Por Roberto Delgado
24 Abril 2015
A medida que avanza el otoño, el combo dramático de tormentas y desastres empieza a ceder y la sociedad pretende normalizarse tras un verano que fue un infierno de agua. Aún sofoca a las familias del extremo sureste; las arrasadas por el aluvión de agua y lodo en Graneros y La Madrid; las aisladas después del desborde de Escaba; y las que debieron abandonar la orilla del río Muerto, que a 40 días del desastre todavía viven en una escuela, esperando ser trasladadas a El Manantial. Otras miles de personas que perdieron todo en la sucesión de lluvias y crecientes que inutilizó 12 puentes en la provincia tratan de recomponer sus vidas, con mayor o menor ayuda oficial y con el gran aporte solidario de la gente.
Quedan preguntas sin responder: ¿Por qué sucedió esto? ¿Puede repetirse? Los funcionarios han perdido credibilidad. La cantinela de José Alperovich (“estamos trabajando, dando soluciones”), que repiten sin sentido sus seguidores, no explica lo sucedido. Quien debía dar razones, el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, no será interpelado y apenas ironizó con que no se han hecho todas las obras porque se dio prioridad a otras cosas. Después, todo el ejército gubernamental se refugió en la tesis de que fueron tormentas extraordinarias. “Ni Alperovich ni yo ni nadie manejamos la naturaleza. No es culpa de nadie”, argumentó el legislador José Alberto Conte, sólo conocido por el escándalo del desmonte en Arcadia. El director de Vialidad, Raúl Basilio, dijo que habrá que planificar obras más resistentes; y el ministro de Interior, Osvaldo Jaldo, recomendó a los de afuera a no criticar desde el bar.
Pero las soluciones son coyunturales y la inacción de años sigue. Basta ver el Canal Sur, sacudido por tres desbordes desde febrero. El director del Agua, Juan Sirimaldi, dijo en febrero que se esperaba llegar a abril para licitar el arreglo de ese desagüe. Se termina abril y ahí está el canal con sus losas rotas, lleno de basura y troncos.
El agua no pasó en vano. Los expertos han dado alarmantes diagnósticos, mientras los funcionarios se esconden o bien encuentran chivos expiatorios, como la Hidroeléctrica que administra el dique de Escaba, que se derramó sobre Graneros y La Madrid el 12 de abril.
Los ingenieros Franklin Adler y José Domián, por separado, han cuestionado la costosa obra del canal del Boulevard 9 de Julio. Cuesta 176 millones de pesos y ellos aseguran que, por estar dirigido hacia el saturado canal Sur, será inservible y contribuirá a generar más inundaciones. Ellos y el ingeniero Roberto Lazarte Sfer (quien participó en el “informe Pagani” realizado por la UNT en 2012 sobre los problemas del agua en la sierra de San Javier, dicen que el sistema de desagües actual y el proyectado no siguen el recorrido natural y que los planes para cambiar esto duermen en la Dirección del Agua. De acuerdo a sus opiniones, no se entiende por qué se aprobó la obra del canal del boulevard, que el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, defiende como fundamental de su gestión.
Toledo primero acusó a la UNT de autorizar 15 canteras para extracción de áridos del río Muerto y el arroyo Las Cañas. Fue desmentido. “El municipio de Yerba Buena es el único que está trabajando en el Río Muerto, a pesar de la prohibición”, le respondieron el secretario de Extensión, Gustavo Adolfo Vitulli, y los directores del parque Sierra de San Javier, Rubén de la Orden y Manuel Imbert. En 2011, la UNT revocó todos los permisos de paso por la jurisdicción de camiones que retiraban áridos de los cauces de ríos del área protegida. Y desde 2012 una resolución de Minería de la provincia prohíbe canteras.
No obstante, Yerba Buena ha seguido usando esos áridos. Toledo mismo se enorgullece de haber pavimentado 1.700 cuadras (y promete 100 más), pero no hizo desagües. “En ninguna ciudad sensata se pavimenta antes de hacer los desagües. Lo que están haciendo es un crimen ecológico”, dijo Domián. Y añadió: “han destruido todo el piedemonte, desde Villa Carmela hasta el country Los Azahares”. Para defenderse, el intendente explicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo es el que autoriza permisos de construcción en el piedemonte; pero no aclara cómo es posible que, teniendo Yerba Buena un Código de Planeamiento que establece claramente zonas amarillas y rojas para evitar el desenfreno de la construcción, se hayan invadido las laderas del cerro, como señala Domián.
El ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, se ha quedado callado, pese a que los expertos de la UNT dijeron que su Ministerio firmó hace años un acuerdo para proteger las yungas. Por su parte, el ex decano de Ciencias Exactas, Sergio Pagani, recuerda que hace 10 años se hizo un plan director sobre el viejo arroyo El Manantial -que permitiría ordenar los desagües naturales de Yerba Buena- y no sabe por qué no se llevó a cabo.
Cierto es que todo el sector que abarca la franja entre la vieja ruta 38 y el pedemonte es el más apetecido para urbanizar, cultivar caña y arándano, como lo ha destacado el director de Flora y Fauna, Juan Manuel Villa, quien niega que haya habido desmontes. A pesar de que un ex director de Medio Ambiente, Juan González, ha expuesto un informe que señala que el desmonte ha sido feroz.
Yerba Buena, descalabrada por la tormenta del 7 de marzo, es un “leading case” del problema del crecimiento con altísimo riesgo ambiental. El Concejo de esa ciudad y la Legislatura provincial deberían estar discutiendo qué va a pasar y haciéndoles preguntas a Toledo y al gobierno provincial. Domián dice que, con el ritmo de urbanización que se extiende hacia el pie del cerro, “algún día se va a derrumbar El Corte”. Adler pronostica que el canal del boulevard tendrá “frecuente colapso hidrológico”.
Estas palabras están más allá de las simples opiniones de café que cuestiona Jaldo. Suenan como advertencias serias sobre una realidad desbordada tras una década de sequía en la que llovió el dinero para los funcionarios y que, con leyes permisivas, priorizaron las “soluciones” vistosas y de coyuntura mientras se iba colonizando y depredando la zona amarilla y hasta la zona roja de las yungas. Desde Yerba Buena hasta Alberdi. “No podemos congelar el crecimiento. Pero siempre hay que procurar que ocurra bajo normas y no a través de excepciones”, dice el arquitecto Julio Middagh. ¿Quién se hará cargo del problema en las próximas tormentas? Los funcionarios, protegidos por normas laxas y débiles órganos de control, no reconocen responsabilidades y sólo se someten al juicio de Dios, con lo que quiebran el contrato social y dejan a la comunidad librada a su suerte, que nunca fue mucha.
Quedan preguntas sin responder: ¿Por qué sucedió esto? ¿Puede repetirse? Los funcionarios han perdido credibilidad. La cantinela de José Alperovich (“estamos trabajando, dando soluciones”), que repiten sin sentido sus seguidores, no explica lo sucedido. Quien debía dar razones, el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, no será interpelado y apenas ironizó con que no se han hecho todas las obras porque se dio prioridad a otras cosas. Después, todo el ejército gubernamental se refugió en la tesis de que fueron tormentas extraordinarias. “Ni Alperovich ni yo ni nadie manejamos la naturaleza. No es culpa de nadie”, argumentó el legislador José Alberto Conte, sólo conocido por el escándalo del desmonte en Arcadia. El director de Vialidad, Raúl Basilio, dijo que habrá que planificar obras más resistentes; y el ministro de Interior, Osvaldo Jaldo, recomendó a los de afuera a no criticar desde el bar.
Pero las soluciones son coyunturales y la inacción de años sigue. Basta ver el Canal Sur, sacudido por tres desbordes desde febrero. El director del Agua, Juan Sirimaldi, dijo en febrero que se esperaba llegar a abril para licitar el arreglo de ese desagüe. Se termina abril y ahí está el canal con sus losas rotas, lleno de basura y troncos.
El agua no pasó en vano. Los expertos han dado alarmantes diagnósticos, mientras los funcionarios se esconden o bien encuentran chivos expiatorios, como la Hidroeléctrica que administra el dique de Escaba, que se derramó sobre Graneros y La Madrid el 12 de abril.
Los ingenieros Franklin Adler y José Domián, por separado, han cuestionado la costosa obra del canal del Boulevard 9 de Julio. Cuesta 176 millones de pesos y ellos aseguran que, por estar dirigido hacia el saturado canal Sur, será inservible y contribuirá a generar más inundaciones. Ellos y el ingeniero Roberto Lazarte Sfer (quien participó en el “informe Pagani” realizado por la UNT en 2012 sobre los problemas del agua en la sierra de San Javier, dicen que el sistema de desagües actual y el proyectado no siguen el recorrido natural y que los planes para cambiar esto duermen en la Dirección del Agua. De acuerdo a sus opiniones, no se entiende por qué se aprobó la obra del canal del boulevard, que el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, defiende como fundamental de su gestión.
Toledo primero acusó a la UNT de autorizar 15 canteras para extracción de áridos del río Muerto y el arroyo Las Cañas. Fue desmentido. “El municipio de Yerba Buena es el único que está trabajando en el Río Muerto, a pesar de la prohibición”, le respondieron el secretario de Extensión, Gustavo Adolfo Vitulli, y los directores del parque Sierra de San Javier, Rubén de la Orden y Manuel Imbert. En 2011, la UNT revocó todos los permisos de paso por la jurisdicción de camiones que retiraban áridos de los cauces de ríos del área protegida. Y desde 2012 una resolución de Minería de la provincia prohíbe canteras.
No obstante, Yerba Buena ha seguido usando esos áridos. Toledo mismo se enorgullece de haber pavimentado 1.700 cuadras (y promete 100 más), pero no hizo desagües. “En ninguna ciudad sensata se pavimenta antes de hacer los desagües. Lo que están haciendo es un crimen ecológico”, dijo Domián. Y añadió: “han destruido todo el piedemonte, desde Villa Carmela hasta el country Los Azahares”. Para defenderse, el intendente explicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo es el que autoriza permisos de construcción en el piedemonte; pero no aclara cómo es posible que, teniendo Yerba Buena un Código de Planeamiento que establece claramente zonas amarillas y rojas para evitar el desenfreno de la construcción, se hayan invadido las laderas del cerro, como señala Domián.
El ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, se ha quedado callado, pese a que los expertos de la UNT dijeron que su Ministerio firmó hace años un acuerdo para proteger las yungas. Por su parte, el ex decano de Ciencias Exactas, Sergio Pagani, recuerda que hace 10 años se hizo un plan director sobre el viejo arroyo El Manantial -que permitiría ordenar los desagües naturales de Yerba Buena- y no sabe por qué no se llevó a cabo.
Cierto es que todo el sector que abarca la franja entre la vieja ruta 38 y el pedemonte es el más apetecido para urbanizar, cultivar caña y arándano, como lo ha destacado el director de Flora y Fauna, Juan Manuel Villa, quien niega que haya habido desmontes. A pesar de que un ex director de Medio Ambiente, Juan González, ha expuesto un informe que señala que el desmonte ha sido feroz.
Yerba Buena, descalabrada por la tormenta del 7 de marzo, es un “leading case” del problema del crecimiento con altísimo riesgo ambiental. El Concejo de esa ciudad y la Legislatura provincial deberían estar discutiendo qué va a pasar y haciéndoles preguntas a Toledo y al gobierno provincial. Domián dice que, con el ritmo de urbanización que se extiende hacia el pie del cerro, “algún día se va a derrumbar El Corte”. Adler pronostica que el canal del boulevard tendrá “frecuente colapso hidrológico”.
Estas palabras están más allá de las simples opiniones de café que cuestiona Jaldo. Suenan como advertencias serias sobre una realidad desbordada tras una década de sequía en la que llovió el dinero para los funcionarios y que, con leyes permisivas, priorizaron las “soluciones” vistosas y de coyuntura mientras se iba colonizando y depredando la zona amarilla y hasta la zona roja de las yungas. Desde Yerba Buena hasta Alberdi. “No podemos congelar el crecimiento. Pero siempre hay que procurar que ocurra bajo normas y no a través de excepciones”, dice el arquitecto Julio Middagh. ¿Quién se hará cargo del problema en las próximas tormentas? Los funcionarios, protegidos por normas laxas y débiles órganos de control, no reconocen responsabilidades y sólo se someten al juicio de Dios, con lo que quiebran el contrato social y dejan a la comunidad librada a su suerte, que nunca fue mucha.
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