Por Gustavo Frías Silva
25 Abril 2015
Es prioritario que el mantenimiento de los niveles de inversión en infraestructura rural básica, una pieza fundamental para mantener la competitividad de la producción de Tucumán, deba ser tenido en cuenta y forme parte de las políticas permanentes del Estado Provincial. Debe constituirse siempre en una fuerte demanda de los productores y sus asociaciones, para que la premisa se cumpla. Es cierto que la Provincia cuenta con una red de caminos y rutas bien distribuidas, pero deben existir siempre planes de mejoramientos de una red terciaria indispensable para el sector productivo.
Los programas de inversión pública en obras de riego, caminos rurales, rutas troncales e infraestructura productiva, en general, deben ser sostenidos y crecientes como única garantía de que nuestras producciones generen riqueza y empleo, y las inversiones privadas agreguen valor y calidad.
Los gobiernos deben entender la urgencia de apuntalar con inversión pública las condiciones básicas de producción en nuestras economías, sobre todo ahora cuando las crecientes de los ríos desnudaron las falencias estructurales, entendiendo que esto no solo amplía las posibilidades de acceso a nuevos mercados, sino que, fundamentalmente, aumentan la generación de empleo y el arraigo de los pobladores rurales en su comunidad, y evitan la migración de productores y sus hijos de un sistema de producción a los centros urbanos.
Las obras importantes de riego sólo se realizaron a través del Prosap en Tafí del Valle y en Lules, que dieron sus frutos proyectados con grandes beneficios a los productores, que disponen de forma segura el “recurso agua”.
Las que están proyectadas en Choromoro y Trancas cambiarían el horizonte productivo del área de influencia, pero la desidia de las autoridades no permitieron sus realizaciones.
Un aspecto fundamental, después de los daños ocasionados por las lluvias de febrero y marzo, es la recuperación actual de caminos rurales primarios, secundarios y terciarios con el objetivo de superar las fuertes limitaciones al desarrollo de agroindustrias en el territorio provincial. Una de ellas, la intransitabilidad temporaria de caminos y, paralelamente, asegurar la conectividad de las unidades de producción con sus mercados y disminuir los tiempos y costos de traslado y transporte.
Hoy, la zafra azucarera, la citrícola y la cosecha de granos chocan con esta dura realidad. Lo cierto es que las millones de toneladas de materia prima para ingenios y citrícolas, y las miles de toneladas de granos, no pueden esperar que alguien decida la reparación de los caminos.
Intransitables
Surge este tema como prioritario, porque desde que ocurrieron las crecientes de ríos en la zona de producción agrícola-ganadera en el ámbito provincial, sobre todo en La Cocha y Graneros, sumados al de Santa Rosa en Catamarca, sufren las consecuencias de los daños del río San Francisco y los arroyos La Posta y El Sueño. Éstos destruyeron cultivos de granos y de caña de azúcar y caminos, y perjudicaron tanto a productores como a pobladores localizados en esa cuenca.
Se suman los restos de zonas afectadas como El Molino, Sur de Lazarte, Niogasta, Gastona, Lamadrid y otras zonas productoras afectadas. Esto no es algo nuevo, sino que se repite desde hace muchos años (estiman en más de 25 años). Los pobladores y productores pueden dar certeza de estos hechos.
Poder recorrer estos lugares hoy es imposible, ya que el tránsito por la ruta 334 que une La Cocha con Taco Ralo, y la ruta 333 que une aquella vía con las localidades de Los Mistoles y Los Altos, en Catamarca, están intransitables porque son los lechos del río.
Hoy se ve en la zona una que otra cuadrilla de operarios de Vialidad trabajando sobre el río formado en la ruta 334, que la corta transversalmente. Resta esperar que este inicio de reparación sea integral y que esa importante vía de comunicación algún día pueda ser transitada adecuadamente.
Los daños materiales por el desborde de ríos y arroyos, pero sobre todo el daño psíquico y de pertenencias que sufren los que viven y trabajan en esos lugares, son cuantiosos, y no hay excusas que se puedan dar al respeto.
Realizar obras que solucionen este problema recurrente beneficiará a la población rural, al mejorar la accesibilidad de los servicios sociales disponibles en los centros urbanos, y logrará que puedan sacar las cosechas de los campos de las inmediaciones de las trazas que se deben recuperar, tras solucionar la conducción del agua que escurre después de una lluvia fuerte en la cuenca.
La verdadera preocupación del Estado Provincial por lo productivo y lo social puede medirse por los niveles de inversión en infraestructura rural, porque esto implica una seria apuesta al mediano y largo plazo.
Mas allá de quién las inaugure, es un capital social irremplazable, claramente promotor del desarrollo rural sostenible y la mejor forma de redistribución e inclusión social.
Los programas de inversión pública en obras de riego, caminos rurales, rutas troncales e infraestructura productiva, en general, deben ser sostenidos y crecientes como única garantía de que nuestras producciones generen riqueza y empleo, y las inversiones privadas agreguen valor y calidad.
Los gobiernos deben entender la urgencia de apuntalar con inversión pública las condiciones básicas de producción en nuestras economías, sobre todo ahora cuando las crecientes de los ríos desnudaron las falencias estructurales, entendiendo que esto no solo amplía las posibilidades de acceso a nuevos mercados, sino que, fundamentalmente, aumentan la generación de empleo y el arraigo de los pobladores rurales en su comunidad, y evitan la migración de productores y sus hijos de un sistema de producción a los centros urbanos.
Las obras importantes de riego sólo se realizaron a través del Prosap en Tafí del Valle y en Lules, que dieron sus frutos proyectados con grandes beneficios a los productores, que disponen de forma segura el “recurso agua”.
Las que están proyectadas en Choromoro y Trancas cambiarían el horizonte productivo del área de influencia, pero la desidia de las autoridades no permitieron sus realizaciones.
Un aspecto fundamental, después de los daños ocasionados por las lluvias de febrero y marzo, es la recuperación actual de caminos rurales primarios, secundarios y terciarios con el objetivo de superar las fuertes limitaciones al desarrollo de agroindustrias en el territorio provincial. Una de ellas, la intransitabilidad temporaria de caminos y, paralelamente, asegurar la conectividad de las unidades de producción con sus mercados y disminuir los tiempos y costos de traslado y transporte.
Hoy, la zafra azucarera, la citrícola y la cosecha de granos chocan con esta dura realidad. Lo cierto es que las millones de toneladas de materia prima para ingenios y citrícolas, y las miles de toneladas de granos, no pueden esperar que alguien decida la reparación de los caminos.
Intransitables
Surge este tema como prioritario, porque desde que ocurrieron las crecientes de ríos en la zona de producción agrícola-ganadera en el ámbito provincial, sobre todo en La Cocha y Graneros, sumados al de Santa Rosa en Catamarca, sufren las consecuencias de los daños del río San Francisco y los arroyos La Posta y El Sueño. Éstos destruyeron cultivos de granos y de caña de azúcar y caminos, y perjudicaron tanto a productores como a pobladores localizados en esa cuenca.
Se suman los restos de zonas afectadas como El Molino, Sur de Lazarte, Niogasta, Gastona, Lamadrid y otras zonas productoras afectadas. Esto no es algo nuevo, sino que se repite desde hace muchos años (estiman en más de 25 años). Los pobladores y productores pueden dar certeza de estos hechos.
Poder recorrer estos lugares hoy es imposible, ya que el tránsito por la ruta 334 que une La Cocha con Taco Ralo, y la ruta 333 que une aquella vía con las localidades de Los Mistoles y Los Altos, en Catamarca, están intransitables porque son los lechos del río.
Hoy se ve en la zona una que otra cuadrilla de operarios de Vialidad trabajando sobre el río formado en la ruta 334, que la corta transversalmente. Resta esperar que este inicio de reparación sea integral y que esa importante vía de comunicación algún día pueda ser transitada adecuadamente.
Los daños materiales por el desborde de ríos y arroyos, pero sobre todo el daño psíquico y de pertenencias que sufren los que viven y trabajan en esos lugares, son cuantiosos, y no hay excusas que se puedan dar al respeto.
Realizar obras que solucionen este problema recurrente beneficiará a la población rural, al mejorar la accesibilidad de los servicios sociales disponibles en los centros urbanos, y logrará que puedan sacar las cosechas de los campos de las inmediaciones de las trazas que se deben recuperar, tras solucionar la conducción del agua que escurre después de una lluvia fuerte en la cuenca.
La verdadera preocupación del Estado Provincial por lo productivo y lo social puede medirse por los niveles de inversión en infraestructura rural, porque esto implica una seria apuesta al mediano y largo plazo.
Mas allá de quién las inaugure, es un capital social irremplazable, claramente promotor del desarrollo rural sostenible y la mejor forma de redistribución e inclusión social.
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