oficialismo -defendido por el gremio sanitario- y el secretario de Gobierno de la Intendencia, Germán Alfaro, candidato del Acuerdo por el Bicentenario, que propone municipalizar los servicios. Domián comenta que hay por lo menos cinco candidatos -algunos oficialistas- que proponen lo mismo en la provincia. Adler dice que tanto el gremio como el candidato amayista “dicen verdades, pero a medias, porque la Municipalidad no tiene capacidad en absoluto. Un ejemplo es la red de desagües pluviales, que está en ámbito municipal. No se le hace saneamiento, y requiere mantenimiento y mejoramientos técnicos”. En cuanto al gremio sanitario -agrega- representa a una empresa que puede tener infraestructura y operarios pero en la que impera “la obediencia debida” antes que los criterios técnicos.
Mientras los candidatos comienzan a pelearse por quién se va a encargar de los servicios, dos problemas básicos están quedando de lado. Primero, el hecho de que, según Adler, la salida para los trabajos mal hechos es hacerlos de nuevo. “¿Qué político va a aceptar hacer esto con obras mal hechas?”. En segundo lugar, añade, se impone “la reestructuración del Estado. No puede ser un lugar de empleo y burocracia sin poner nivel de calidad en su gerenciamiento en todas partes; en la SAT, en la Dirección del Agua, en Recursos Hídricos, en Vialidad. Es un Estado que vegeta, no se adapta a los requerimientos de la modernidad, y la población crece”. En la escuela Griet, en tanto, entre el mal olor, el barro y las protestas con quema de cubiertas, los padres siguen el sano, pero resignado consejo de las autoridades: “si el niño tiene sed, que lleve a clase su propia botellita de agua mineral”.
En descenso
Aunque esta es la peor zona cloacal de la capital, porque son los terrenos más bajos, allí se edificaron muchísimos barrios con el Instituto de Vivienda -varios de la CGT- pese a que no era recomendable urbanizar. A partir de la calle Matheu (a la altura de la Volanta) es mucho más pronunciado el descenso. Al final del triángulo capitalino que forman el canal Sur y la autopista (a unas 20 cuadras al sur de la escuela Griet), está la planta de tratamiento de efluentes cloacales de San Felipe, muy cerca del Mercofrut, cerca del ex vaciadero de residuos de Los Vázquez. Zona degradada, donde la gente sobrevive con pésimos servicios, congestionamiento y calles siempre llenas de barro de origen aparentemente cloacal, como la del oeste de la escuela. Varias notas de la última década dan cuenta de los malabares que hacen los vecinos para recibir invitados. Fiestas, nunca: demasiado mal olor.
Pero... la planta de San Felipe fue rehecha a nuevo e inaugurada en 2013 en videoconferencia con Cristina. La empresa que la hizo, la española Isolux (frustrada contratista del tren bala entre Rosario y Córdoba), tras haberse adjudicado la obra, pidió demoler la vieja planta construida por 26 millones de dólares en la presidencia de Carlos Menem y que rápidamente había quedado abandonada en tiempos del gobierno de Antonio Bussi, cuyos pedidos de arreglos de emergencia por fuera de contrato terminaron en un juicio y en materiales tirados. La nueva obra, que inauguró la Presidenta, está acompañada de tres nuevas grandes cañerías que avanzan hacia el sur pero que, sin embargo, no han hecho disminuir los derrames cloacales por toda esta zona baja. El gobierno dice que hay que tener paciencia. “La cañería es como un auto viejo -decía el presidente de la SAT, Alfredo Calvo, en 2010-. Podemos ponerle repuestos al auto, pero hasta que no llegue la reconversión habrá que acostumbrarse a las fallas”. La teórica reconversión ya llegó. Calvo y el gobernador José Alperovich se la pasan inaugurando pozos electorales (este mes se publicitaron uno en Villa 9 de Julio y otro en Los Pocitos), anuncian cloacas para Banda del Río Salí y Alderetes, y aunque desde hace siete años se anuncia y se espera el acueducto de Vipos, se están colocando 25.000 medidores domiciliarios en Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo; ya se hicieron obras de cloacas en Yerba Buena, se reparó la planta potabilizadora de El Cadillal, se pinchó el acueducto Cadillal-Tucumán para dar agua a Lomas de Tafí y se hizo una planta cerca de El Manantial para enviar los residuos cloacales de Yerba Buena.
Puro reclamo
Sin embargo, el auto viejo sigue roto. Estas pérdidas, por toda la ciudad (sobre todo al sur), por Yerba Buena y también por el interior (Tafí Viejo es pura queja) son el principal reclamo de vecinos a través de Whatsapp, junto con los basurales. Hace un año, la misma SAT decía que tenía 500 reclamos diarios en la capital. Adjudicaba gran parte de los problemas cloacales a cañerías viejas, saturadas por el crecimiento poblacional y el mal trato de la gente que arroja elementos indebidos a la cloaca.
Otra es la explicación del sanitarista José Domián: dice que las nuevas cañerías están más bajas que la del acceso a la planta, y que sólo llega allí el 30% del líquido. “Han tenido que seguir pinchando las cañerías cloacales para desviar hacia los canales pluviales, y estos van hacia el canal Sur”, explica. Y agrega que, en toda la zona sur, las napas y hasta el acuífero están contaminados con líquidos cloacales. Una razón es que esos canales pluviales -varios zanjones del ex Ingenio Amalia- fueron tapados pero no revestidos por dentro. El agua pasa por la tierra y va a la napa freática. Por la planta y las tres cañerías se gastaron 1.000 millones de pesos, dice Domián.
Querella por contaminación
Por la contaminación extrema de esa zona, una vecina, la ambientalista María Elba Ledesma, le hizo querella en 2009 a la SAT en la cabeza de Alfredo Calvo. El pedido de indagatoria que hizo el fiscal federal general Antonio Gómez fue rechazado por el juez federal Fernando Poviña y por la Cámara Federal de Apelaciones. Pero el pedido ha sido apelado ante la cámara nacional en Comodoro Py (Capital Federal), que sí había hecho lugar antes a la denuncia por contaminación. Para Ledesma -que es asesorada por Domián- sí se llegará a juicio, aunque cambie el gobierno. Pese a que los antecedentes en cuestiones ambientales no son muy halagüeños. La Justicia suele actuar como lo hicieron en este caso el juez y la Cámara Federal tucumanos. No obstante, se está investigando y el Banco Interamericano de Desarrollo -que aportó los fondos para estas construcciones- ha enviado una comisión investigadora.
Pero lo que esto ha puesto en el tapete es la calidad y la forma en que se hace la obra pública. ¿Puede ocurrir lo mismo que con la planta hecha en tiempos de Menem y Bussi? ¿Quién controla cómo se hacen estas tareas? El Ersept -organismo supeditado al gobernador Alperovich y que concentra Energía y Obras sanitarias- está desaparecido. Y los controles de las obras del Enhosa (ente nacional) no parecen haber existido en este caso.
El sanitarista Franklin Adler es pesimista: cree que los equipos técnicos de la SAT están capacitados, pero que esta empresa “es el peor organismo que existe en la provincia”. Esto es paradójico, dice, porque es cierto que en la última década se ha invertido mucho en agua y cloacas en el país. En Tucumán mismo han crecido las inversiones sanitarias, “lo cual ha creado un problema ambiental muy serio porque cuando hay una cañería rota de agua se avisa y se arregla; pero cuando hay problemas clacales no se puede cortar el servicio para arreglar una cañería que está mal”. Adler es muy crítico con respecto a las obras nuevas: cuenta que, por ejemplo, en Yerba Buena, “las cloacas se hicieron con empresas y con cooperativas del plan ‘Cloacas más trabajo’. Capacitaban a 16 desocupados, el estado ponía la dirección y materiales, pero el control de la SAT es malo, escaso o nulo. En Yerba Buena hay un popurrí de cooperativas y empresas constructoras. Y ambas hicieron trabajos de mala calidad. Por eso hay cañerías que a los dos meses de inauguradas comenzaron a salir por las calles. Y no alcanzan los camiones desobstructores de la SAT”, sentencia.
Pelea por la municipalización
Sobre esto se centra la polémica entre el oficialismo -defendido por el gremio sanitario- y el secretario de Gobierno de la Intendencia, Germán Alfaro, candidato del Acuerdo por el Bicentenario, que propone municipalizar los servicios. Domián comenta que hay por lo menos cinco candidatos -algunos oficialistas- que proponen lo mismo en la provincia. Adler dice que tanto el gremio como el candidato amayista “dicen verdades, pero a medias, porque la Municipalidad no tiene capacidad en absoluto. Un ejemplo es la red de desagües pluviales, que está en ámbito municipal. No se le hace saneamiento, y requiere mantenimiento y mejoramientos técnicos”. En cuanto al gremio sanitario -agrega- representa a una empresa que puede tener infraestructura y operarios pero en la que impera “la obediencia debida” antes que los criterios técnicos.
Mientras los candidatos comienzan a pelearse por quién se va a encargar de los servicios, dos problemas básicos están quedando de lado. Primero, el hecho de que, según Adler, la salida para los trabajos mal hechos es hacerlos de nuevo. “¿Qué político va a aceptar hacer esto con obras mal hechas?”. En segundo lugar, añade, se impone “la reestructuración del Estado. No puede ser un lugar de empleo y burocracia sin poner nivel de calidad en su gerenciamiento en todas partes; en la SAT, en la Dirección del Agua, en Recursos Hídricos, en Vialidad. Es un Estado que vegeta, no se adapta a los requerimientos de la modernidad, y la población crece”. En la escuela Griet, en tanto, entre el mal olor, el barro y las protestas con quema de cubiertas, los padres siguen el sano, pero resignado consejo de las autoridades: “si el niño tiene sed, que lleve a clase su propia botellita de agua mineral”.
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